La noche de este miércoles, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, se refirió a los dichos de la fallida candidata a fiscal nacional, Marta Herrera, quien afirmó que su rol como jefa de la Unidad Anticorrupción en indagatorias como gastos reservados de Carabineros, Penta y otras, incidió en el rechazo a su nominación.

Consultada por CNN Chile sobre si comparte el diagnóstico realizado por Herrera, la ministra afirmó que “sé que ella ha sostenido eso. En verdad, yo no he recibido esa explicación de parte de los senadores y senadoras que votaron en contra de ella o que se abstuvieron, pero ella así lo sostiene, pero en lo personal no tengo antecedentes de que así haya sido”.

Asimismo, la autoridad aseguró que “parte de las respuestas y situaciones develadas” por Herrera, “responden creo yo, al ánimo con que ella vivió su comparecencia ante el Senado, que por cierto fue compleja, larga, dura e intensa”.

“Marta Herrera, sin lugar a dudas y sin discusión, es una profesional de excelencia con una extraordinaria formación académica, que además ostenta una larga trayectoria en el servicio público, concretamente en la Fiscalía Nacional y desde ese punto de vista, nosotros, el Presidente, estimó que tenía todas las capacidades y méritos, al igual que la Corte Suprema, para haber asumido la Fiscalía Nacional y no compartimos el juicio de que ella representaba la continuidad. Esa razón fue esgrimida por algunos senadores, pero desde el gobierno no la compartimos”, aseguró Uriarte en conversación con CNN.

En esa línea, también fue requerida sobre los senadores Iván Moreira (UDI) y Pedro Araya (independiente), quienes votaron en contra la nominación de Herrera, y si debieron inhabilitarse de votar. Esto, ya que Moreira fue parte de la investigación del caso Penta llevada a cabo por Herrera, mientras que Araya es pareja de la exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, también indagada por la fiscal por presunta desviación de gastos reservados de la policía uniformada.

“Al inicio de este proceso el senador (PS Fidel) Espinoza señaló que deberían inhabilitarse todos aquellos que tuvieran una situación pendiente ante las fiscalías. Pareciera que ese no fue un criterio aceptado por la gran mayoría de los senadores o de aquellos que tenían causas pendientes. No es una causal legal de inhabilitación, por lo tanto, queda a la conciencia de esos senadores. Son materias que quedan a la decisión de cada uno de ellos y es importante que cada cual se haga cargo de la transparencia y la situación que se encuentra frente a una decisión”, manifestó la secretaria de Estado.

Respecto a la solicitud planteada por el senador Araya de que Herrera debía renunciar al Ministerio Público, la autoridad afirmó que “una cosa es que no la hayan nombrado fiscal nacional, pero no sé por qué quisieran despedirla adicionalmente. Me parece que no amerita aquello porque nada más antes de ayer, el gobierno sostuvo que era una profesional de excelencia con una estupenda trayectoria (...) no veo por qué deba dejar la Fiscalía”.

Además, sobre las acusaciones de que Herrera ayudaría a “salvar” de una eventual formalización al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, situación posteada por el senador UDI Iván Moreira a través de su cuenta de Twitter, Uriarte dijo que “lo que dice el senador Moreira no es efectivo y creo que sus dichos parten de supuestos que no tienen sustento en la realidad, se extralimita en esta ocasión”.

Consultada por los dichos que realizó Marta Herrera respecto a la reunión que sostuvo el ex fiscal nacional, Jorge Abbott , con el exsenador UDI, Hernán Larraín -donde afirmó que este buscaba interceder por su par Iván Moreira solicitando una salida condicional en la investigación del caso Penta- la ministra Uriarte estimó que la acusación de la abogada es “compleja” frente a la opinión pública, descartó el carácter de “ilegal” de la cita realizada en diciembre de 2017, pero afirmó que según los estándares actuales “esa situación no es aceptada ni bien recogida por la ciudadanía”.

“Creo que la situación que la postulante Marta Herrera plantea, es una situación que termina por generar, efectivamente, una complejidad en cuanto a lo que el trasfondo de ese relato concluye, porque estamos hablando de una versión de una persona que habría sido testigo presencial de una solicitud que el exsenador y exministro de Justicia, Hernán Larraín, sostiene que fue solicitada por lobby, y lo que ha hecho Herrera es señalar su posición jurídica frente a esa solicitud”, dijo.

“Ahora, jurídicamente, se puede compartir o no, pero una cuestión que, indudablemente, queda en la retina y que yo creo que es un tema que tiene ante la opinión pública una complejidad, es que existe efectivamente esta situación de que a los fiscales nacionales se le pide entrevista para solicitarle determinadas acciones en la estrategia judicial. Yo creo que ese es uno de los puntos que un candidato a fiscal va a tener que comprometer que no va a realizar para que podamos tener una tranquilidad respecto de lo que viene ante los ojos de la ciudadanía”, afirmó Uriarte.

Sobre si le pareció inadecuada la reunión, la secretaria de Estado añadió que “la verdad de las cosas es que yo creo que los estándares de aquello que era aceptado y no aceptado, ha ido cambiando. Creo que en la época en que el exministro Larraín realiza la solicitud de lobby y se junta con el fiscal nacional, creo que en ese tiempo no generaba mayor duda ni era jurídicamente impropia, pero hoy día vamos a tener que aclarar los límites del actuar de autoridades de cualquier tipo frente al fiscal nacional.

“No todos los ciudadanos tienen acceso al fiscal nacional, pero lo que yo planteo es que en ese tiempo ni en este que estamos viviendo, esa actuación es ilegal, pero a mí me parece que de acuerdo a los estándares de hoy, esa situación no es aceptada ni bien recogida por la ciudadanía, por eso planteo, que tiene que haber un compromiso del futuro fiscal o fiscala en orden de la limitación del ejercicio de la comunicación con el fiscal nacional porque (...) creo que es indispensable que vayamos recuperando la confianza de la ciudadanía, en que no hay privilegios, confianza en que no hay conversaciones que puedan ser expuestas a la opinión pública. El estándar de recuperar credibilidad ante la ciudadanía hace que vayamos a ser muchísimo más estrictos”, afirmó por el comportamiento esperado de quien encabece el Ministerio Público.

La ministra Uriarte también fue consultada por la responsabilidad del Ejecutivo en los nombramientos. Cabe recordar que el primer nombre de La Moneda, José Morales, tampoco obtuvo los votos necesarios para quedarse con el cargo.

“Creo que es una situación muy seria y delicada. Tenemos casi 80 días sin una cabeza definitiva al mando de la fiscalía nacional. ¿Qué significa eso? Que todos los fiscales que postularon a este cargo e hicieron su presentación ante la Suprema, todos, incluso los que no quedaron, todos dijeron que la Fiscalía necesitaba modificaciones en su estructura, en las perspectivas de gestión y en ciertas organizaciones internas. Entonces eso es lo que necesitamos por una razón que es demasiado evidente y es que los temas de seguridad hoy en día tienen un carácter distinto al que tenían hace 8 años atrás, entonces día que pasa, es día que no se implementan los necesarios cambios que necesita la fiscalía para enfrentar el tema de mayor interés de la ciudadanía que es la seguridad”, aseveró la ministra.

“No estamos obligados a ningún nombre en específico. El presidente hará el análisis de las nuevas personas que conformen la quina que se va a presentar, porque en este minuto tenemos solo cuatro sobre la mesa”, afirmó sobre el favoritismo que tendría el Senado por el candidato Ángel Valencia.

Respecto a las acusaciones cruzadas de fracaso entre diversos poderes del Estado que participan en la nominación del fiscal nacional, Uriarte planteó que “más que los fracasos que se le puedan atribuir a la Corte Suprema, al Poder Legislativo, al Senado, o a nosotros como Ejecutivo, el problema es que aquí lo que está fracasando es una institucionalidad completa, le estamos fallando a un país completo que requiere tener una certeza respecto de quién va a conducir el principal órgano persecutor en Chile. Entonces eso es lo más preocupante y estamos empeñados en que se resuelva de la mejor forma posible y ojalá con total transparencia”.