Casa de Allende: Tohá blinda a la senadora PS y Figueroa cambia equipo jurídico de Bienes Nacionales

Este miércoles la jefa del equipo jurídico del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Diez, renunció a su puesto. La profesional estuvo a cargo del proceso de compraventa de la casa del exmandatario Salvador Allende, que terminó comprometiendo al gobierno en un escándalo político y judicial porque tenía vicios de constitucionalidad debido a que dentro del listado de copropietarias del inmueble estaban la ministra Maya Fernández (nieta de Allende) y la senadora Isabel Allende (hija).

La renuncia de la profesional se formalizó tras la instalación del nuevo ministro de la cartera, Francisco Figueroa (FA), quien hoy cumplió una semana en el cargo. La salida de la abogada de la jefatura jurídica del MBN era esperable, dado que el secretario de Estado ya anunció que la Dirección Jurídica del ministerio la asumirá María José Armisen, un rostro de confianza del ministro y quien ya trabajó en Bienes Nacionales.

El cambio en el equipo es parte del control de daños de Figueroa ante la crisis que salpicó a la Moneda, terminó con la renuncia de la ministra Marcela Sandoval y expuso a dos requerimientos en el TC a la senadora Isabel Allende. Mientras la ministra Maya Fernández arriesga una acusación constitucional de la derecha. Todo eso sin contar con la investigación judicial que se abrió y por la cual el miércoles en la tarde el fiscal que investiga el caso se presentó en dependencias del ministerio junto a la PDI para pedir los documentos del proceso.

La renuncia de Diez fue informada públicamente por la repartición durante la mañana de este jueves. “La abogada Macarena Diez presentó ayer, 15 de enero de 2025, su renuncia voluntaria al cargo de jefa de la División Jurídica. Desde este mismo día seguirá cumpliendo funciones en el Ministerio de Bienes Nacionales. Desde el día de hoy asume como jefa de la División Jurídica del Ministerio la abogada María José Armisen”, consignó la comunicación.

Dentro de las opciones que analizó Diez para retrotraer la intención de compra se consideró la resciliación, que, en la práctica, implicaba anular cualquier acuerdo del Ejecutivo con la familia Allende. Esta idea también fue esbozada por La Moneda. Sin ir más lejos, este mismo lunes lo planteó la vocera subrogante del gobierno, Aisén Etcheverry (FA).

El martes, sin embargo, el panorama era otro. Ese día el ministro Figueroa debutó públicamente en el cargo y no se casó con la idea de resciliar el contrato, ya que confirmó -como había planteado La Tercera el pasado viernes- que en su ministerio estaban evaluando todas las alternativas para echar marcha atrás al bochorno, que terminó con la exministra Marcela Sandoval fuera del gobierno y pagando los costos políticos del caso.

Así, Figueroa, pese a las presiones del Partido Socialista, planteó que “no hay ninguna razón para que me precipite, porque, como les digo, mientras yo como ministro no apruebe esta compra, no tiene ningún efecto, entonces me voy a tomar el tiempo para analizar la mejor fórmula, para tomarla dentro de los próximos días”. Esta idea, dicen en La Moneda, fue masticada por el ministro y el equipo jurídico con el que llegó. En este espacio, además de Armisen, también está la abogada María Paz Alfaro.

Esta última era la encargada jurídica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al mando de Javiera Toro. Allí Alfaro coincidió con Francisco Figueroa, cuando este último era jefe de gabinete de la ministra frenteamplista. Previamente, los tres habían trabajado cuando la expresidenta de Comunes lideró el Ministerio de Bienes Nacionales.

Por el lado de Armisen, la abogada de la Universidad Alberto Hurtado retorna a un puesto de trabajo por el que ya había pasado, también bajo las órdenes de Javiera Toro y Francisco Figueroa. Previo a su regreso a Bienes Nacionales, la profesora de la Universidad Diego Portales asesoraba al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Las dos abogadas del equipo de Figueroa quedarán a cargo de evaluar las posibles alternativas para echar pie atrás al intento de compra de la casa de Allende. Hasta ahora, plantean en el Ejecutivo, no ha existido un contacto con el abogado de la familia Allende, Felipe Vio, yerno de Isabel Allende.

De forma externa a Bienes Nacionales, también están encima del proceso la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, quien ha sido apuntada por no haber advertido la inconstitucionalidad de la compra. En su equipo se encuentra Dominga Riesco, sectorialista dedicada a darles seguimiento a los temas del ministerio de Figueroa. En paralelo, también hay personeros de Presidencia mirando con atención cómo se resuelve la polémica.

En medio de su visita a la ciudad de Temuco, en la Región de La Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los requerimientos que ingresó Chile Vamos y el Partido Republicano que buscan destituir a la senadora Isabel Allende, a propósito de la fallida compra de la casa de su padre.

En ese contexto, la ministra expresó que, el hecho de que “la derecha se una para hacer ejercicio de sus facultades, eso es una decisión y está dentro del marco de sus competencias, no tenemos nada que decir al respecto”, sostuvo.

Eso sí, la secretaria de Estado manifestó que, “lo que uno esperaría es que, en el marco del ejercicio de esas facultades ciertos límites no se pasen a llevar, ciertos límites de personas que han entregado, en el caso de la senadora Allende quiero decir, es una persona que ha entregado su vida entera a cuidar la memoria de su padre, el Presidente Salvador Allende”.

En ese sentido, Tohá planteó que “la trayectoria” de la senadora Allende y de su sobrina, la ministra de Defensa, Maya Fernández “-que además fue parlamentaria y los parlamentarios la conocen bien, es bien conocida- son personas rectas, son personas que han actuado siempre de buena fe, eso no quita las facultades de los parlamentarios de ejercer sus atribuciones”.

Además, aseguró que los errores que se cometieron en la adquisición de la propiedad que perteneció al exmandatario “fueron admitidos y enmendados de inmediato, apenas se tomó conciencia de que había una dificultad legal para llevar adelante la operación”.

“Eso espero que se pondere y que todos los actores que tengan algo que decir en esto no pierdan ese aspecto”, sostuvo.

La polémica promete no soltar al gobierno. En febrero, el TC se tomará un descanso, por lo que existe la posibilidad de que el round constitucional se postergue para marzo. En ese mismo mes se desarrollará la comisión investigadora impulsada por las bancadas de la derecha, donde se citará a distintas autoridades del Ejecutivo.