Anticonceptivos fallidos: Diputadas de oposición presentan proyecto para facilitar reparación a mujeres que quedaron embarazadas

Bajo el nombre “Anticonceptivos fallidos”, las diputadas de oposición Camila Rojas (Comunes) y Camila Vallejo (PC) presentaron un proyecto de ley que tiene por objetivo facilitar el proceso de reparación a aquellas mujeres que quedaron embarazadas tras consumir estos fármacos deficientes.

Desde febrero de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP) ha notificado cuatro alertas debido a lotes de pastillas anticonceptivas fallidas, entre las que figuran Minigest 15, Minigest 20 y Anulette CD.

De acuerdo a un registro de la Corporación Miles -organización que trabaja para construir y promover el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos-, a la fecha 170 mujeres están en estado de gestación o dieron a luz producto de esta falla.

De ellas, quienes enfrentan un juicio buscando reparación por este hecho, están en medio de un juicio civil ordinario, el que puede durar 10 años. Por ello, el proyecto plantea tipificarlo como sumario.

“Lo terrible de la situación es que estas mujeres han tenido que enfrentar largos juicios debido a la legislación actual. Lo que queremos hacer con este proyecto de ley, es precisamente corregir esto, y que se pueda llevar a cabo un juicio sumario que es más simple”, explicó Camila Rojas, co-autora del proyecto.

Otras de las indicaciones es que se cambie la presunción de causalidad, ya que actualmente, las denunciantes son quienes deben demostrar que su embarazo fue producto de esta falla. “Nos parece que es absurdo, y creemos que debe ser el laboratorio el que demuestra que no hay causalidad entre el anticonceptivo fallido y el embarazo”, añadió Rojas.

El proyecto también eleva de 1.300 a 2.000 UTM el monto máximo de multas que puede aplicar el ISP -que ya han sido cursadas a los laboratorios Silesia y Andrómaco-, y establece el efecto retroactivo de la ley para aplicarla a los casos que se han detectado hasta ahora.

“Nos gustaría que pudiese ser una reparación directa a las mujeres, pero se va al erario fiscal. No tenemos las facultades de redestinar esos recursos”, añadió la diputada de Comunes.

Javiera Canales, directora Ejecutiva de Miles, aseguró que “ninguna de las afectadas ha sido oportunamente contactada por el servicio de salud pública para brindarle algún tipo de reparación, son mujeres que han sido abandonadas completamente por el Estado y por sus centros de referencia de salud y este proyecto de ley podría significar algún tipo de ayuda en el corto plazo”.

En ese sentido, la diputada Camila Vallejo, co-autora del proyecto, expresó: “Esto es necesario y urgente. Estamos hablando de mujeres que se cuidaron y tomaron una decisión libre y consentida de no tener hijos, lo que falló por los laboratorios”.

Víctor Torres (DC), miembro de la comisión de Salud que patrocinó la iniciativa junto a Maite Orsini (RD), Karol Cariola (PC), Miguel Crispi (RD), Claudia Mix (Comunes), entre otros; explicó que si se determina que la tasa de embarazo es mayor a lo descrito en el medicamento, obviamente esa falla dice problemas con el laboratorio de origen.

“El Estado chileno tiene la obligación de certificar el correcto funcionamiento de los medicamentos, y en este caso de las pastillas anticonceptivas, a través del ISP. Por esa razón es de toda lógica que si ha fallado en la fiscalización, también tenga que tener parte en la indemnización de esas mujeres afectadas”, agregó Torres.

Camila Rojas hizo hincapié en el compromiso del Estado a los derechos a la salud, sexuales y reproductivos y afirmó que el embarazo forzado “es una forma de tortura, y hoy hay 170 mujeres que no han tenido reparación ni tienen solución”.