Alza en cuentas de la luz: gobierno instruye endosar costos políticos a oposición

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La ministra de Energía, Susana Jiménez, junto al Presidente Piñera durante una actividad en mayo de 2018. Foto: Mario Téllez/Archivo

A diferencia de la polémica por los medidores eléctricos, La Moneda busca, desde el día uno, atribuir a la centroizquierda la responsabilidad por el aumento en las tarifas.


"Mañana se publicará en el Diario Oficial el decreto que reajusta el costo de la generación de energía (Precio Nudo Promedio-PNP) para el primer semestre 2019. Este reajuste implica que las cuentas de electricidad experimentarán alzas promedio nacional de 10,5%". Ese fue el mensaje que envió el viernes pasado la ministra de Energía, Susana Jiménez, a parlamentarios de Chile Vamos respecto del alza en las cuentas de luz.

En el texto, además, la ministra añade que "este aumento se explica en un 60% a 80% por efecto alza del dólar, y el resto por licitaciones del 2014"; y que "el alza no tiene relación alguna con la implementación de los medidores inteligentes, sino que se trata del proceso de reajuste semestral que data del 2006".

De esta manera, el gobierno buscó alinear al oficialismo, dicen en Chile Vamos, apenas se hizo público el alza de las cuentas para dejar claro, desde el día uno, que este aumento no es responsabilidad de la administración del Presidente Sebastián Piñera, sino que de gobierno anteriores de la centroizquierda, y que el oficialismo debería endosar a ellos la responsabilidad y los costos políticos.

Esto, dicen las mismas fuentes, para evitar cometer el mismo error que surgió con el tema de la implementación de los nuevos medidores eléctricos, materia que provocó críticas del propio oficialismo y que -hasta hoy- le sigue trayendo repercusiones a La Moneda, provocando una disminución de la aprobación de Piñera. De hecho, el domingo el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, afirmó que "los medidores siguen siendo el principal tema que ha afectado de forma negativa la aprobación presidencial, mucho más que Catrillanca".

En ese sentido, en el mensaje de la secretaria de Estado a los parlamentarios también se agregó que "hay que tener en consideración que el exministro (Máximo) Pacheco difundió ampliamente que las tarifas eléctricas bajarían gracias a su gestión. Los menores precios de los que se habló en la administración anterior no serán traspasados a las cuentas de todos los chilenos, como se insinuó en aquel tiempo, sino hasta más allá del 2021, habiéndose creado falsas expectativas".

En medio de esto, el tema fue conversado este lunes en la reunión del comité político de La Moneda, instancia en la que el gobierno instruyó a los parlamentarios del bloque a fortalecer el discurso de que el alza en las cuentas de la luz corresponde a una responsabilidad de la centroizquierda y no dejar margen para las dudas.

En esa línea, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, salió abordar esgte lunes la materia. "Nosotros estamos accionando por el bien de la ciudadanía frente a un alza en las tarifas de luz, que son objeto de una ley en el año 2006 y que también se sujetaron a ellas licitaciones el año 2014, vale decir, en gobiernos anteriores al nuestro", manifestó.

En tanto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, indicó que "esto es nuevamente una 'ley Pacheco 2' . Acá esto viene producto de la licitación de las tarifas que hizo Máximo Pacheco el 2014, donde generó expectativas que las cuentas iban a bajar, dado esta licitación, lo que es absolutamente falso". Su par de RN, Mario Desbordes, agregó que el alza de la luz "no es responsabilidad de este gobierno".

La ofensiva de La Moneda, además, se da para contrarrestar las críticas que comenzaron a formular desde la oposición, particularmente desde la DC, quienes concretaron la entrega de una carta dirigida a Piñera para que congele el decreto del alza de la luz.

La Moneda también le pidió al oficialismo destacar que están trabajando para promover una mayor entrada de energías renovables, generar mayor competencia en el sector y reducir las tarifas a través del proyecto de ley corta que revisará a la baja la rentabilidad de las empresas de distribución.

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