Apostar por una “Constitución habilitante” y “escoger bien las batallas”: expertos oficialistas definen estrategia para contrarrestar a la oposición

La bancada oficialista de la Comisión Experta está en estado de alerta ante los resultados de las elecciones. Al igual que los partidos del Socialismo Democrático y de Apruebo Dignidad, los expertos del sector saben que la recta final del trabajo de la comisión estará marcada por la composición que adquiera el futuro Consejo Constitucional.

Por lo mismo, los comisionados están preparando la estrategia para enfrentar el último mes de la comisión ante la arremetida comunicacional y política que han asumido los comisionados de la derecha y ante la opción de que la izquierda sea minoría en los escaños del Consejo.

Para esas definiciones se reunieron de manera telemática durante el fin de semana. La cita -la cual fue moderada por la comisionada Verónica Undurraga (Ind.-PPD)- estuvo marcada por una reflexión en la previa a los comicios de este domingo 7 de mayo.

Lo primero que fue compartido por los comisionados presentes fue que varios de ellos comparten la sensación de que el domingo la victoria podría quedarse al frente, es decir, en las listas de candidatos de derecha -ya sea la de Chile Vamos o la del Partido Republicano- y en la nómina electoral del Partido de la Gente.

Pese a que fue compartido que el asunto representa una encrucijada para Chile Vamos, ante la irrupción de una derecha externa a ese pacto que ha dicho públicamente que no quiere una nueva Constitución, también representa un dilema para la izquierda.

Pese a que algunos comisionados del sector no son tan pesimistas -debido a lo incierto de un escenario electoral con voto obligatorio y con un alto desinterés ciudadano-, el comentario generalizado fue que si triunfan los candidatos de la oposición, la discusión en la comisión será aún más compleja.

Esto último adquiere especial relevancia si se considera que hay varios debates de fondo que están pendientes de resolverse en la discusión en particular de las enmiendas, como por ejemplo la incorporación de nuevos derechos, la paridad, escaños indígenas y mejoras a la regulación del Estado social y los derechos sociales.

Es por eso que durante la cita por Zoom, los comisionados tuvieron un ajuste de expectativas. Fuentes conocedoras del tono del debate comentan que ante la constatación de que sean “las ideas de derecha” las que se lleven la mayoría de los escaños, se dijo que hay que “escoger bien las batallas” y “diseñar una estrategia realista”.

En esa línea, las mismas fuentes comentan que la gran conclusión de la reunión fue que el oficialismo debe “jugársela por una Constitución habilitante”. El planteamiento no es nuevo en el sector. De hecho, es parte del acuerdo constitucional previo que tomaron los partidos de la alianza de gobierno.

La lógica es la siguiente. Si no logran aprobar en el pleno sus ideas -debido a que para eso necesitan al menos dos votos de derecha para conseguir los 3/5- al menos hay que conseguir que esas ideas no sean inconstitucionales. Eso implica lograr un texto constitucional “que abra puertas” y que “habilita a que el Congreso pueda legislar”.

Por ejemplo, si no se logran los 3/5 para incluir la paridad, al menos se debe conseguir que esa idea pueda tener espacio en el futuro si se logra tramitar una ley que la implemente y que esa eventual futura legislación no sea bloqueada por la Carta Magna.

El punto más álgido de ese objetivo tiene lugar en la subcomisión de derechos sociales. Es aquí donde comisionados como Alexis Cortés (PC) han repetido -una y otra vez- que si se busca una Constitución habilitante, el inciso del derecho a la salud que establece la libertad de elección entre un régimen de salud privado y uno estatal es incompatible con ese propósito.

El oficialismo ha dicho que ese inciso “constitucionaliza el modelo de las isapres”. En privado algunos comisionados de izquierda transmiten que ese inciso prohibiría algunas políticas públicas que sí existen en Estados sociales europeos en que el Estado es el único administrador de las cotizaciones obligatorias de salud para así, por ejemplo, incorporar la solidaridad en el financiamiento.

En la reunión telemática también se analizaron otras formas de coordinación del sector, por ejemplo, definir una estrategia comunicacional y establecer vocerías. Sin embargo, según precisan en el bloque, aún no hay definiciones al respecto.

Este lunes, la previa a las elecciones fue comentario obligado en los pasillos del Congreso en Santiago. Consultados por este tema, algunos sectores del oficialismo optaron por la mesura. “Lo primero que tendremos que hacer es reflexionar sobre quiénes serán las fuerzas políticas que logren mayor representación en el Consejo para luego establecer con cuáles fuerzas la centroizquierda puede dialogar y formar nuevos entendimientos. Lo importante es que ningún sector que no tenga aprecio por los valores democráticos se imponga”, afirmó la comisionada Leslie Sánchez (PL en cupo PPD).

Otras voces remarcaron lo relevante de lograr el piso mínimo de una Constitución habilitante. “Yo creo genuinamente que todos los que estamos en este comisión tenemos el real interés de tener una nueva Constitución. Entonces cuando llega un grupo que ha dicho en todos los idiomas que no quiere una nueva Constitución, lógicamente tiene que preocuparnos”, comentó la comisionada Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS).

Fuenzalida luego añadió: “Por eso para nosotros es importante dejar una Constitución habilitante. Si bien no vamos a renunciar a ninguna lucha y no nos vamos a automarginar del proceso, no podemos desconocer que una llegada de republicanos implicaría borrar algunas de las cosas que estamos queriendo hacer. En ese sentido, la principal reflexión es avanzar hacia normas de una Constitución habilitante que no genere ideas que luego sean inconstitucionales”.

En esa misma línea, la comisionada Paz Anastasiadis (DC) fue enfática en reforzar que ante “la posibilidad de que el Consejo termine conformado de forma muy distinta a la comisión” se hace aún más apremiante “desarrollar normas transversales que reflejen acuerdos que representen a todos los sectores”.

“Lo que nos tiene que distinguir de la Constitución vigente y del proceso anterior es generar normas que le permitan a cualquier gobierno poder plantear su política pública, someterla al debate democrático y que sean las fuerzas del Congreso las que decidan lo mejor para el país”, concluyó Anastasiadis.