Boric propone a Marta Herrera como nueva fiscal nacional, pese a advertencias de senadores

Pasadas las 18.30 horas ya no quedaba ningún senador en los pasillos del Congreso.

Minutos antes, los legisladores comenzaron a retirarse, algunos resignados y otros molestos, porque el Presidente Gabriel Boric aún no enviaba a esa hora su nueva carta para fiscal nacional. Se trataba de una de las nominaciones más importantes de la actual administración en vista de la relevancia que tiene la jefatura del Ministerio Público en el combate de la delincuencia, hoy la principal prioridad de la ciudadanía.

El suspenso por parte del Mandatario, que solo tenía plazo hasta las 23.59 horas para ingresar el oficio y que ya sufrió un revés en su primera nominación para el cargo, terminó a las 18.48 horas, cuando La Moneda, a través de un comunicado, informó que la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera Seguel, era su carta para conducir la institución persecutora.

Luego de que el viernes pasado el gobierno fuera notificado por la Corte Suprema, algunos legisladores esperaban que el Ejecutivo diera cuenta de la nominación en una de las sesiones de este miércoles -a las 12.00 y a las 15.00-, lo que no ocurrió.

La demora generó inquietud y aumentó la molestia en algunos legisladores, que consideraban que lo deferente y oportuno hubiera sido que el oficio se presentara en horario del trabajo legislativo. Incluso, ello alimentó suspicacias de que la postergación se debía a diferencias en el gobierno sobre los nombres de la quina.

Durante la tarde -desde el Congreso-, la ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó despejar las sospechas. “No se ha demorado tanto, hay unos plazos que son bastante cortos... No nos gusta jugar al misterio”, dijo.

El problema es que la decisión del Ejecutivo enfrenta un complejo panorama en la Cámara Alta -donde se requiere del consentimiento de 33 senadores-, pues contraviene las advertencias que les habían hecho la mayoría de las bancadas (salvo la de Apruebo Dignidad y la del PPD) a las ministras Ana Lya Uriarte (Secretaría General de la Presidencia) y Marcela Ríos (Justicia).

¿La razón? Entre senadores de distintas corrientes políticas se había llegado a un criterio de que la nueva jefatura del Ministerio Público no podía ser una carta de “continuidad” del exfiscal nacional Jorge Abbott, de quien existe una mala evaluación de su gestión. Con esos reparos, Herrera, quien fue asesora estrecha de Abbott, quedaba en la lista de nombres vetados por el Senado.

De hecho, ella era la carta original de Boric y de su grupo político cercano, pero el veto explícito a Herrera llevó al gobierno a proponer a José Morales Opazo, quien igualmente terminó siendo rechazado por el Senado el pasado 30 de noviembre, hito que pasó a la historia, por ser la primera vez que el Congreso desecha una nominación del Presidente para fiscal nacional.

Según fuentes oficialistas en la anterior proposición, el Ejecutivo había actuado con una visión pragmática sobre la base de un cálculo errado de que Morales contaría con los 33 votos necesarios en el Senado.

Por ello, algunos legisladores del PPD, del PS y de Apruebo Dignidad, donde ven a Herrera más cercana ideológicamente y con menos conflictos de interés que otros postulantes, le habían sugerido al gobierno actuar ahora con “convicción”, a pesar de que el riesgo de perder es alto.

De partida, en la derecha, que necesariamente debe facilitar algunos votos, es difícil que le dé su venía a la nueva carta para fiscal nacional. Por lo mismo, transmiten que la decisión de Boric busca desafiar al Congreso. Como contraparte, los partidarios de Herrera sostienen que tras el rechazo de Morales, el Senado tiene menos espalda para oponerse a la proposición presidencial, más aún siendo una mujer la candidata.

“Es una decisión absolutamente irresponsable y casi infantil. Y además de eso pone en riesgo nuevamente la figura de la ministra de Justicia. Ya cometieron un error en ese primer proceso, y no tienen los votos para una aprobación en esta segunda instancia. El gobierno se equivoca absolutamente”, manifestó el senador UDI David Sandoval, dando cuenta del malestar que provocó la nominación de Herrera.

Y agregó: “Este nombre chocará con la realidad. ¿Esto qué implica? Una nueva propuesta de forzar a la Corte Suprema con un nuevo concurso. Llenar una nómina de los cinco postulantes con un nombre alternativo del gusto del gobierno”.

La senadora del FREVS, Alejandra Sepúlveda (Apruebo Dignidad), señaló que su colectivo veía “con buenos ojos” el perfil de Herrera, pero admitió que “a esta hora de la tarde no genera consenso”.

El senador DC Iván Flores, en tanto, si bien dijo que se allanaba a apoyar a Herrera, agregó que “hay un riesgo en la apuesta que hace el gobierno”.

El listado de cinco nombres que tenía el Presidente estaba compuesto, además, por el abogado penalista Ángel Valencia y los fiscales regionales Carlos Palma, Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez.

Dentro de esa nómina, las bancadas del PS, la UDI, RN y el Partido Demócrata tenían preferencias por Valencia y Palma, por lo tanto, al proponer a Herrera, Boric también desestimó esas recomendaciones.

Incluso, Valencia era la carta que promovían los cinco integrantes de la Comisión de Constitución (la instancia especializada del Senado), que el próximo lunes escuchará a Herrera a partir de las 11 horas, antes de que la sala de la Cámara Alta proceda a su votación final.

En el gobierno explicaron que pese a las reticencias que el Senado les transmitió expresamente, el nombre de Herrera era considerado menos distante que el resto de la sensibilidad del Ejecutivo. Además, el Presidente estaba interesado en que fuera una mujer la que liderará el Ministerio Público.

Pero lo más relevante en el cálculo de Palacio fue que creen que la Cámara Alta no se atreverá, nuevamente, a rechazar un nombre propuesto por el Jefe de Estado, lo que dejó entrever, luego de que saliera el comunicado, la ministra Uriarte.

“Es una postulante que ha sido nominada por la Corte Suprema como una de las posibles fiscales nacionales y el Presidente ha estimado que ese es el nombre que podría conducir la Fiscalía Nacional con fuerza y decisión, con un mandato que a propósito de lo que fue su propia presentación en la Corte Suprema es posible señalar que es un mandato con nuevos bríos, con nuevos enfoques y que se ajusta a lo que el país hoy necesita”, afirmó.

Y agregó: “Esperamos -por cierto- que si el Presidente envía por segunda vez un nombre para aprobación del Senado, ojalá que el Senado considere esta circunstancia. Entendemos no debiera haber un rechazo. O una situación de disconformidad, puesto que es un nombre que cumple los atributos (...). La responsabilidad de que la fiscalía cuente con un titular a su cabeza (…) está en las manos del Senado”.