Acusación constitucional contra Jackson: Uriarte dice que “dejarlo en una especie de destierro de la actividad pública es un exceso”

“Destituirlo, y no solo destituirlo, sino que dejarlo cinco años en una especie de destierro de la actividad pública me parece que es un exceso”. Con esas palabras la ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, abordó esta mañana la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

El libelo fue presentado por el Partido Republicano luego de las declaraciones de la exseremi de la cartera en la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo (PPD), quien acusó haber sido “presionada” por el Ejecutivo para aprobar proyectos que ella habría rechazado por contar con “cuestionamientos técnicos”. Así, desde republicanos acusaron al secretario de Estado de “vulnerar” la Constitución Política de la República.

En ese sentido, la secretaria de Estado dijo que el “Partido Republicano en esta acusación actúa más desde una perspectiva política, divergente a la del gobierno, mucho más que desde un punto de vista jurídico y objetivo”, manifestó en conversación con Radio Cooperativa.

Así, ad portas de la votación de la acusación que se realizará este jueves, la titular de la Segpres señaló que ”el solo hecho de que exista una acusación constitucional en contra del ministro u otro funcionario me resta tranquilidad, no estoy tranquila si hay una acusación pendiente”.

“Lo estaré en el minuto en que se haya logrado rechazar”, afirmó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron anteriormente que la solicitud de renuncia a la exseremi se debió a “la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle, ubicado en la Región Metropolitana”.

Requerimientos en el Tribunal Constitucional, solicitud de un informe por parte de la Contraloría General de la República al Ministerio de Justicia, son algunas de las repercusiones que tuvieron los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, se refirió la ministra Uriarte y expresó que “no fue una situación pacífica, políticamente hablando, el que se concedieran los indultos. Eso lo entendemos, lo hemos aceptado”. Sin embargo, dijo que “todo el resto es pretender llevar a lo institucional, como un quiebre al marco jurídico, un tema que no tiene una transgresión jurídica”.

“Si bien puede haber existido una situación de desprolijidad, eso es muy distinto a haber actuado en contra de la Constitución y las leyes”, recalcó.