Reforma al sistema político: ¿esta vez sí?

La incapacidad de la clase política para ofrecer soluciones a problemas urgentes como la seguridad, la salud y las pensiones evidencia la necesidad de un sistema político capaz de construir acuerdos efectivos. Enfrentar el deterioro de la gobernabilidad y recuperar la confianza es un desafío ineludible para demostrar que la política puede resolver las demandas de la ciudadanía. En este contexto, el proyecto de reforma constitucional presentado por un grupo transversal de parlamentarios (PS, PPD, UDI, Evópoli y RN) se plantea como una respuesta concreta para abordar estas deficiencias estructurales y fortalecer la democracia chilena.

Uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro país es el de un sistema de partidos altamente fraccionado, que limita la capacidad de negociación y diálogo entre las distintas agrupaciones políticas. De acuerdo al Servel, actualmente existen 22 partidos constituidos y otros cuatro en proceso de formación, que podrían sumarse a la próxima competencia electoral. Este panorama refleja un sistema electoral que no promueve la gobernabilidad, sumado a partidos debilitados por su falta de disciplina interna, vínculos frágiles con la sociedad civil y una ausencia de anclaje programático.

La confianza en la política chilena está en su punto más bajo. Según la Encuesta CEP, solo el 4% de los ciudadanos confía en los partidos políticos y apenas un 8% en el Congreso, cifras que se mantienen estancadas desde los mínimos históricos registrados en 2019. Este desgaste institucional ha ampliado la desconexión entre los ciudadanos y sus representantes, erosionando la legitimidad del sistema político y complicando aún más la implementación de soluciones efectivas.

Si bien la propuesta ofrece un punto de partida importante, ello no obsta para que en algún momento haya que sentarse a revisar a fondo el sistema electoral, de modo de pensar en fórmulas que se hagan cargo de una manera más global de la creciente preocupación que conlleva la fragmentación y su impacto en la gobernabilidad. Al revisar la propuesta de los parlamentarios, se observa que entre sus principales medidas destaca el fortalecimiento de la probidad y la disciplina partidaria mediante la pérdida de los escaños para parlamentarios que abandonen su partido o el comité que respaldó su candidatura. Además, establece un umbral mínimo del 5% de los votos válidos para acceder a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados, con el objetivo de reducir la fragmentación y promover coaliciones más estables.

Este debate no es nuevo; de hecho, en espacios como la Comisión Experta y el Congreso anteriormente se han planteado propuestas que comparten un objetivo claro: diseñar un sistema que promueva mayor estabilidad y facilite la construcción de acuerdos. Sin embargo, estos esfuerzos han sido relegados o enfrentado retrasos, en gran parte debido a la falta de voluntad política para avanzar en los cambios estructurales que el país demanda con urgencia.

Desde luego, ha sido evidente la resistencia de los partidos “chicos” por allanarse a una reforma que apunte a una racionalización en el número de colectividades. Esta semana dichas argumentaciones han reflotado con fuerza, como por ejemplo pretendiendo instalar la idea de que la democracia pierde diversidad con menos partidos y que detrás de esto hay intentos encubiertos por volver a una suerte de sistema “binominal”, con la hegemonía de los partidos tradicionales, sin reparar que estos -tal como se vio en los recientes comicios comunales y regionales- son los que han logrado congregar la mayor adhesión ciudadana. Ciertamente para la estabilidad de nuestra democracia resulta más sana la existencia de partidos más fuertes y que agrupen a corrientes que comparten idearios similares, justamente a lo que apunta la reforma planteada.

Se habría esperado que una iniciativa de esta naturaleza la hubiese encabezado el propio gobierno, considerando que el Presidente Boric había mandatado -en el marco de su última cuenta pública- al ministro de la Segpres para ir tejiendo acuerdos con los distintos partidos, tarea que claramente no se ha logrado cumplir, lo cual también revela incapacidades del Ejecutivo para tender puentes con distintos sectores políticos y abre incógnitas sobre cuán rápido se podrían alcanzar los consensos que estos cambios requieren.

Como advirtió la ministra del Interior hace algunos meses, estamos ante una ventana única entre ciclos electorales para lograr acuerdos. Queda por ver si fue solo una mera advertencia o si La Moneda actuará esta vez con convicción para unir al oficialismo y avanzar en la reforma que se ha presentado. Ignorar nuevamente esta oportunidad no solo sería un error, sino que perpetuaría los problemas de fragmentación y desconfianza que debilitan nuestra democracia.

El momento de actuar es ahora. Retrasar esta discusión significaría esperar a lo menos otros cuatro años para empezar a ver sus efectos, prolongando un escenario de incertidumbre que aleja aún más a los ciudadanos de sus representantes. Aunque los desafíos son complejos y van más allá de esta reforma, estas medidas representan un paso crucial para reconstruir la gobernabilidad y recuperar la confianza ciudadana. Cabe recordar que la reforma constitucional de 2005 también surgió de la iniciativa de senadores de la Comisión de Constitución del Senado, reafirmando una tradición en la que importantes reformas comienzan su tramitación en esta instancia.

Veremos si los partidos esta vez logran estar a la altura de las circunstancias y son capaces de sobreponerse a sus propios intereses, pues resultaría inexplicable que se desaprovechara esta oportunidad histórica para reparar nuestro dañado sistema político.