Caso Corpesca: fiscalía explora acuerdo con pesquera de Angelini

La pregunta es si cuando el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, aprobó la entrega de $233 millones al ex senador Jaime Orpis a través de boletas de asesores, la empresa del grupo Angelini tenía implementado un sistema de prevención del delito de cohecho.

Corpesca asegura que sí. Y sus abogados Carlos Balbontin y Waldo Bown así lo han expresado públicamente.

Porque sucede que para efectos de la Ley 20.393, que apunta a la responsabilidad penal de una persona jurídica (empresa), tener o no un sistema interno que asegure que sus empleados no comentan sobornos -y otros delitos- es fundamental para determinar la responsabilidad de la firma.

Y es en ese punto en el cual hoy gravitan las tratativas respecto de si prosperar en un juicio oral contra la empresa por los pagos al ex senador gremialista y a la ex diputada independiente Marta Isasi; o bien, simplificar el procedimiento en un juicio abreviado que implica una condena. O incluso, como esperaría Corpesca, acceder a una suspensión condicional del prodecimiento, con lo que se libraría de una condena.

Al respecto, la postura de la fiscalía, por ahora, es clara: "Nosotros esperamos que en definitiva se pueda arribar a un procedimiento abreviado que simplifique esta causa", dice el fiscal regional a cargo del caso, Julio Contardo. Agrega que como este caso va a juicio oral -porque Orpis será juzgado en esta instancia- , es la defensa de Corpesca la que debe revisar sus pretensiones.

"Esta causa va necesariamente a juicio oral", enfatiza el fiscal. "Por eso, esto va a quedar en el marco de las pretensiones que tenga la empresa y su representante", agrega.

Sin embargo, el mensaje transmitido por el presidente de la pesquera, Roberto Angelini, a sus accionistas en la memoria de 2017, donde señala que la empresa es totalmente "ajena" a los hechos que se imputan, da cuenta de que la pesquera apuesta por no ser condenada.

Según fuentes ligadas a la causa, Corpesca esperaría una salida alternativa que solo implique el pago de una multa y que le permira, al cabo de seis meses o un año, un sobreseimiento definitivo.

Las mismas fuentes agregan que el parámetro lo fijó SQM, empresa que selló una salida alternativa con la fiscalía. Según se ha dicho, Corpesca podría exigir un mismo trato.

Sin embargo, ante cualquier acuerdo, el Ministerio Público solicitaría previamente una opinión al Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa. De allanarse el CDE a una suspensión condicional del proceso, desde el Ministerio Público habría una revisión de las peticiones.

Sin embargo, quienes se oponen a una salida alternativa para Corpesca, explican que existen diferencias entre la situación de la pesquera con la de SQM.

En el caso de la minera, dicen, todavía no existe una acusación por el presunto cohecho que vincula a SQM con el exministro y exsenador Pablo Longueira por supuestas acciones que habrían beneficiado a la compañía. Esta acusación, además, es considerada por varios como débil. En Corpesca, en cambio, ya existe una acusación -hoy desestimada producto de la reapertura del caso pero que será repuesta cuando se cierre la causa en forma definitiva-, y la imputación sobre cohecho se vislumbra mejor aspectado que la de SQM.

En la acusación presentada en el caso Corpesca el 15 de marzo la fiscalía solicitó una pena de 20.000 UTM (unos $947 millones), además de la prohibición de celebrar contratos con el Estado por cinco años.