Ad portas de AC contra Tohá: el libelo acusatorio que enfrentó su padre como ministro del Interior de Salvador Allende

El 28 de diciembre de 1971, el Partido Demócrata Cristiano (DC) presentó una acusación constitucional contra José Tohá, ministro del Interior del gobierno del Presidente Salvador Allende.

De acuerdo al libelo acusatorio contra el vicepresidente de ese entonces, se le responsabilizó de “las continuas, reiteradas y graves infracciones a las garantías constitucionales”.

Las acciones y también las omisiones -dice el texto- en que ha incurrido el ministro del Interior “han comprometido igualmente en forma grave la seguridad del Estado y han significado el atropellamiento de las leyes o haberlas dejado sin ejecución”.

En el caso de Tohá padre, la acusación constitucional apuntó a la existencia de grupos armados ilegales, infracción del artículo 10 Nº 4 de la Constitución Política del Estado, detenciones arbitrarias y otros procedimientos ilegales, infracción de disposiciones constitucionales y legales en relación con los medios de comunicación, y atropello a las Juntas de Vecinos, a través de la aplicación arbitraria de la ley Nº 16.880.

Los acusadores consideran -se señala en el primer punto del libelo- que “el principal problema político que tiene hoy el país (1971) es la existencia de movimientos, brigadas, grupos o cuerpos que, teniendo armas de toda clase, presionan a la opinión nacional, suplantan o interfieren a la fuerza pública y actúan, con diversos pretextos, impidiendo el correcto ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.

Así mismo, los diputados democratacristianos -se lee en el informe de la comisión que revisó la AC- “dejan constancia que aún en las más altas esferas de gobierno se infringe la Constitución y la ley con la existencia de un dispositivo de seguridad en la propia Presidencia de la República, cuyos componentes, que tienen armas y las usan, no son ni policías civiles ni uniformados, su identidad se desconoce y sus empleos no han sido autorizados por ley, como lo dispone el artículo 44 Nº 5 de la Constitución”.

Además, expresan los acusadores, grupos como el MIR “en vez de recibir el repudio del gobierno y especialmente del Ministerio del Interior, son hasta respaldados por él, se confunden en las manifestaciones con los integrantes de los partidos de gobierno, dialogan incluso con el Presidente de la República”.

Durante el proceso de la AC, la cuestión previa fue rechazada y se procedió a discutir el fondo del libelo contra José Tohá. En la votación el resultado fue: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 36 votos.

Una vez en la sala del Senado, los capítulos I, II, III y V fueron aprobados por 26 votos a favor, mientras que el acápite IV fue aprobado por 25 votos a favor y 1 abstención.

Ante esta situación, Tohá fue removido del ministerio del Interior. Entonces, Allende lo designó como titular de Defensa, lo que generó la indignación de sus opositores, al verlo como un acto de provocación.

A las 10.00 horas de mañana jueves -de acuerdo a la programación del Congreso Nacional- la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, enfrentará el mismo proceso que su padre hace casi 53 años atrás.

A menos de un día de que se vote el libelo contra la jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric, impulsada por el Partido Republicano, el oficialismo ha intensificado el despliegue para asegurar que la AC no prospere.

Las gestiones en favor de la secretaria de Estado han estado encabezadas por el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde. Pero en el proceso han surgido también aliados improbables al gobierno, como lo es el exministro del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, quien ha hecho esfuerzos por persuadir a los ex DC de votar en contra libelo.

El libelo de 84 páginas contra la titular de Interior, que incluye dos capítulos acusatorios, fue ingresado el lunes 30 de septiembre y ese mismo día se dio cuenta en la sala, abriendo inmediatamente el juicio constitucional contra la secretaria de Estado.

El primer capítulo acusa a Tohá de “haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al omitir adoptar medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de la crisis de seguridad pública más grave de nuestra historia reciente”.

Además le cuestiona a la jefa de gabinete haberse demorado en la tramitación de la agenda de seguridad y no haber usado las herramientas constitucionales para apurar su discusión.

El segundo capítulo, en tanto, le reprocha a la ministra “haber infringido la Ley de Migración y Extranjería y haber dejado leyes sin ejecución al omitir adoptar medidas más eficaces para prevenir la vulneración de nuestras fronteras, en medio de la crisis de inmigración ilegales más grave de nuestra historia”. El principal hecho que se le critica a la titular del Interior es tener pendiente un conjunto de expulsiones.