Acusación constitucional contra Víctor Pérez es la tercera presentada por la oposición durante este gobierno que logra sortear la Cámara y avanza hacia el Senado

Ocho. Este es el número de acusaciones constitucionales que la oposición ha presentado en el Congreso durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La última de ellas, contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, fue aprobada este martes en la Cámara Baja por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, gatillando que el jefe de gabinete quedara suspendido de su cargo hasta que el Senado se pronuncie respecto a la acusación constitucional; lo que ocurrirá en los próximos días. Y sería un hecho inédito, porque se convertiría en el primer titular de Interior suspendido de su cargo desde el retorno a la democracia.

De esta manera, el libelo contra Pérez se convirtió en el tercero -en lo que va de este periodo presidencial- que logra sortear la Cámara de Diputados, sumándose así a la acusación contra el otrora ministro del Interior, Andrés Chadwick; y la del intendente de la RM, Felipe Guevara, que consiguieron un apoyo unitario de la oposición para seguir avanzando en el Congreso.

Ambas, sin embargo, tuvieron distintos destinos.

Mientras la ofensiva hacia Chadwick fue aprobada posteriormente por el Senado, generando que el exministro quedara inhabilitado de ejercer cargos públicos durante cinco años; Guevara no corrió la misma suerte. La ausencia de senadores de la oposición posibilitó el rechazo del libelo, abriendo de paso una fractura en la centroizquierda.

Durante el mismo periodo, otros cinco libelos impulsados por la oposición se han caído en la Cámara Baja, al ser rechazados por los diputados, con divisiones de las filas opositoras a la hora de votar.

En concreto, las acusaciones contra el ahora exministro de Salud, Emilio Santelices; la entonces titular de Educación, Marcela Cubillos; el Presidente Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich; y el libelo ingresado contra tres ministros de la Corte Suprema -por haber concedido el beneficio de libertad condicional a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad- no lograron sortear dicha corporación y concluyeron su tramitación en esa instancia.

En el caso de Pérez, será ahora el Senado el que deberá pronunciarse -como jurado- sobre la acusación, que en caso de aprobarse, culminará con la destitución del suspendido jefe de gabinete y la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años.