Nominación de nueva Contralora

El lunes pasado, Dorothy Pérez fue ratificada como nueva Contralora General de la República en reemplazo de Jorge Bermúdez, quien desempeñó el cargo por ocho años, hasta diciembre de 2023. Con ello se pone fin a casi once meses de subrogancia en una institución clave para el buen funcionamiento de la administración pública. El nombre de Pérez, que había sido propuesto por el Presidente de la República hace poco más de un mes, logró un amplio consenso en el Senado, obteniendo 49 votos a favor, dos abstenciones y sólo un voto en contra de los miembros presentes de la Cámara Alta. Una señal positiva que da cuenta de un reconocimiento transversal de las capacidades de la nueva contralora, quien además se convierte en la primera mujer en desempeñar el cargo.

La nueva titular de la institución es, además, una persona con una larga experiencia en la Contraloría, a la que ingresó a inicios de la primera década del siglo. Durante estos más de veinte años ha sido contralora regional de Valparaíso y subjefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría, antes de asumir en 2016 como subcontralora general de la República, cargo que ocupó por poco más de siete años, hasta que se convirtió en contralora subrogante tras el fin del periodo de Jorge Bermúdez. Más allá de las tensiones mantenidas con el excontralor, que la mantuvieron alejada de su cargo durante algunos meses, es positivo que la nueva titular sea una persona que provenga del interior de la institución y cuente con un amplio conocimiento técnico, reconocido en forma transversal.

Durante sus casi once meses de subrogancia, además, ha mostrado especial interés por abordar la corrupción en la administración pública, un punto en el que insistió en sus primeras declaraciones como contralora titular. En ese proceso ha dado positivas muestras de autonomía, lo que es clave para desempeñarse correctamente en el cargo. Ejemplo de ella fue su decisión de llevar adelante una revisión nacional sobre la situación de los municipios, ordenando auditorías en un año donde además se debían elegir a las autoridades locales. Esto permitió detectar irregularidades en varias comunas, entre ellas Algarrobo, Peñaflor y Mariquina, por nombrar sólo algunas. En julio, además, entregó un informe sobre irregularidades en el sistema de control de armas a cargo de la DGMN.

Más allá de lo anterior y de la importancia que la nueva contralora mantenga la autonomía y rigurosidad mostrada hasta ahora, el dilatado periodo de subrogancia volvió a dejar en evidencia la injustificada demora en la designación de cargos en diversas instituciones del Estado. No es aceptable que puestos relevantes para el funcionamiento institucional del país estén tanto tiempo sin sus titulares. Situaciones que deberían ser excepcionales, en el último tiempo parecen haberse ido normalizando. En algunos casos se explican por simple falta de diligencia en los nombramientos y, en otros, por el uso de estos para transacciones políticas, una práctica que debería ser erradicada en especial en el caso de cargos donde priman las capacidades técnicas y no las afinidades partidarias.