Penas ejemplarizantes

Por Yanira Zúñiga, profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Unversidad Austral de Chile.

“Hoy día hago un llamado a la justicia, necesitamos que se den penas ejemplarizantes”. Así reaccionaba la ministra Zalaquett ante la reciente información sobre el asesinato de Fernanda Maciel. Las últimas diligencias en este caso apuntan a que la joven fue violada y enterrada viva por su agresor.

La revelación de los detalles de la muerte de Fernanda Maciel ha causado, naturalmente, dolor e indignación entre sus familiares y cercanos. Cuando observamos impotentes que niñas y mujeres son asesinadas por sus familiares, novios, maridos y amigos (como ocurrió con Fernanda) es probable que nos sumemos a esa ira. Las iras encarnan la idea de una gran injusticia dirigida respecto de alguien o algo que nos preocupa profundamente. Pero, la obligación estatal de combatir la violencia de género no consiste en apaciguar esas iras, sino en prevenir las causas y reparar los efectos de la violencia. No hay duda de que la violencia cruenta padecida por Fernanda Maciel debe ser adecuadamente ponderada al momento de establecer una sanción para su agresor. Sin embargo, el recrudecimiento del castigo -las penas ejemplarizantes- no son una suerte de remedio mágico que deshaga el daño o restablezca el equilibrio quebrado por la violencia. Las penas ejemplarizantes no extinguen las violaciones, maltratos y asesinatos que sufren las mujeres, ni reparan los estragos que éstos dejan.

Al focalizarse en el castigo penal, la dimensión estructural de la violencia se diluye y es sustituida por una convergencia trágica de las biografías de la víctima (¿acaso no vimos cómo los medios de comunicación escarbaron en la vida y hábitos de Fernanda?) y del victimario. Es obvio que los agresores no son simples títeres movidos por las fuerzas sociales. Pero -como observa J. Butler- al tomar sus actos como el punto de partida y de llegada del fenómeno de la violencia, eludimos interrogarnos sobre qué tipo de mundo les “da forma” a tales sujetos; nos contentamos con pensar que son seres patológicos o malvados y omitimos el rol de las estructuras sociales en la desprotección de las víctimas. Las preguntas formuladas por la familia de Fernanda (¿Por qué no se realizaron ciertos peritajes?, ¿por qué se “culpabilizó” a la víctima?) quedan también sin respuesta.

La violencia que sufren las mujeres de parte de los hombres se entreteje con un sistema que degrada y somete a control lo femenino, de modo que la asociación entre masculinidad y violencia no es casual ni anecdótica, sino un producto social. Para evitar que niñas y mujeres atraviesen por dolorosas experiencias de violencia que, a menudo, enlutan a sus familias y comunidades; para impedir que el clamor por la igualdad de género se pierda y desvanezca en los vericuetos de los caminos punitivistas, más que castigos ejemplarizantes necesitamos políticas públicas efectivas.