Alcalde de Rancagua presenta querella por falso testimonio en contra de testigo que declaró en su contra

Este lunes, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, interpuso ante el Juzgado de Garantía de la ciudad dos querellas criminales por los delitos de obstrucción a la investigación y cohecho, siendo la primera de ellas en contra de una persona que habría entregado un falso testimonio en su contra, mientras que la segunda apunta contra cuatro concejales de la comuna.

Respecto a la primera acción penal, está dirigida en contra de el empresario Demetrio Paiva Carrasco, quien habría testificado en el marco de una investigación que el Ministerio Público sigue respecto del jefe comunal.

En este contexto, la declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI) se remonta al 10 de abril de 2023, cuando el querellado indicó que habría financiado la campaña del alcalde Godoy, quien le habría ofrecido hacer negocios con dineros públicos a cambio de un 10% de lo recibido por estos “negocios”, como contraprestación por el trato preferente.

Según el entorno de Godoy, las referidas afirmaciones no habrían sido sustentadas con ninguna prueba y, posteriormente, el 27 de diciembre de 2023, Paiva Carrasco se habría desdicho de lo afirmado, cambiando dos aspectos centrales del testimonio: disminuyendo el monto que supuestamente habría colaborado a la campaña, pasando de 4 millones a 500 mil pesos; e indicando que estos dineros no los habría otorgado para verse beneficiado por la adjudicación de servicios públicos.

“La diferencia diametral de estas declaraciones no sólo nos demuestra la falsedad de la primera, sino que pone de manifiesto la gravedad de esta mentira (…) el Sr. Paiva Carrasco entregó, con su declaración, antecedentes que él sabe que son falsos, lo cual llevó al Ministerio Público a realizar actuaciones de investigación que es esperable que no hubiera hecho de lo contrario”, señala el escrito.

Por otra parte, la segunda querella está dirigida en contra de los concejales Hugo Guzmán Millán, Emerson Avendaño Llanca, Valentina Cáceres Monsalve y María del Carmen Orueta de Val, en el marco de una investigación por cohecho que persigue el Ministerio Público.

Según los antecedentes que relata en el texto, el 24 de marzo de 2023, los concejales querellados se apersonaron en dependencias de la empresa Centro de Custodia de Vehículos Infractores SPA (CCVI), cuyo giro corresponde a la actividad de custodia y entrega de vehículos retirados de circulación, la cual ha prestado servicios a las municipalidades de las regiones Metropolitana, del Maule, Los Lagos y O’Higgins.

La visita de los ediles, previamente concertada por ellos, pero sin haber sido informada a CCVI con anticipación, habría tenido por objeto el ofrecerle a la empresa el servicio de aparcadero municipal, cuya licitación pública estaba siendo planificada en aquel momento.

“Al momento de la visita, la licitación no se encontraba completa, ni había sido subida al portal de Mercado Público, de modo que no estaba en estado de ser conocida por potenciales ofertantes, mucho menos en detalle”, dice el texto.

Asimismo, -y según se señala en la acción penal- el representante legal de CCVI, Jonathan Olave González, habría denunciado que el concejal Guzmán Millán se acercó al encargado de la sucursal y le informó de la intención de licitar el servicio, así como que “los querellados podían ayudar al jefe de la empresa, si él los ayudaba con algo”.

“La Muni va a licitar el servicio, dígale a su jefe que converse con nosotros, ya que nosotros podemos ayudarlo si nos ayuda con algo, porque nosotros cuatro votamos siempre en bloque”, señala el documento.

En tanto, otro de los querellados, el concejal Avendaño Llanca, habría remarcado que se debía ampliar la envergadura del terreno para tener mayor capacidad, debido a que el terreno “no daría abasto para la densidad de vehículos”, dando cuenta tanto de un estudio previo del proveedor, como entregándole información técnica de la licitación.

En este contexto, el personal de CCVI no se puso en contacto con los concejales querellados, a lo que ellos habrían reaccionado hablando mal de la compañía en la Sesión N° 101 del Concejo Municipal, donde uno de los puntos en tabla era la licitación del aparcadero.

Estos hechos fueron denunciados por el representante legal de CCVI, por medio de una querella interpuesta el pasado 13 de abril de 2023.

Ambas acciones penales fueron presentadas por el alcalde Godoy, al mismo tiempo que este es indagado, tras una investigación periodística de Ciper Chile, que dio a conocer que entre enero y noviembre de 2022, el jefe comunal vivió en un departamento arrendado en el sector Alto Rancagua, cuyo costo era de $460 mil mensuales.

En este caso, el corredor que hizo el trato declaró ante el Ministerio Público, revelando que no fue el edil quien le pagó el mes de garantía, su comisión y el primer mes de arriendo por propiedad, sino Carlos Rodríguez Cajas, empresario proveedor de servicios de la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun).

Asimismo, entre enero de 2022 y enero de 2024, su empresa Gestión de Residuos ha facturado $361 millones a la corporación que encabeza Godoy.

De acuerdo con Cipe, desde 2022 el Ministerio Público investiga al alcalde de Rancagua luego de que una investigación detectara que a un amigo suyo de infancia, Javier Cornejo, la municipalidad le asignó $61 millones en tratos directos para empresas de su propiedad a solo cuatro meses de arribado a la alcaldía. Entre los avances de la investigación, la fiscalía detectó que un auto que Godoy usó durante dos años, fue pagado por otro empresario proveedor de la municipalidad, Diego Barba, quien a través de sus empresas ha facturado al menos $130 millones a la municipalidad de Rancagua.