Bancada RN pide al CDE interponer acciones penales tras conocerse nuevos antecedentes por caso Democracia Viva
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
Este jueves, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE), encabezado por Raúl Letelier, para que el organismo ejerza las acciones penales procedentes luego de que durante esta jornada se conocieran nuevos antecedentes del caso Democracia Viva.
En concreto, esta tarde se conoció la declaración del secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), el abogado Edson Dettoni, quien en el marco de la diligencia que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta aseguró que la diputada Catalina Pérez sabía de la entrega de recursos fiscales a Democracia Viva, la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade (exRD), por parte de la Seremi de Vivienda de la región, por un total de $426 millones.
Debido a los antecedentes que se dieron a conocer, los diputados de RN, encabezados por el jefe y la subjefa de bancada -Frank Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, respectivamente-, pidieron al CDE que busque responsabilidades penales respecto de la fundación “que se adjudicó más de 400 millones en un conjunto de actuaciones que podrían encubrir los delitos de tráfico de influencias, cohecho o fraude al fisco”, argumentan en el oficio.
Además, y con respecto a la declaración que entregó Edson Dettoni al Ministerio Público, los congresistas señalaron en el documento que “se evidencian en el proceso investigativo una serie de diligencias cuyos resultados oficiales darían cuenta de delitos en los que estaría involucrada la integridad del patrimonio fiscal y se habría transgredido la probidad funcionaria, antecedentes todos que pueden ser conocidos por este Consejo de Defensa del Estado en mérito de lo dispuesto en su Ley Orgánica”.
“Dicha norma obliga al Ministerio Público a colocar en conocimiento de este Consejo los antecedentes sobre delitos que pudieren requerir su intervención, al mismo tiempo que faculta al Consejo para requerirlos. Sin duda en el caso ‘Democracia Viva’, tal como en los restantes casos de posible corrupción del denominado episodio ‘convenios’ o ‘fundaciones’ existe un interés público a proteger y especialmente el patrimonio público como bien jurídico afectado”, agrega el oficio.
Los diputados de RN también señalaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo este Consejo de Defensa del Estado no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes”.
Debido a lo anterior, le solicitaron a Letelier impulsar acciones en resguardo del interés fiscal de arribar a la convicción que existe participación punible de los funcionarios públicos involucrados, requiriendo incluso el desafuero si ello fuere procedente.
Oficio a la Fiscalía
Esta es la segunda arremetida de los congresistas de RN en el marco de este caso durante la jornada, ya que también se envió un oficio al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala Gutiérrez, para que se acelere la investigación, se cite a declarar a la diputada Catalina Pérez y se inicien formalizaciones por el caso Democracia Viva. El documento lo firmaron los parlamentarios Frank Sauerbaum, Marcia Raphael Mora, José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán, Paula Labra, Miguel Becker, Miguel Mellado y Camila Flores.
“A pesar de los esfuerzos y de las gestiones que ha desarrollado la Fiscalía para esclarecer los evidentes hechos de corrupción que encierran las transferencias a la Fundación Democracia Viva y otras en el marco del Programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cierto es que a la fecha no conocemos de formalizaciones ni de medidas cautelares que afecten a quienes habrían tenido participación punible en los hechos”, se lee en el oficio enviado al fiscal Ayala.
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