Cámara despacha a ley reforma que aplaza el plebiscito tras tenso debate
Mientras sectores oficialistas advirtieron un “problema” en fechas de recalendarización electoral, en la oposición acusaron un intento de boicotear el proceso constituyente.
La advertencia la hizo en la mañana el diputado de Evópoli Francisco Undurraga. Al revisar el texto que en la víspera había aprobado el Senado para modificar la fecha del plebiscito y las elecciones municipales y de gobernadores regionales, el legislador advirtió un “error” en la forma en que se dispuso el calendario electoral, puntualmente respecto de las elecciones de convencionales constituyentes y de parlamentarios.
Lo que el diputado notó fue que, en caso de que en octubre ganara la opción del “apruebo” y la convención mixta, esta debería comenzar su trabajo en junio de 2021 con 76 parlamentarios en ejercicio. Pero, en agosto de ese año, todos o algunos de esos diputados y senadores iniciarían sus campañas para la reelección, y en marzo de 2022, es decir, antes de que concluya el plazo de funcionamiento de la convención, algunos o varios de ellos cesarán en sus cargos en el Congreso.
Ante el vacío legal, se podría generar un complejo escenario para el correcto funcionamiento de la instancia, pues no está regulado si es que los legisladores que pierdan sus reelecciones podrían continuar siendo convencionales constituyentes o deberían abandonar ese rol.
Ante ello, Undurraga y su par Luciano Cruz-Coke iniciaron conversaciones con representantes del oficialismo y la oposición para encontrar la forma de resolver aquel nudo. Las propuestas apuntaban en dos sentidos; uno, acortar el plazo de funcionamiento de la convención mixta de nueve a seis meses -manteniendo la opción de prorrogar por otros tres- y, dos, autorizando a que los parlamentarios se mantengan como convencionales, pese a que no ganen su reelección.
Lejos de encontrar respaldos, la centroizquierda acusó un intento de boicotear el proceso constituyente y se terminó desatando una guerra de declaraciones, sobre todo luego de que en la Comisión de Constitución -instancia que revisó el proyecto previo a su paso por la sala-, los diputados UDI y Evópoli se abstuvieran en la votación.
De este modo, el debate en el hemiciclo fue tenso e, incluso, incluyó amenazas de acusaciones constitucionales en contra del Presidente Sebastián Piñera y sus ministros.
Asimismo, la oposición acusó “segundas intenciones”, ligando el conflicto al debate que se había abierto en el Senado sobre la posibilidad de “calzar” las elecciones de gobernadores regionales con las parlamentarias.
Por otra parte, algunos legisladores de oposición hicieron ver que la reforma que plasmó el acuerdo del 15 de noviembre contempla una serie de causales de pérdida del cargo para un convencional constituyente, entre las que no se incluye la pérdida de la condición de parlamentario, razón por la que -decían- se caía el argumento de la derecha.
Ante las críticas de la oposición, Chile Vamos se defendía asegurando que ellos mismos habían empujado el plebiscito de entrada y que, con el coronavirus ya instalado en el país, la centroizquierda no había querido en un comienzo modificar la fecha del plebiscito.
Finalmente, el debate dio paso a conversaciones privadas que consiguieron apaciguar los ánimos y, tras casi dos horas de espera, la sala retomó la sesión: 109 votos a favor, uno en contra y una abstención tuvo la reforma, consiguiendo así más de los 103 respaldos que exigía el quórum constitucional.
En particular, la única indicación que se votó fue la que Cruz-Coke impulsó para extender el plazo de los convencionales parlamentarios, la que requería 93 votos a favor y obtuvo solo 47 respaldos, siendo desestimada.
De ese modo, la iniciativa fue despachada a ley. ¿Cómo consiguió los votos que durante el día parecieron faltar? De acuerdo a fuentes oficialistas, la mayor parte de Chile Vamos siempre estuvo por aprobar y, tal como se conversó el martes con la oposición, solo en caso de existir un amplio acuerdo estaban disponibles para revisar los términos del texto.
En tanto, el sector minoritario que abogaba por rechazar o abstenerse habría cedido al compromiso del gobierno, a través del ministro Felipe Ward (Segpres), de enviar un texto que permita subsanar las falencias.
En sectores de la UDI recalcaron que se trata de un mal proyecto, pero sostienen que decidieron apoyarlo para no aparecer como un partido que no cumple su palabra.
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