Acusación constitucional contra Montes tensiona a la oposición ante riesgo de nuevo fracaso

Fue una puesta en escena que molestó a la derecha. Pasado el mediodía de este martes, las diputadas del Partido Socialcristiano Sara Concha y Francesca Muñoz, además del PDG Gaspar Rivas y diputados de RN como Hugo Rey y Jorge Durán anunciaron el ingreso de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

¿La gran ausencia? Los jefes de bancada de los partidos de Chile Vamos, cuyos comités son mayoritarios dentro de la oposición. En la derecha recriminaron que partió mal el libelo, pues la imagen reflejó la falta de apoyo de los partidos de la oposición. Además, incomodó que nuevamente aparecieran como protagonistas las socialcristianas, con quienes Chile Vamos tuvo una mala experiencia en acusaciones constitucionales anteriores.

En la mañana, la acusación -redactada por el Partido Republicano y fusionada con un escrito de las socialcristianas- comenzó con traspiés. Si bien se había anunciado que ingresaría cerca de las 11, lo cierto es que en RN tenían reparos en el escrito. Eso hizo que pidieran modificaciones jurídicas, para que se añadiera con mayor precisión cuáles eran las infracciones. Evópoli, por su parte, también planteó reparos de algunos capítulos del escrito.

El ánimo en la oposición era distinto al entusiasmo con que se anunció la semana pasada, luego de que La Tercera revelera la declaración ante el Ministerio Público de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, quien dijo que Montes se enteró del caso de Democracia Viva antes de que se hiciera público. En esa oportunidad, el anuncio fue inmediato y en bloque.

Sin embargo, durante este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados los mismos legisladores de derecha reconocían que había posibilidades de que no se aprobara el libelo y que se fracasara en la acción acusatoria, lo que terminaría por afirmar al secretario de Estado. Eso, incluso, provocó que Evópoli decidiera no firmar la acusación.

A eso se sumó que la derecha fracasó en su intento de reunir 10 firmas con parlamentarios de partidos distintos al sector, con lo que buscaban dar una señal de transversalidad. Así, solo hubo apoyos del PDG e independientes, pero no lograron firmas de fuerzas de centro como Amarillos, Demócratas o la DC.

En RN había varios con dudas. La diputada Carla Morales, por ejemplo, se negó a firmar la acusación en el grupo de WhatsApp de la bancada, y también se mencionaba a otros diputados como indecisos, entre ellos, Bernardo Berger y Sofía Cid. Lo cierto es que en la derecha iban a apoyar la acción acusatoria, pero en su fuero interno admiten que no están los votos para que se apruebe y que existe un riesgo de que fracase la acción acusatoria.

En el sector está el fantasma de la acusación pasada contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, la cual varios defendieron que tenía fundamentos, pero que fracasó por divisiones internas en la derecha. En esa línea, el ambiente en la oposición se crispó y se dividieron respecto a la conveniencia de presentar el libelo.

Para aprobar la ofensiva se requiere la mayoría simple de los presentes en sala, por lo que en la derecha necesitan contar con el apoyo de otras fuerzas, como por ejemplo los partidos de centro. Sin embargo, desde distintas colectividades le quitaron el piso a la acusación. Así lo hizo el representante de Demócratas Miguel Ángel Calisto, mientras que en la DC hizo lo propio Eric Aedo. Lo mismo sostuvo también el único diputado de Amarillos, Andrés Jouannet. Dichas colectividades ponen cuesta arriba una aprobación del libelo, pero en Chile Vamos tienen esperanza de poder convencerlas. “Es una pérdida de tiempo”, dijo el diputado de Demócratas, Jorge Saffirio.

También se negaron otros sectores más moderados, como el PPD o el Partido Radical.

En la derecha, en todo caso, afirman que cuenta con los tres representantes del PDG, además de otros independientes que integraban antes ese partido. Sin embargo, en el sector también hay algunos descolgados, como el diputado UDI Joaquín Lavín, quien no suele apoyar acusaciones constitucionales.

De todas maneras, en Chile Vamos afirmaban que pese a las dudas, iban a aprobarla en sala.

En el oficialismo el ambiente era de confianza. Tanto en el PS como en el gobierno transmitían que la acusación es beneficiosa para Montes, pues, si se cae, termina por afirmar al ministro de las presuntas negligencias jerárquicas de las que se le acusa.

En ese sentido, los diputados socialistas -que son quienes más apoyan a Montes- transmiten que, mientras dure la acusación constitucional el gobierno no puede sacar a Montes de su puesto como ministro, en un eventual cambio de gabinete.

Esto, debido a que, dicen en el oficialismo, durante la acusación contra Ávila el gobierno se mantuvo firme y solo lo sacó del cargo después de que se rechazara el libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Con todo, la derecha tiene contemplado que se siga viendo el tema y votarlo en dos o tres semanas más. La próxima semana es distrital, por lo que la idea es que los primeros días de enero se vote el informe de la comisión investigadora por el caso de los convenios, y luego de ello se someta a votación la acusación.

Durante la tarde de este martes además se sorteó a los integrantes de la comisión que revisará la acusación constitucional, y salió elegida una mayoría opositora integrada por los diputados de la UDI Cristián Labbé y Natalia Romero, la socialista Emilia Nuyado, el independiente Víctor Pino y Tomás Hirsch (Acción Humanista).

En el escrito se acusa a Montes de no haber ejercido su responsabilidad política respecto de su superioridad jerárquica. El ingreso del libelo se dio en un contexto en que algunos en la oposición quieren endurecer el tono contra el gobierno, luego de la derrota del “A favor” en el plebiscito del domingo, lo que además ha repercutido en que se rechacen algunas reformas clave de La Moneda.