Adiós al momento constituyente

Era diciembre de 2012 cuando el politólogo y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, decidió publicar en El Mostrador una columna titulada “#MarcaTuVoto para cambiar la Constitución”. El texto fue el puntapié inicial de un movimiento que, una década atrás, sembró la semilla para abrir paulatinamente un proceso constituyente que pudiera reemplazar la Constitución vigente por un texto escrito en democracia.

La columna de Fuentes invocaba el ejemplo de Colombia llamado “la séptima papeleta” que, en 1991, empujó una propuesta para tener un voto que apoyara la opción de escribir una nueva Constitución. La columna luego se transformó en una bola de nieve que solo fue creciendo. A partir de marzo de 2013 distintas personas y organizaciones de la sociedad civil se fueron reuniendo semanalmente en distintas casas. De a poco iba tomando forma la idea de replicar el modelo colombiano.

A esas alturas a Fuentes se sumó Ignacio Iriarte, Alberto Coddou, Magdalena Garretón, Perla Wilson, Javiera Parada, Pablo Paredes y un grupo de abogados y académicos que a medida que pasaban los meses solo iba creciendo. De ese grupo destacan nombres que, en estos años, han sido invitados obligados de las discusiones constitucionales: Fernando Atria, Jaime Bassa, Jorge Contesse, Pablo Contreras, Domingo Lovera, Elisa Walker y varios más.

Lo que vino después fue una seguidilla de hitos que solo inyectó más fuerza. Los protagonistas de este proceso recuerdan con especial atención cuando en junio, el entonces presidente del Consejo Directivo del Servel, Juan Emilio Cheyre, tuvo una confusa intervención en medios de comunicación afirmando que los votos marcados serían nulos. Eso le dio un impulso a la campaña ya que motivó que todos sus coordinadores, voceros y patrocinantes se desplegaran por los medios rebatiendo las palabras de Cheyre.

Luego se sumaron rostros del mundo de la cultura y la idea se fue haciendo cada vez más popular. Para contar los votos marcados se montó una red ciudadana de vocales que se desplegó por todo el país. En la presidencial de ese año consiguieron cerca del 10% de los votos marcados. Pero el gran triunfo no fue ese. La marca en las papeletas fue solo un símbolo.

Lo relevante se tradujo en que todas las candidaturas de la época tuvieron que pronunciarse y proponer algún camino para reformar la Constitución. El premio mayor se lo llevó la expresidenta Michelle Bachelet. En ese tiempo corría sola ya que competía con una improvisada candidatura de la actual alcaldesa de Las Condes, Evelyn Matthei (UDI). Bachelet sabía que iba a ganar y en su programa prometió iniciar un proceso constituyente.

En el Anuario de Derecho Público de la UDP, su edición de 2014, dos de los protagonistas de esta historia -Coddou y Contreras- redactaron su experiencia detrás de la campaña. En las conclusiones consignaron lo siguiente: “La campaña tuvo problemas y dificultades en muchas áreas, pero creemos que a pesar de las objeciones, esta iniciativa fue correcta en cuanto a su forma. Esta campaña fue una forma creativa de buscar soluciones al problemas constitucional”.

Lo que en ese momento quizá ninguno de los protagonistas pudo imaginar, fue que lo que partió como un grupo de soñadores que se juntaban en sus casas a discutir, terminaría en tres procesos constitucionales fallidos, uno vía el Congreso y dos con órganos especialmente electos para redactar los textos constitucionales.

Cuando Bachelet llegó al poder cumplió su promesa. En octubre de 2015 apareció en cadena nacional informando del inicio de su proceso constitucional. Para eso la exmandataria convocó a un Consejo Ciudadano de Observadores y marcó un cronograma que incluía una consulta individual a través de Internet, encuentros locales autoconvocados, encuentros provinciales y cabildos regionales.

Todo ese insumo fue sistematizado y quedó en manos de Tomás Jordán y Pamela Figueroa, quienes coordinaron el equipo que se hizo cargo del proceso de redacción de la propuesta de nueva Constitución que, en ese tiempo, se tramitaría en el Congreso, un camino muy distinto al de una asamblea constituyente.

La promesa de campaña de Bachelet vivió su propio infierno al interior del corazón de La Moneda y tuvo que enfrentar varios demonios ya que personeros de gobierno de la administración bacheletista se resistían a un cambio constitucional más audaz. Al interior de la Nueva Mayoría la disputa fue dura y las dos almas de esa coalición se iban enfrentando constantemente. Jordán y Figueroa tenían reuniones semanales con los entonces ministros Mario Fernández (DC) y Nicolás Eyzaguirre (PPD) para ir avanzando en el texto.

Todo el esfuerzo terminó en un mensaje presidencial, enviado a último minuto, justo antes de que Bachelet se retirara de La Moneda luego de finalizar su segundo mandato. Su gobierno no había sido fácil. El caso Caval fue una herida que dilapidó su popularidad y su ambiciosa agenda de reformas estructurales usó toda la línea de crédito que, a duras penas, le permitió impulsar -con las mayorías que tenía en el Congreso- su ambicioso programa reformista.

Fue el 6 de marzo de 2018 cuando la expresidenta firmó su proyecto de ley, solo una semana antes de que el expresidente Sebastián Piñera se instalara en Palacio. La iniciativa quedó ingresada en el Congreso, pero rápidamente quedó olvidada y guardada en un cajón.

Cuando el piñerismo volvió por segunda vez a La Moneda, la escena más recordada fue cuando el exministro del Interior, Andrés Chadwick, solo 10 días después de firmado el proyecto de nueva Constitución, llegó hasta Casa Piedra para participar de un encuentro de Icare. En ese evento, ante los empresarios, Chadwick dio el portazo: “No queremos que avance el proyecto de la nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo”.

Un año después llegó lo impensado. Chadwick tuvo que olvidarse de sus palabras en pleno estallido social. La violencia en las calles estaba desatada, la crisis no bajaba y el gobierno en ese momento temía lo peor. Ante la magnitud del estallido, Piñera junto a su equipo político apretó el botón de emergencia y cedió en lo que habían prometido resguardar: iniciar un proceso constitucional. Ese fue el hito que motivó el Acuerdo por la Paz.

El Acuerdo por la Paz continuó el camino que había iniciado Bachelet. El pacto se transformó en el mecanismo de escape de una crisis política y social que parecía no tener solución. Mientras se quemaban las calles y se destruía el espacio público, Piñera logró encausar la crisis con una salida institucional.

Lo que vino después fue una historia dramática cuyo desenlace representa una de las derrotas culturales y electorales más grandes para la izquierda chilena. El Acuerdo por la Paz derivó en la Convención Constitucional, un órgano de 155 convencionales cuya misión era redactar un texto que luego fuera aprobado o rechazado en un plebiscito de salida.

En esta parte del guion, visto en retrospectiva, aparecen 12 meses de excentricidades, polémicas y personajes inéditos en la historia nacional. La elección de convencionales la ganaron fuerzas independientes y en segundo lugar las candidaturas de izquierda emergieron con fuerza desplazando a los partidos de izquierda tradicional. La Convención tuvo un marcado tono indígena -producto de los 17 escaños reservados- y en su primera etapa estuvo liderada por la expresidenta Elisa Loncon (mapuche) y por el exvicepresidente Jaime Bassa (CS).

La Convención tuvo de todo. Rituales, una constituyente vestida de pikachu, otro de dinosaurio, un exconvencional que engañó a todo Chile con una enfermedad falsa, una derecha que tuvo que ser minoría y se alzó con rostros fuertes y provocadores como Teresa Marinovic y una discusión constitucional basada en armar un Estado social, con un amplísimo catálogo de derechos sociales, un Estado plurinacional, la transformación del Poder Judicial hacia sistemas de justicia inspirados bajo el principio del pluralismo jurídico y la eliminación de instituciones que llevaban dos siglos de existencia como el Senado.

La izquierda mas tradicional, cuyos dirigentes vienen peleando por “terminar con la Constitución de Pinochet” hace más de 40 años, de un momento a otro tuvo que resignarse a ser espectadora de una historia que, paso a paso, iba directo al fracaso. Luego de esos 12 meses, el texto se plebiscitó y la ciudadanía fue rotunda: el 62% le dijo que no al texto de la Convención. El 4 de septiembre de 2022 quedó marcado a fuego para la izquierda. El fracaso fue rotundo y las consecuencias de esa bomba electoral, según varios dirigentes del sector, fueron devastadoras.

El gobierno, que se la jugó con todo por ese texto, tuvo que hacer un giro. El diseño original de Apruebo Dignidad se replegó, desembarcó con fuerza el Socialismo Democrático, el programa de gobierno -en parte- se tuvo que guardar y, lo más duro de todo, tuvieron que convivir con la culpa de haberse farreado la oportunidad histórica de alcanzar el anhelo de una tener una Constitución escrita en democracia. Al frente, la derecha que venía de capa caída, tuvo un renacimiento electoral. Algunos de sus dirigentes suelen comentar que ese día empezaron a ganar la batalla cultural que, hace un buen tiempo, venían perdiendo. El sector más duro, en tanto, quedó tranquilo luego de haber conseguido proteger la Constitución vigente, aquella que suelen decir ha sido pieza clave del progreso chileno.

Con un fracaso a cuestas, La Moneda y la alianza de gobierno se mantuvieron firmes en empujar un segundo acuerdo para iniciar otro proceso constitucional. Chile Vamos pagó todos los costos y se embarcó en esa misión. Luego de una dura negociación, que tuvo de fondo la constante oposición del Partido Republicano, los partidos firmaron el Acuerdo por Chile.

Tomando nota de las lecciones del proceso pasado, los partidos tradicionales diseñaron un proceso mixto, que combinó un órgano de expertos designados y un órgano electo que replicara el Senado. El proceso partió en marzo y la Comisión Experta, órgano empatado políticamente, consiguió un anteproyecto de amplio consenso desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano.

Pero el guion de esta historia constitucional fue escrito con un péndulo en la mano. Si la vez pasada la izquierda y los independientes ganaron las elecciones, el 7 de mayo de este año los grandes triunfadores fueron los republicanos. El partido fundado por José Antonio Kast, aquel que no quería una nueva Constitución y no firmó el Acuerdo por Chile, arrasó y se quedó con 22 de los 50 escaños del Consejo.

La bancada republicana tomó la posta de la Comisión Experta y junto con Chile Vamos transformó el texto en uno que estuviera marcado por un “tono ciudadano”. Eso se tradujo en un énfasis muy duro en seguridad, en resguardar asuntos como evitar que el Estado tenga el monopolio de la administración de las cotizaciones de salud y previsionales y proteger que el Estado social no modificara el principio de subsidiariedad del texto vigente. La izquierda acusó que el texto finalmente era un retroceso, que no reflejaba un acuerdo transversal, que dividía al país, que “radicaliza el proyecto neoliberal de 1980″ y que la cláusula de Estado social quedó de papel.

El proceso de la Convención y el Consejo fueron distintos. No se pueden comparar, pero sus destinos fueron iguales: el fracaso. La esperanza de que el gobierno pudiera tener como gran legado que Boric firmara la nueva Constitución quedó en el olvido.

En marzo de 2022, el Presidente dijo una frase que fue difícil de olvidar: “Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”. Al igual que Chadwick en 2018, el Mandatario también tendrá que olvidarse de sus palabras. Tanto así que todo su gobierno ha tenido que dar su palabra de que ganando el “En contra” no volverán a impulsar, durante esta administración, un nuevo proceso constitucional.

La izquierda, la misma que durante cuatro décadas hizo todo lo posible por tener una nueva Constitución, tuvo que convencerse de que el texto de la dictadura era mejor que uno escrito en democracia. Junto con eso, deberán cumplir su palabra y no volver a reflotar el problema constitucional por un buen tiempo. Es, como suelen repetir en los partidos del Socialismo Democrático, un “adiós al momento constituyente”.

La historia a veces está del lado de personajes muy improbables y el desenlace de este relato no es la excepción. En noviembre del año pasado, cuando los partidos -a duras penas- negociaban el Acuerdo por Chile, en la izquierda había muchas dudas de qué tanto les convenía hacerlo. Tenían el deber de continuar, pero sabían que la derrota del 4-S era tan grande, que estaban diseñando un proceso 2.0 en el que iban a salir, otra vez, derrotados. En ese debate, la presidenta del Partido Regionalistas Verdes, Flavia Torrealba, dio en el clavo. La dirigenta de Apruebo Dignidad, que poco y nada se le vio en el proceso, afirmó a El Mercurio: “Este momento constituyente ya no existe”. Un año después, la historia le dio la razón.