Abbott dice que defenderá autonomía de fiscales ante reforma del gobierno

Durante el bloque final del Consejo de Fiscales Regionales que culminó ayer en Santiago, varios persecutores pusieron en debate sus inquietudes frente a la intención del gobierno de realizar cambios a la forma en que opera en la actualidad el Ministerio Público.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha detallado en algunas entrevistas y ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados avances en la propuesta que está trabajando el Ejecutivo, como normar las solicitudes de prisión preventiva y generar instancias para que exista un ente externo que fiscalice las finanzas de la fiscalía.

Según testigos del debate que se generó ayer en dependencias de la Fiscalía Nacional, se exteriorizó una preocupación especial respecto de uno de los cambios que también incluiría el proyecto del gobierno: la opción de que se pueda acusar constitucionalmente a los fiscales regionales y al propio Fiscal Nacional.

Las mismas fuentes relatan que en el encuentro el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, garantizó a los fiscales que, de ocurrir una ofensiva legislativa en torno a ese punto o cualquiera que afecte la independencia de la fiscalía, se implementará un plan de acción para defender la autonomía de la institución.

Expresó también que compartía las preocupaciones de los fiscales y que una postura inicial será no restarse de las conversaciones con el Ejecutivo sobre los cambios que se quieren explorar.

"Siempre hay que ser parte de las discusiones y nunca aislarse", aseguran que fue parte del mensaje transmitido por Abbott. También dicen que reforzó la idea de que se va a pelear "con firmeza" la autonomía del Ministerio Público.

Si bien no se fijó una postura común ni articulada frente a la posibilidad de que el gobierno emprenda una ofensiva legislativa que termine afectando la institución, sí se esbozó que, de ocurrir, habrá una fuerte y activa presencia de parte del Ministerio Público en la discusión en el Congreso y que, de ser necesario, se implementará una estrategia comunicacional para apoyar la postura de la fiscalía.

La mayoría de los presenten repararon en que todavía no existe una definición nítida desde el gobierno respecto de qué cambios se esperan impulsar. Sin embargo, se advirtió la discrepancia de los fiscales con la posibilidad de que se fije plazo para formalizar causas o a que sea la Corte de Apelaciones quien investigue denuncias contra los persecutores.

La Asociación de Fiscales que preside Trinidad Steinert también reconoció que existe preocupación sobre estas materias. De hecho, la agrupación solicitó una audiencia con el titular de Justicia para abordar aspectos sobre las modificaciones que el propio ministro Larraín ha adelantado.

Steinert dijo que resulta "peligroso", por ejemplo, que se fije a los fiscales un plazo para formalizar.

"Yo lo encuentro peligroso", dijo la dirigenta. "Hay investigaciones sumamente complejas que requieren un plazo mayor para investigar y hay cosas que no van a depender del Ministerio Público.

Un ejemplo: en un homicidio los fiscales pueden demorar dos años en investigar sin ningún problema. Entonces, si se establece un plazo, las consecuencias de eso van a ser gravísimas, porque los fiscales se pueden ver obligados a formalizar".

Otra preocupación que esperan abordar con el ministro es la idea de reformular algunas medidas cautelares como las prisiones preventivas. "Nos llama mucho la atención estas reformas legislativas", dijo, poniendo como ejemplo la agenda corta que en 2008 endureció justamente la aplicación de este instrumento.

"Hoy estamos retrocediendo en lo que fue ese avance", afirmó la presidenta de la asociación de fiscales, agregando que, a su juicio, "la postura de la autoridad se ha tornado contradictoria".

La agrupación espera fijar una posición común respecto a estas y otras materias una vez que La Moneda exponga los alcances de los cambios a la ley.