Bancada republicana pide a Contraloría indagar si honorarios de los abogados de Boric son pagados con fondos públicos

La bancada de diputados del Partido Republicano envió un oficio a la Contraloría General de la República para que indague si los honorarios de los abogados personales del Presidente Gabriel Boric son pagados con recursos públicos.

Los abogados personales del Mandatario han adquirido notoriedad esta semana, luego de que se diera a conocer que existía una denuncia en su contra por presunta difusión de imágenes íntimas de una mujer con la que compartió mientras hacía su práctica profesional en Magallanes.

Jonatan Valenzuela es el jurista que asumió la defensa de Boric en la citada causa judicial, mientras que el abogado Miguel Schürmann fue el primero que tomó conocimiento de la denuncia mediante un procedimiento de búsqueda que realizaría diariamente con el RUT del Presidente en el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU).

Este último procedimiento motivó al Ministerio Público a abrir una investigación para determinar cómo un tercero ajeno a la Fiscalía pudo obtener información de una causa reservada.

Al respecto, el diputado Agustín Romero -a nombre de la bancada republicana- sostuvo que “es inaceptable que los recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos puedan estar siendo utilizados para financiar la defensa legal del Presidente Boric, en hechos que nada tienen que ver con su investidura, ni con sus funciones públicas”.

“Por eso hemos solicitado a la Contraloría General de la República una investigación exhaustiva, porque los principios de probidad y transparencia no son opcionales. La ciudadanía no merece dudas ni abusos en el manejo de su dinero”, explicó.

En el documento enviado a la Contraloría, el legislador pidió al ente fiscalizador “indagar y determinar la naturaleza y ámbito de la asesoría profesional de los abogados aludidos, si la misma abarca causas o hechos de índole personal ajenos al ámbito público, al de su autoridad y/o investidura del Presidente de la Republica”.

En esa línea, se solicitó que se investigue “si los pagos de honorarios señalados en el cuerpo de este oficio, son costeados con recursos personales de don Gabriel Boric Font, o provienen de fondos públicos, y en este último caso, cuáles son los términos de su contratación y qué beneficios obtiene el Estado”.

Asimismo, el documentó insta a la Contraloría a aclarar si “tales prácticas se ajustan a los principios de probidad, transparencia y legalidad, así como también, sobre la licitud de financiar servicios de defensa jurídica por hechos particulares cuyo origen se encuentra, según ha trascendido en los medios de comunicación, antes de la investidura presidencial”.