Acoso: Cámara propone sanción de hasta 10% de dieta para diputados

Hace algunas semanas que la Cámara de Diputados terminó de redactar un nuevo protocolo para prevenir y sancionar el acoso sexual al interior de esa corporación.

Fue en mayo, cuando el movimiento feminista había colmado la agenda a través de diversas tomas de universidades a lo largo del país, que la presidenta de la Cámara Baja, Maya Fernández (PS), mandató a un grupo de parlamentarios de la Comisión de Régimen -que preside- para modernizar los procedimientos de la corporación en materia de acoso.

Así, tras más de seis meses de trabajo, periodo en que se escuchó la opinión de funcionarios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, el nuevo protocolo está listo para ser votado por esa instancia, lo que tendría lugar -según dicen en la Cámara- a la vuelta de la semana distrital de diciembre para luego ser revisado por la sala.

El instrumento, según detalla el último borrador al que tuvo acceso La Tercera, recaerá sobre todos los funcionarios de esa corporación, además de asesores, ya sea a honorarios o contratados, de conformidad a las normas del Código del Trabajo. Asimismo, el protocolo incluirá a los diputados y diputadas de la corporación, los que, hasta ahora, no estaban contemplados bajo el reglamento de Orden, Higiene y Seguridad que actualmente rige a los funcionarios de la Cámara en materia de acoso.

El protocolo establece distintos niveles de gravedad respecto de las conductas que define como constitutivas de acoso sexual. Así, se distinguen como "leves", por ejemplo, "insinuaciones, bromas, chistes, piropos o comentarios de contenido sexual hechos a la víctima y que resulten molestos o humillantes; muecas o gestos obscenos; o difundir rumores de carácter sexual". Como "menos graves", en tanto, se contemplan comentarios "despectivos u ofensivos sobre la apariencia u orientación sexual; llamados telefónicos, cartas, correos electrónicos o mensajería digital con contenido sexual, que de forma indebida propongan o inciten a mantener relaciones sexuales, utilización de fotografías, imágenes o dibujos de contenido sexual explícito que persigan ese mismo fin". Por último, "agresiones graves" serán el "acercamiento físico excesivo, tocamientos o roces innecesarios; agresiones físicas, tales como sujetar o acorralar para realizar requerimientos sexuales; ejercer presión, ya sea física o psíquica, para tener contactos íntimos".

En el caso de que el denunciado o denunciada sea un parlamentario, el secretario general o el prosecretario de la Cámara, el protocolo establece un procedimiento de investigación distinto al del resto de los estamentos afectados por el mismo.

En ese escenario, será otro diputado o diputada, elegido al azar, quien llevará adelante la investigación, el que tendrá que ser "de distinto género, región y comité político que el denunciante o denunciado".

Asimismo, el protocolo detalla las sanciones -las que ya están contenidas en el Reglamento de la Cámara para sancionar las faltas a la ética parlamentaria- que arriesgan los parlamentarios que se compruebe hubiesen cometido acoso sexual.

"Entre las sanciones disponibles, el llamado al orden solo será admisible para las conductas leves de acoso; para las menos graves, la sanción será a lo menos de amonestación, y para las graves, deberá ser la de censura", se lee en el texto. Dichas sanciones no tienen ninguna implicancia práctica. Sin embargo, van aparejadas, según establece el protocolo, a multas pecuniarias, las que van desde un 2% de la dieta en el caso del llamado al orden; un 5% en caso de amonestación y no menos del 10% en caso de censura.

Con todo, el protocolo especifica que en caso de que las conductas sean constitutivas de delito, los antecedentes deben ser remitidos al Ministerio Público.