Asume “falla administrativa”: exseremi del Maule dice que firmó convenio “sin percatarse” de vínculo con la fundación donde trabajó

Rodrigo Hernández (RD) asumió como Sermi de Vivienda del Maule, en abril del 2022. Antes trabajó siete años en Urbanismo Social.
Rodrigo Hernández (RD) asumió como Seremi de Vivienda del Maule, en abril del 2022, hasta julio de 2023. Antes trabajó siete años en Urbanismo Social.

Aunque aseguró su inocencia en el caso, Rodrigo Hernández (RD) afirmó que cometió “un error que no puede permitirse en este contexto".


Durante la noche de este viernes, el ahora ex seremi de Vivienda de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, abordó su salida desde la repartición pública y aseguró que firmó un convenio “sin percatarse” del vinculó con la fundación donde trabajó previamente.

Hernández había sido asesor jurídico de la ONG Urbanismo Social, beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que se desempeñaba hasta este viernes como seremi.

En diciembre de 2022, la repartición regional cerró un contrato por $ 89 millones con Urbanismo Social, ocho meses después de que el militante RD pasara de la fundación a la oficina de gobierno. Además, entre octubre y noviembre, esta misma ONG se adjudicó contratos por más de $ 577 millones con la Seremi de Antofagasta.

En ese sentido, a través de una declaración pública, Hernández agradeció al Presidente Gabriel Boric y también al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien comunicó la solicitud de renuncia durante esta jornada, además de anunciar un sumario administrativo completo.

Hernández manifestó que tiene “tranquilidad absoluta” en que las suspicacias sobre los convenios suscritos se dilucidarán con los antecedentes que fueron entregados a las autoridades.

En esa línea, aseguró que “no sólo no he intervenido en ninguna parte del proceso que se haya llevado a cabo para la suscripción de convenios asociados a la Fundación (Urbanismo Social) en la que trabajé antes de ser autoridad, sino que el equipo de la región, compuesto por funcionarios de carrera, han asumido en todo momento que mi inhabilidad y deber de abstención e imparcialidad, se debía ejercer de manera preventiva y automática. En razón de lo anterior, siempre se ha asegurado un alto nivel ético y de probidad, que por cierto no sólo dependen de mi voluntad, sino de los altos estándares que tienen los funcionarios de este ministerio”.

“Sin perjuicio de lo anterior, debo hacerme cargo de la razón que incide en la responsabilidad política que me asiste”, afirmó la ex autoridad, quien detalló que dentro de la Seremi de Vivienda y Urbanismo “existen sistemas de registro donde se inscriben diversas entidades, como contratistas, consultores y entidades patrocinantes. Estos registros no suponen, en ningún caso, ni una contratación directa, ni una asignación directa de recursos de parte de la Seremi, en absoluto. Se trata, simplemente, del registro que se hace de entidades que se habilitan para poder presentar proyectos, que pueden aprobarse, o rechazarse eventualmente”.

“El 24 de noviembre de 2022, firmé la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en ese registro, sin percatarme de que se trataba de una entidad dependiente de la Fundación en la que trabajé; entidad que por cierto cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria en materias de vivienda y urbanismo”, continuó Hernández en su misiva pública.

Respecto a lo que calificó como una “falla administrativa”, Hernández hizo un mea culpa y estimó que “soy consciente de que debí prestar atención a dicha renovación, y pese a que dicha renovación de vigencia no supone ninguna clase de transferencia directa de recursos de ninguna naturaleza (...)”.

Quiero ser enfático en que esta circunstancia se trata de una falla administrativa que asumo total y exclusivamente yo, a título personal, y que, al ser la jefatura máxima de la Región del Ministerio, más aún en un contexto de desconfianza hacia la relación del Estado con la sociedad civil, resulta del todo necesario responder con mi responsabilidad política, que no puede ni debe extenderse al resto del servicio público”, añadió el también militante de Revolución Democrática (RD).

“Se trata en definitiva, de un error que no puede permitirse en este contexto, y que motiva además mi indeclinable compromiso con el esclarecimiento de cualquier irregularidad, por lo que estaré, como corresponde, a disposición absoluta de toda investigación necesaria, tal y como ha sido hasta el día de hoy”, señaló.

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