Comisión de Seguridad de la Cámara continúa debate sobre proyecto de usurpación ilegal de inmuebles

A eso de las 15.00 horas de este lunes, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó con la discusión en general del proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario, tras haber sido despachado por el Senado el pasado 9 de mayo.

Previo al comienzo del debate legislativo, se realizó una presentación de la mano del arquitecto y consejero nacional de desarrollo urbano, Iván Poduje, quien se refirió a los terrenos que han sido usurpados por aquellos que calificó como “traficantes de suelo”, los que serían “personas que tienen una organización para tomar las tierras, las lotean y luego las venden”.

De acuerdo al arquitecto, usarían maquinaria pesada, trazarían las calles con arquitectura, “hacen operaciones de loteo e instalan familias para evitar el desalojo y luego arriendan o venden los terrenos restantes”. Diferenciándolos de lo que corresponde a las tomas o campamentos “tradicionales”, que crecen por necesidad y sin una distribución ordenada, señaló.

Tras ello, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva hizo el punto en que esto ocurriría porque “la política habitacional va mucho más lento, y nuestro Código Penal también”, por ello, dijo estar de acuerdo en que “hay que aprobar el tipificar y sancionar con pena corporal el delito de usurpación”.

Asimismo, recalcó que hay una “problemática compleja” en que el delito de usurpación “no solo tiene el sentido que originalmente uno podía precaver, que es ocupaciones ilegales en la Macrozona Sur, sino que es una problemática que se extiende en todo el país”.

“Por eso hacer el punto en lo que nosotros tenemos que hacer es reforzar el Estado de derecho y repeler la autotutela”, agregó.

Por su parte, el diputado de RN, Diego Schalper, señaló que “hay ciertos sectores que hacen una especie de romanticismo con esto y no son capaces de distinguir la situación puntual de algunas familias a verdaderas bandas organizadas que hacen de esto una actividad de crimen organizado y han hecho de esto una industria con fin de lucro, estafas, gente perjudicada”.

En ese sentido, aseveró que “habría que introducirle indicaciones pensando en esa lógica, no hay que penalizar solamente la usurpación en sí, acá hay una cuestión mucho más profunda”.

“Nos estamos quedando totalmente cortos, no estamos hablando de una persona concreta que va y usurpa un bien raíz. Aquí estamos hablando de una cosa profundamente compleja, de bandas organizadas de delitos conexos”, afirmó.

La parlamentaria del PC, Alejandra Placencia, puntualizó en lo mismo que Schalper y pidió hacer una “clara distinción” entre “aquellos privados que promueven la ocupación para hacer negocio con el Estado de aquellos que son realmente usurpados, como en el caso de la familia de Valentina Correa, con las características además que cuenta y que son absolutamente inaceptables”.

Bajo ese contexto, insistió en que “es el Estado el que debe tener herramientas para actuar no solo en un futuro largo sino que muy a tiempo”, y que es necesario hacer dicha distinción “porque sino esto también podría ser, de no verlo, podríamos también estar asegurando el negocio de aquellos que ven una oportunidad de negociar con el Estado, y me parece que eso no es aceptable tampoco”.

Finalmente, Placencia se refirió a que “existe una cantidad importante de campamentos y familias que no quieren vivir de ese modo, pero que frente a la inacción del Estado y la imposibilidad del Estado de resolver adecuadamente, por supuesto que toman estas decisiones que, yo no justifico, pero las entiendo perfectamente y así hemos visto que históricamente por necesidad de vivienda social hay muchas familias que lamentablemente viven en campamentos”.

Bajo esa línea, solicitó que se pudiera tener una comisión conjunta junto a Vivienda, argumentando que “no se puede ver solo desde el punto de vista penal, aquí hay una arista que también se está haciendo levantando, y es la necesidad de modificar los procedimientos, de actualizar la legislación en el ámbito de lo que es la ley general de urbanismo y construcción”.

Finalmente, la comisión resolvió enviar un oficio al Municipio de San Antonio para explicar en qué condiciones está la toma en dicha comuna y qué medidas están tomando para solucionarla. También hubo acuerdo en oficiar a las 17 delegaciones presidenciales para que detallen cuántas denuncias han hecho respecto a tomas o usurpación de bienes fiscales de uso público.

La Comisión resolvió que en la sesión de la próxima semana se votará en general el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles.