Proyectos para postergar pago de créditos

En el Congreso se discuten diversas iniciativas que buscan aliviar la carga de las familias para enfrentar la crisis económica. De hecho se acaba de aprobar -a pesar de los cuestionamientos por una eventual inconstitucionalidad- el proyecto que impide el corte de los servicios básicos durante tres meses una vez promulgado.

En esta misma línea, han seguido avanzando su discusión legislativa varias mociones parlamentarias que buscan forzar a que el mercado financiero aplique una suspensión del pago de seis cuotas a distintos tipos de créditos. En la Cámara de Diputados se tuvo que fusionar en un proyecto el texto de seis iniciativas que perseguían este objetivo, mientras en el Senado otra iniciativa de similares características para los créditos hipotecarios y de consumo -impulsada por un grupo transversal de senadores- sigue vigente.

El proyecto que registra mayor nivel de avance es el de la Cámara, el cual tuvo perfeccionamientos importantes en su paso por la comisión de Economía. Durante la discusión, el presidente del Banco Central alertó sobre la posibilidad que estas iniciativas estuvieran beneficiando mayoritariamente a deudores que no lo necesitan, mientras la Comisión del Mercado Financiero advirtió que el impacto que traería para la banca el proyecto que obliga a suspender de forma masiva el cobro de deudas alcanzaría los US$ 5.600 millones de menores ingresos anuales.

Con estos antecedentes, los diputados de la comisión de Economía aprobaron un texto que limita la masividad inicial circunscribiendo el beneficio de la postergación a quienes accedan al Ingreso Familiar de Emergencia, estén recibiendo seguro de desempleo o para las micro, pequeñas y medianas empresas cuyos ingresos anuales por ventas no excedan las 75.000 Unidades de Fomento. Además, la regulación solo aplicará a instituciones con acceso a la facilidad de liquidez con incentivo al crédito entregada por el Banco Central.

Pese a los avances positivos en la discusión de esta iniciativa en particular, es indispensable que los alcances del proyecto sean cuidadosamente analizados, pues no se han eliminado algunos de sus principales riesgos. Uno de los más evidentes es que si una empresa acogida a la postergación quiebra una vez que termine el plazo, la entidad financiera habrá perdido la oportunidad para haber cobrado dicho crédito; también podría haber un riesgo de liquidez importante si se da el caso que algunas entidades estén crediticiamente más enfocados en empresas y personas que podrían dejar de pagar por un período extenso.

Sin duda que el sector financiero debe ser proactivo para ofrecer soluciones acordes a la dimensión de la crisis que experimenta el país. De hecho, en forma voluntaria, varias instituciones bancarias y no bancarias han ofrecido reprogramaciones -incluso algunas sin costos financieros- a sus clientes. Pero establecer por ley una moratoria forzosa, sin que sus efectos hayan sido bien ponderados en la discusión legislativa, podría generar efectos financieros en los bancos por la vía de reducir sus ingresos y afectar su capacidad para mantener el flujo de crédito.