Una estrategia que ha desbordado todos los límites
La estrategia que el abogado Juan Pablo Hermosilla ha desplegado en la defensa de su hermano Luis ha caído en una suerte de extorsión y la desacreditación de instituciones. Es lamentable que políticos y parte de los medios de comunicación se presten para este juego.
El llamado caso Audio volvió a la primera plana luego de que el abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, diera a conocer un listado de abogados y jueces que mantuvieron chats con su defendido, con lo que pretendía demostrar la supuesta manipulación del caso, pues con ello se comprobaría que hubo una deliberada selección de chats para ser filtrados -lo que él ha denominado como “cherry picking”- con el fin de perjudicar a su defendido. Pese a la expectación, no hubo grandes revelaciones. Sorprendentemente, Hermosilla aclaró que a su entender “no son conductas que yo estime que son delitos ni nada, ni siquiera ilícitas. Aquí es fundamental entender, por ejemplo, que Luis tenía una activa vida judicial”, en tanto que la razón para mencionar genéricamente los casos era con el fin de dar la oportunidad a los aludidos para que ellos mismos transparenten el contenido de dichas conversaciones; de lo contrario, en poco tiempo más él lo podría revelar.
Desde que Luis Hermosilla entró a cumplir prisión preventiva -como presunto autor de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios-, su abogado defensor ha desplegado una mediática estrategia, permitiéndose lanzar veladas amenazas sobre fiscales, jueces e incluso ministros de Estado, dando a entender que si se conociera todo el detalle de los chats habría personeros altamente comprometidos. Juan Pablo Hermosilla ha reclamado por lo que considera una manipulación del caso judicial que afecta a su hermano, insinuando que la Fiscalía filtró selectivamente conversaciones que estaban bajo reserva, al ser parte de la carpeta de investigación. También ha denunciado que distintos organismos públicos han incurrido en delitos, como es el hecho de no haber denunciado las filtraciones.
En esta primera etapa, Hermosilla optó por dar a conocer todo lo que fuera de “interés público” relacionado con el sistema de justicia. De sus propias palabras salta a la vista una manifiesta contradicción en la estrategia, pues no se entiende cuál puede ser el interés público de conductas que él mismo estima que ni siquiera son ilícitas. Con ello se ha desnudado la verdadera naturaleza de la estrategia que persigue Hermosilla, pues pese a no aportar ningún antecedente comprometedor consiguió sin embargo el efecto de seguir enlodando nombres e instituciones y con ello desviar el foco de los graves delitos que se imputan a Luis Hermosilla, todo ello potenciado gracias al irresponsable eco que esta deplorable estrategia ha encontrado en algunos políticos y también en parte de los medios de comunicación, que al actuar como meras cajas de resonancia de supuestas denuncias y presentarlas como hechos de interés público solo consiguen hacerle el juego a la defensa y con ello desatar una caza de brujas. En tal sentido, resulta un triste espectáculo que tanto parlamentarios oficialistas como de oposición estén buscando obtener réditos impulsando ofensivas para destituir a determinados fiscales simplemente basados en las conjeturas de Hermosilla, sin el más mínimo examen crítico.
Aun cuando en estas mismas páginas se ha hecho ver lo irregular que resulta el hecho de que detalles de la vida íntima de Luis Hermosilla se hayan filtrado, así como conversaciones privadas que nada tienen que ver con el caso -donde ciertamente cabe una responsabilidad al Ministerio Público-, la estrategia desplegada por Hermosilla ha sobrepasado todos los límites, para caer en amenazas indisimuladas, desacreditación de instituciones y una manipulación que excede por completo una razonable defensa jurídica.
Hermosilla ha intentado instalar la idea de que selectivamente se escogieron chats que perjudican a su defendido; pero pasa por alto que parte de los chats que se filtraron a la prensa sí permitieron dejar al descubierto situaciones abiertamente irregulares o potencialmente delictivas, como la indebida relación que Luis Hermosilla tenía con Sergio Muñoz, el destituido director de la PDI, o con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, o los vínculos del fiscal Carlos Palma con Hermosilla, o de este con el exfiscal Manuel Guerra. De modo que contrario a lo que el defensor pretende argumentar, parte del “cherry picking” que denuncia como falta grave después de todo sí tenía fundamento, a diferencia de la burda maniobra que él pretende llevar a cabo.
El Colegio de Abogados ha abierto una investigación para establecer si la forma como Hermosilla ha entregado este listado vulnera el código de ética. Se esperaría que esta vez sí entregue un pronunciamiento contundente respecto de Hermosilla, considerando que dicho abogado es reconocido por “litigar a través de la prensa” -justamente lo que el código de ética busca impedir- y que a lo menos en tres oportunidades ha sido objeto de denuncias ante el Colegio de Abogados por la forma en que públicamente ha tratado casos en que él interviene -entre ellos, uno que involucró a la revista Qué Pasa (la cual es parte de Copesa, que edita La Tercera) y la expresidenta Bachelet, donde Hermosilla fue el abogado de la Mandataria- sin que haya recibido sanciones por parte del tribunal ético.
Es previsible que al dejar pasar estas situaciones el Colegio haya contribuido a empoderar a Hermosilla en el uso de estas prácticas matonescas. La necesidad de detener actuaciones de este tipo resulta aún más urgente cuando el propio Juan Pablo Hermosilla está anticipando que podría incurrir en un posible delito, cuando señala que si los aludidos no revelan el contenido de sus conversaciones con Luis, entonces él se reserva el derecho de hacerlo. Con ello podría haber una posible transgresión a la inviolabilidad de comunicaciones en el ámbito privado, ante lo cual resultaría aún más inconcebible que políticos y medios se presten para su amplificación.
