Abbott enfrentará inédito juicio de destitución contra un fiscal nacional

En un café ubicado a un par de cuadras del Palacio de Tribunales se reunieron ayer la excandidata presidencial Beatriz Sánchez y el diputado Gonzalo Winter (MA). Ahí fue donde recibieron la noticia: contra varios de los pronósticos -incluso de personeros del Frente Amplio- el pleno de la Corte Suprema declaró admisible la solicitud de remoción del fiscal nacional, Jorge Abbott, tras la solicitud de un grupo de diputados de oposición encabezados por el bloque de izquierda.

Según fuentes del tribunal, 10 minutos tomó acordar la admisibilidad, la que incluso no requirió votación. El presidente del organismo, Haroldo Brito, preguntó si había algún ministro que se opusiera a continuar con el proceso. Nadie manifestó una postura en contra.

A las 9.30 de la mañana el vocero del pleno del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, anunció la noticia y explicó el proceso a seguir, tomando en cuenta que es la primera vez que se realiza esta ofensiva contra un fiscal nacional.

Para ese momento, el Frente Amplio ya celebraba. Si bien aseguraron que la admisibilidad es solo un paso administrativo del proceso, el conglomerado había concentrado gran parte de sus esfuerzos en que el escrito no tuviese reparos para que se pudiese continuar con él. Si se lograba que el fiscal nacional respondiera ante la corte, según señalaron en la coalición, lo considerarían un triunfo político.

Desde el frontis de la corte, en tanto, el abogado patrocinante del Frente Amplio y militante de Poder Ciudadano, Inti Salamanca, esperó junto a Hirsch al resto de los líderes del bloque para activar lo que será parte de su rol a partir de ahora: actuar como vocero de la ofensiva.

"Estas son las cosas que hay que hacer, se da un primer paso que es gigante, pero nos muestra que sí se puede", dijo Sánchez junto a Salamanca. "Nos han dicho tantas veces que no se puede. Hoy día lo que siento es que sí se pueden hacer cambios", agregó.

Mientras el Frente Amplio se anotaba puntos habiendo pasado la prueba de admisibilidad, al interior del Ministerio Público se transmitía un mensaje realista: esta etapa de admisibilidad es una mera formalidad. Y según el pronóstico que varios juristas apuestan internamente, el requerimiento en su fondo no tiene asidero y debiera ser rechazado en el corto plazo.

Luego de las declaraciones del ministro Cisternas respecto de la admisibilidad, el abogado y exministro de Justicia Luis Bates asumió formalmente la defensa de Abbott e hizo hincapié en que esta etapa es "simplemente una aceptación a trámite", dijo.

Según fuentes ligadas a la fiscalía, la ofensiva contra Abbott es vista como una oportunidad. Esto, porque su administración no ha estado exenta de polémicas internas, cuyo episodio más notorio fue su pública disputa con el fiscal regional Emiliano Arias. Y de ocurrir un rechazo al requerimiento frenteamplista, se avizoran dos efectos: que por una parte por fin ocurra un alineamiento interno, de apoyo institucional a Abbott de parte de sus fiscales regionales, lo que permitiría que la máxima autoridad del organismo persecutor salga favorecido. "Si el propósito era incomodarlo, terminarán por fortalecerlo", dice una alta fuente de la fiscalía.

Pese al proceso que se inicia, Abbott se mantiene en sus funciones. Ayer se encontraba de día administrativo y no quiso referirse al tema, señalando que es su abogado quien hablará a partir de ahora en su representación.

Fue un pequeño equipo de abogados y diputados quienes prepararon el escrito presentado el martes por el Frente Amplio. Ahora, sin embargo, se evalúa cómo funcionará y quiénes integrarán el nuevo grupo de trabajo para conseguir un triunfo en la corte, lo que será definido durante la próxima semana.

De hecho, para los parlamentarios y dirigentes de la coalición es sumamente importante no cometer errores durante este proceso, especialmente luego de los últimos conflictos al interior del conglomerado, en especial el fracaso en la acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices.

El diputado Hirsch, sin embargo, destacó que "hemos llegado a la convicción de que hay mérito suficiente para remover al fiscal Abbott por actuar de un modo negligente, involucrándose en casos en los que tenía explícitamente de no estarlo"

Además, ayer una de las principales promotoras de esta acción judicial, la diputada Claudia Mix (Poder) -quien se encuentra en Cuba- comentó en su cuenta de Twitter: "Unos no nos creían, y otros bajaron los brazos. La gente está cansada de la corrupción y la impunidad de los poderosos, y no podíamos quedarnos de brazos cruzados". Esto, luego de que se generara dentro del propio Frente Amplio una división respecto de la iniciativa jurídica. De hecho, la solicitud no contó con el apoyo de Revolución Democrática ni del Partido Liberal, generando varios roces internos.

La acusación contra el fiscal Jorge Abbott es dura: negligencia manifiesta. Son cinco los argumentos que sustentan el requerimiento.

El principal apunta a una reunión que sostuvo el fiscal con el exsenador -hoy ministro- Hernán Larraín. Este, mientras era todavía senador, le solicitó audiencia para abordar la situación del exsenador Iván Moreira en el caso Penta. El 18 de diciembre de 2017, un día después de las elecciones, Abbott y Larraín se juntaron para hablar sobre el tema, pese a que el fiscal nacional se había inhabilitado del caso.

Otro argumento apunta al encuentro que sostuvo Abbott con el abogado de Santiago Valdés -imputado en el caso Penta-, Rodrigo Zegers.

Una tercera acusación se vincula a los dichos del fiscal en su cuenta pública 2018, en cuya instancia solicitó a los fiscales regionales celeridad en las causas políticas, para no afectar los quórums parlamentarios.

Los dos puntos restantes tienen relación con aspectos administrativos del Ministerio Público: dos testimonios, de Claudia Muñoz y Paulina Ruiz, que apuntan a que al interior del Ministerio Público se habrían vulnerado derechos de trabajadores. Y aunque la acusación no apunta directamente a Abbott, se plantea que su intervención es constitutiva de negligencia manifiesta.