“Autoridades, funcionarios y personas citadas están obligados a asistir”: Contralor cita norma que deja “sin piso” a Miguel Crispi

Era algo que Contraloría venía analizando internamente, desde el miércoles 11 de octubre: las excusas del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), para no asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones sin fines de lucro. Y durante la jornada de este lunes 16 de octubre, dejó caer una crítica mirada sobre esta decisión del gobierno.

El 2 de octubre fue la primera citación que la comisión hizo a Crispi, la cual no respondió. Después, para el 12 de este mes fue nuevamente requerido; sin embargo, el jefe del Segundo Piso se excusó, ahora por escrito.

El argumento del gobierno, el cual también ha salido a explicar el ministro de Justicia, Luis Cordero, se basa en que Crispi está contratado bajo la modalidad de honorario y no contrata, lo cual, en la práctica, no lo hace funcionario público. En el Congreso, sin embargo, rechazan este argumento y, por lo mismo, pidieron que Contraloría se pronunciara formalmente.

El contralor Jorge Bermúdez explicó que, si bien el oficio ya está en trámite, se pedirá ahora la versión del propio jefe de asesores del Segundo Piso, pero hizo un punto. “Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar, es decir dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones; eso, independiente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”, señaló, y agregó que a Crispi se le pidió que “diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión y por qué no estaría sometido a este control propio de un Estado democrático”.

Es que quienes han conocido el proceso de análisis de Contraloría respecto de este caso advierten que hay un elemento clave: la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (18.918). Se trata de la norma que regula quiénes y por qué deben asistir a las comisiones del Congreso, siendo su artículo N° 54 el que más se está analizando para despejar a qué debería atenerse Crispi.

En este artículo, primero, se expone sobre la cantidad de veces que deben concurrir los ministros, pero también se señala que “las autoridades, los funcionarios y las personas citadas conforme a lo anterior, estarán obligados a comparecer a la sesión fijada por la comisión. Asimismo, dichas personas deberán suministrar los antecedentes y las informaciones que les solicite la comisión”.

Además, se agrega que “las solicitudes de antecedentes serán dirigidas al ministro o al jefe superior del servicio a cuyo sector o ámbito de competencias correspondan las informaciones solicitadas. Tratándose de las empresas del Estado o de aquellas en que este tenga participación mayoritaria, la solicitud se dirigirá a quienes corresponda su representación legal”.

En el ente contralor advierten que todo está sujeto a interpretación, sin embargo, los abogados que conocen la norma explican que “funcionario” se entiende cualquier persona que preste servicios a honorarios, contrata o planta. Además, que lo relativo a los dictámenes que cita Crispi, esos apuntarían “única y exclusivamente” a lo que tiene que ver con la relación laboral entre personas y el Estado.

Contraloría ingresará la consulta formal a Crispi durante las próximas horas, en que le pide conocer su versión sobre las razones de su negativa a comparecer a la comisión. Lo que responda será fundamental para lo que en el futuro zanje el ente contralor.

Pero el contralor Bermúdez no solo complicó al gobierno, apuntando directamente al Segundo Piso de La Moneda, sino que también a la Dirección de Presupuesto (Dipres), dirigida por Javiera Martínez (RD).

El contralor hizo una presentación de 29 páginas ante la comisión, en que mostró un comparativo sobre los controles en la entrega de fondos públicos a las fundaciones en 2022 y 2023.

El año pasado, explicó Bermúdez, el requisito era que se transfiriera a “fundaciones o corporaciones privadas sin fines de lucro con personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años con competencia en las tipologías indicadas”, algo que para este 2023 no fue incorporado y solo se consignó: “Instituciones privadas sin fines de lucro”.

Bermúdez, sutilmente, se preguntó: “¿Hay menos control? Es muy objetivo el requisito de los años y la experiencia que se detallaba. Eso no existe hoy día”. El contralor se dejó caer.

Las declaraciones del contralor fueron tema obligado en Palacio. Durante la tarde, la ministra del Trabajo Jeannette Jara -quien por estos días también se desempeña como vocera de gobierno, en ausencia de Camila Vallejo- señaló que el Ejecutivo está “plenamente disponible para responder todas las consultas que traslade el contralor a partir de todo el tema que se ha suscitado de la discusión sobre si debe concurrir o no y estaremos disponibles a lo que el contralor, con todo los antecedentes a la vista, pueda resolver”.

Jara también apuntó a que “revisados los casos anteriores (...), sí podemos encontrar un caso que en el año 2015, la jefa de gabinete de la Presidenta en ese entonces, fue citada a declarar a un caso dentro de la comisión investigadora, pero esta misma, en atención a verificar la situación particular de los funcionarios que ejercen su trabajo, el rol de las personas que trabajan en presidencia, determinó enviarle un cuestionario por escrito”. Aunque no la mencionó, la secretaria de Estado hacía referencia a la exministra Ana Lya Uriarte, quien trabajó con la expresidenta Michelle Bachelet.

Horas más tarde, el titular de Justicia, Luis Cordero, reforzó el punto. “Si el contralor dictamina que las personas que prestan servicio en la Presidencia están sujetas a las mismas obligaciones de rendición que todo el resto de los funcionarios y las autoridades, significa, por lo tanto, que la Presidencia de la República pasa a tener el mismo estatuto, cosa que hasta ahora ha sido tratado de modo distinto”, advirtió.

Añadió que “lo que se dictamine en este caso no solo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino que para cualquier presidencia que se suscite en el futuro. En términos sencillos: el ejercicio intelectual que cualquiera debiera realizar, incluida la oposición, es que, más allá de la situación de Miguel Crispi, si se fijara un estatuto equivalente en el caso de la Presidencia que del resto de las instituciones públicas, entonces todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del Segundo Piso, de administraciones pasadas y futuras, debieran comparecer a las comisiones investigadoras con los efectos que eso provoca”.

Como sea, dentro del propio oficialismo han aparecido nuevas presiones. Por ejemplo, el diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que “les diría a las ministras Jara y Tohá que no dinamiten su capital político poniendo las manos al juego por un funcionario de mediano rango como Miguel Crispi. Cuando se ponen las manos al fuego, tratándose de casos de corrupción, es posible que esas manos terminen quemadas y no queremos, ministros ni altos funcionarios de gobierno, políticamente con las manos quemadas”.

A eso se suma que la bancada de diputados del Partido Republicano adelantó que rechazará la partida de Presidencia en Presupuesto 2024 si Crispi no comparece ante Comisión Investigadora. “Tiene que venir a dar la cara (...) o renunciar. Tiene dos opciones, pero no puede seguir manteniéndose por sobre la lay. Se cree superior ya sea por ser mano derecha del Presidente Boric, por ser fundador de Revolución Democrática o por ser amigo de Giorgio Jackson, pero esta situación es insostenible”, argumentó la diputada Chiara Barchiesi (republicana).