Veto del Ejecutivo a proyecto de servicios básicos

Uno de los proyectos de ley surgidos a propósto de la emergencia sanitaria es aquel que prohíbe el corte de servicios básicos ante no pago. Pese a que el gobierno a fines de marzo, había llegado a un acuerdo con las empresas para garantizar que a ninguna familia se le cortara el suministro de servicios básicos de electricidad y agua potable -que luego se sumó el gas domiciliario- durante la pandemia y, además, permitir postergar los pagos en doce cuotas sin cobro de intereses, el Congreso terminó imponiendo una iniciativa que recogía elementos similares al acuerdo y que además sumaba al sector de telecomunicaciones, que también en forma voluntaria había entregado beneficios a sus clientes más afectados. La principal diferencia es que ya no se trataba de un acuerdo voluntario, sino de una obligatoriedad legal.

El proyecto fue más allá. Al sector telecomunicaciones le mandata ofrecer en forma gratuita durante tres meses el acceso al usuario a prestaciones de servicios que permitan mantener conectividad telefónica y de servicios de transmisión de datos permanente. Además, en el artículo 8 de la iniciativa legal se establece que “los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley en ningún caso serán traspasados a los clientes finales”, evitando incorporarlos en los procesos de tarificación futuros.

El Ejecutivo decidió presentar un veto al proyecto, con el que busca eliminar el artículo que incluía a los usuarios del sector de telecomunicaciones y también el numeral que impide el traspaso de los costos de esta iniciativa a los clientes finales. Además, con la propuesta del gobierno se busca poner límites al consumo de agua potable a los clientes que sean beneficiados por el texto legal.

Aunque la decisión del Ejecutivo de presentar un veto parcial encuentra fundamento, esta acción llega tarde -es inexplicable que se haya esperado hasta último momento para presentarla- y no corrige los problemas más de fondo que supone el que acuerdos voluntarios hayan terminado siendo impuestos por la vía de una ley, desentendiéndose de sus efectos económicos y del precedente que sienta en cuanto a la inestabilidad jurídica.

En un período de emergencia como el actual, es un hecho que a todas las empresas que proveen de servicios básicos les interesa conservar al máximo sus clientes, y de allí que se allanaran a buscar soluciones voluntarias con el gobierno. Pero ello naturalmente no está exento de costos importantes; de allí que lo ideal habría sido que la autoridad hubiese negociado más exhaustivamente con todas ellas las condiciones en que se ofrecerían dichos beneficios, incluso proporcionando líneas de liquidez si fuese necesario, sin necesidad de llegar a una ley. Cabría haber esperado que esa fuera la postura que el Ejecutivo sostuviera hasta el final.

Siendo fundamental que existan programas de ayuda para aquellos segmentos que por falta de ingresos no puedan pagar, la fórmula a la que finalmente se ha llegado en el Congreso -y que el veto no logrará reparar- abre interrogantes sobre la solvencia del marco que el país brinda para el desarrollo de las inversiones.