Asesinato del teniente Sánchez recrudece crisis de seguridad y profundiza cuestionamientos a La Moneda

El asesinato del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, durante la noche del miércoles, en Quinta Normal, en medio de una balacera luego de que sufriera un robo junto a su familia, puso en alerta de inmediato al Presidente Gabriel Boric y a los ministros del comité político.

La primera en referirse al tema fue la ministra del Interior, Carolina Tohá -quien se puso en contacto a esas horas con el Mandatario y Carabineros-. Pasada la medianoche, la jefa de gabinete -quien durante la tarde de este jueves asistió con el Mandatario al velorio del teniente en la Iglesia de Carabineros- escribió un mensaje en su cuenta de X en el que entregó condolencias a la familia y a la institución.

Boric, en tanto, optó por referirse al caso a primera hora de este jueves cuando encabezó -junto a Tohá y la ministra de Obras Públicas, Jessica López- la ceremonia de la primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Policial de la PDI.

“Emmanuel fue un hombre valiente que no dudó en actuar para proteger a quienes más lo necesitaban. Enviamos un abrazo fuerte, firme a su señora, a su familia, a su hijo, a sus amigos y, por cierto, a la institución de Carabineros de Chile”, dijo el Mandatario, agregando que se trató de un “vil asesinato”.

Y agregó, de forma enfática, que “tengan claro que tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen, lo que ya tiene consecuencias. Hay cuatro personas detenidas, además de una persona que fue abatida también por el teniente Sánchez en medio del intercambio que se dio el día de ayer”.

Así, Boric -como en otras ocasiones- subió el tono y aseguró que “en Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar (...). Y es que deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por un segundo y que son más las fuerzas que nos dan como Estado a nuestras policías, al gobierno, pero a toda la sociedad para seguir persiguiendo con fuerza la delincuencia que no nos va a ganar esta batalla”.

La intervención del Presidente generó confusión en relación a que, en su declaración, confirmó que “hay cuatro personas detenidas”. Sin embargo, eso fue precisado más tarde y se hizo alusión a que correspondían a personas sospechosas que habían sido “retenidas”.

Más allá de eso, otros personeros de gobierno salieron a condenar el hecho. Tohá aseguró que “para el gobierno, para Carabineros, para los chilenos y las chilenas, es un enorme dolor. Y así como es un dolor, es un desafío, porque el teniente Sánchez murió defendiéndose y defendiendo a los suyos, pero nosotros ahora tenemos que seguir esa labor”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por su parte, también condenó los hechos y fue el encargado de transmitir la información sobre los sospechosos del asesinato que fueron retenidos durante la madrugada del jueves.

La noticia pegó duro en el gobierno y sus intentos por sacar adelante la agenda de seguridad, ya que nuevamente puso en jaque las diferencias de opinión que hay sobre la materia en el oficialismo, en donde hay sectores -como el Frente Amplio y el Partido Comunista- que ven con preocupación que las tragedias polarizan más las medidas para controlar la ola de violencia. Y, por el otro lado, han recrudecido las críticas desde la oposición.

En el Congreso la derecha fue dura con el gobierno tras el asesinato de Sánchez, cuestionando las políticas de expulsión de migrantes irregulares.

Es más, la bancada de diputados de Renovación Nacional difundió una declaración en la que pidió la renuncia de Tohá, del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD), y también del director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer (Convergencia Social).

“La crisis de seguridad que atraviesa nuestro país suma un nuevo capítulo lamentable con la muerte del Teniente Emmanuel Sánchez Soto, quien de acuerdo a los principios y valores de Carabineros de Chile, perdió la vida actuando en defensa de su familia y terceros en la comuna de Quinta Normal. El Teniente Sánchez es un nuevo mártir de Carabineros durante el presente gobierno, muerte que nuevamente tiene participación de ciudadanos extranjeros en condición irregular en nuestro país”, decía el escrito.

Además, desde la bancada aseguraron que “el Presidente Gabriel Boric tiene el deber constitucional y moral de evaluar la continuidad de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y definitivamente remover de sus cargos al subsecretario de Prevención del Delito y al director Nacional del Servicio de Migraciones. Estos últimos han sorteado el escenario más nefasto de Chile en las áreas propias de sus servicios, sin ningún tipo de responsabilidad con la complicidad del Jefe de Estado y de la ministra del Interior y Seguridad Pública, quienes, recordamos, tienen el deber constitucional y legal de velar por la seguridad y el orden público interior”.

La jefa de bancadade RN, Ximena Ossandón, añadió que “tanto el control migratorio como la seguridad pública en su conjunto, dependen del Ministerio del Interior. El Presidente, que según la Constitución es el responsable de la seguridad, debe cambiar los equipos de iInterior”.

Y su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, por su parte, sostuvo que “ante la grave crisis de seguridad, el gobierno no puede seguir titubeando. Debe respaldar al general Yáñez para que Carabineros se pueda concentrar en enfrentar el crimen organizado, y la ministra Tohá debe retirar este beneficio para migrantes que se tramita en las famosas RUF, reglas de uso de la fuerza”.

El senador Javier Macaya, presidente de la UDI, manifestó que “la situación es insostenible. El teniente Emmanuel Sánchez fue asesinado por delincuentes a la vista de su familia. El Presidente Gabriel Boric debe ponerse a la cabeza del combate al crimen, como su máxima prioridad y con mano firme (...). Llevamos demasiadas solicitudes de que personas renuncien y den un paso al costado, implorando medidas. La verdad es que no podemos seguir normalizando estas situaciones”.

Y agregó: “No sacamos nada en caer en reproches y recriminaciones cruzadas. Lo que pedimos al gobierno es agilizar el despacho de las reglas de uso de la fuerza. En segundo lugar, necesitamos asesoría legal gratuita para nuestros carabineros”.