Vivienda y esperanza en el Estado

Por Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD

Una de las ideas más ambiciosas del programa de gobierno de Gabriel Boric es desarrollar 65.000 viviendas públicas al año, para reducir el déficit habitacional en un 40% terminados sus cuatro años de gobierno. Desde el 27F, cuando Piñera se comprometió a reconstruir y reparar 220 mil viviendas en cuatro años que un Presidente no se jugaba con cifras y plazos concretos; los que desde ahora serán la vara con que se medirá su gestión.

Muchos dirán que esta meta es otra expectativa sobredimensionada que el presidente electo compromete sin contar con el financiamiento. Pero en este caso la urgencia de la crisis de acceso a la vivienda amerita una acción decidida del estado.

Para ello, Boric plantea la creación de un Banco de Suelos y Propiedades Públicas con Interés Social. Que ponga a disposición terrenos bien ubicados en las ciudades y que están en manos de otros ministerios, FF.AA., instituciones y empresas del Estado. Esta medida, junto a la creación de corporaciones regionales de Vivienda y Territorio, y una Empresa Pública Autónoma de Industrialización de Vivienda Sustentable, apuntan a generar el músculo para cumplir con las expectativas. La principal duda es si lograrán instalar capacidades y alcanzar la necesaria eficiencia en la implementación en tan poco tiempo sin sumar al sector privado.

La buena noticia es que parte de la pega está hecha. El jueves pasado, el Presidente Piñera junto a los ministros del Minvu y Bienes Nacionales, presentó el programa “Compromiso Vivienda”, resultado de dos años de gestiones para articular un banco de suelos públicos que ya suma 273 terrenos, en su mayoría fiscales, y cerca de la mitad gestionados en compras desde los Serviu, que fueron trabajados con comités históricos, con la demanda ya organizada y que esperaban por años un terreno. Esto permitirá que cerca de 50 mil familias puedan iniciar las obras de sus viviendas el próximo año, en comunas tan diversas y escasas de suelo como Lo Barnechea o Antofagasta; y si se logra que las FF.AA. traspasen sus terrenos, el número podría aumentar a 100 mil familias.

Respecto al financiamiento, dado que el Minvu tendría más suelo que subsidios, gracias al apoyo de senadores como Carlos Montes se logró aumentar el programa del DS49 para el 2022 desde 23.000 soluciones a 50.000 soluciones en un solo año. Esto en la práctica iguala la propuesta del programa de Boric, dado que el DS49, más los cupos del DS19 para sectores vulnerables ya superan las 60 mil unidades, sin comprometer la libertad del próximo gobierno de administrar la cartera, ya que muchas de estas compras se hicieron asociadas a los presupuestos 2021 y 2020.

El actual gobierno buscó fortalecer y controlar el uso de los recursos destinados a terrenos en la ley de integración, por lo que urge que ésta se apruebe y no sea solamente una glosa. En este sentido será clave fortalecer la institucionalidad de este banco de suelos, y celebramos que el nuevo presidente así lo haya señalado. En el mediano plazo, también debemos traspasar la ejecución de la gestión de suelo a los gobiernos regionales ya que no tiene sentido enfrentar un tema tan disperso territorialmente desde el nivel central.

Es una extraordinaria noticia que al fin el Estado este avanzando en gestión de suelo. En momentos en que los gestos republicanos alimentan las expectativas, debemos reconocer esta política de Estado como un signo de esperanza.