Abogado de Ángela Vivanco insiste en que el libelo es innecesario y llama a votar “desapegados del destino de otros individuos”

Larga jornada en la sala del Senado, en Valparaíso, a raíz de la revisión de las acusaciones constitucionales contra el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz y la suspendida Ángela Vivanco. Luego de los alegatos de los abogados del primero, encabezados por Jorge Correa Sutil, alrededor de las 15.30 horas comenzó la exposición de la defensa de la removida magistrada Vivanco.

Juan Carlos Manríquez reiteró algunos de los argumentos que esgrimió ante la Cámara de Diputados y llamó a los senadores a votar “en conciencia”. En esa línea, remarcó que avanzar con el libelo es “innecesario” ya que la ministra fue destituida de su cargo en el máximo tribunal.

“Acoger esta acusación para defenestrar por segunda vez a la señora Vivanco con la inhabilidad de cinco años, porque en sus manos tampoco está derogar el texto constitucional, si la acogen la consecuencia es sólo una. Si no la acogen, la señora Vivanco seguirá fuera del sistema público, porque ya no forma parte de la Corte Suprema y querámoslo o no, en su trayectoria vital nunca se desarrolló en el sector público ni probablemente podrá volver a hacerlo”, manifestó.

En esa línea, Manríquez replanteó: “Si esta acusación sigue avanzando se va a producir una doble sanción por el mismo hecho, y eventualmente obtener una doble destitución (…) y se ha definido como una garantía del ciudadano, la prohibición de perseguirlo o de sancionarlo dos veces por el mismo ilícito”.

Luego, el abogado interpeló a los legisladores a resolver la votación en “su mérito, uno por uno, desapegados de las consideraciones de otras personas, desapegados del destino de otros individuos, para que decidan cuál va a ser el futuro de esta mujer en estas circunstancias, ante la autoridad de su magistratura y del ejercicio de su poder”.

Tras su oratoria, el jefe de bancada de Evópoli, senador Jorge Guzmán, replicó que “la Corte Suprema ya ha declarado que ella no ha tenido un buen comportamiento y lo ha hecho en virtud de las facultades que le reconoce la Constitución. Lo cierto es que la conducta de la exministra Vivanco no ha tenido un impacto limitado a la disciplina o esfera interna del Poder Judicial, sino que ha tenido un efecto directo sobre la confianza pública en la justicia, lo que afecta uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y de nuestra democracia. Es por eso que el pronunciamiento de este Senado no es sólo una facultad, sino que un deber”.

“Consideramos que la inhabilidad por cinco años es una respuesta proporcional a la magnitud del daño institucional causado”, agregó el parlamentario. “Más allá de la remoción que ya ha declarado la Corte Suprema, declarar la inhabilidad de la exministra Vivanco por parte del Senado no es solo un acto de justicia frente a los hechos cometidos, sino una medida necesaria para preservar la integridad y legitimidad de nuestras instituciones, prevenir futuros abusos de poder y restablecer la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y en el Estado de Derecho”, destacó.

“Lo que hoy corresponde resolver es la responsabilidad constitucional de la señora Ángela Vivanco y esta no puede ser eludida simplemente porque ya haya sido sancionada en el ámbito disciplinario”, indicó el senador Guzmán.

La votación para definir si la exmagistrada queda inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años quedó fijada para este miércoles en la tarde, posterior a la discusión de la acusación de Sergio Muñoz.

En su dúplica, el abogado Juan Carlos Manríquez hizo mención Acta 108 de 2020 de la Corte Suprema, aludida por el diputado Guzmán en su alocución y por la cual se abrió un cuaderno de remoción respecto a la ministra señora Ángela Vivanco, que terminó con su salida del máximo tribunal como sanción disciplinaria.

“Bien dice el honorable diputado Guzmán que, conforme al Acta 108, que es la que se establece como debido proceso para que los funcionarios del Poder Judicial (...) pudieran defenderse (...) debió haber sido aplicada. Pero resulta que en este caso el acta no se aplicó. A nosotros no se nos permitió defendernos en igualdad de condiciones que en otros casos de remoción, como en aquellos infaustos y terribles hechos en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde antes de pasar a una remoción se abrió un proceso disciplinario. Nosotros no tuvimos esa posibilidad”, relevó.

El abogado Manríquez también se había referido a la AC y su defendida antes de entrar a la Sala, donde adelantó que agotarán todas las instancias en la justicia nacional. Sin embargo, precisó que no descartan recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

En la puertas del Congreso, el penalista señaló: “Queremos agotar toda y cada una de las instancias internas en el país. Todavía falta, en la excelentísima Corte Suprema tenemos que conocer el fallo en sus fundamentos, estudiarlo, ver si es posible un último recurso que es procedente, una reposición”.

Al ser consultado por la posibilidad de llevar el caso a la CIDH, aseguró que no han “descartado absolutamente nada”. “Tenemos un plazo desde que se agoten todas las instancias en Chile. Evidentemente si creemos que es procedente vamos a recurrir a la justicia internacional”, indicó.