Caso OAS: fiscalía lleva a juicio oral a ME-O y pide nueve años de cárcel

Una pena de nueve años de cárcel arriesga el excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, luego de que la fiscal Ximena Chong formulara este viernes una acusación en su contra por delitos tributarios y fraude al Fisco en el marco del caso OAS, paso previo para un juicio oral.

En un escrito de 36 páginas -donde se ponen a disposición más de 320 medios de pruebas, entre testimonios, documentos, evidencias materiales y pruebas periciales-, la persecutora le imputó haber facilitado a la filial chilena de la constructora brasileña, en enero y febrero de 2013, dos facturas ideológicamente falsas por un total de 54 millones de pesos.

Los documentos tributarios por servicios no prestados fueron emitidos a OAS por la sociedad Cono Sur Research -propiedad del exjefe de campaña de ME-O, Cristián Warner, quien también fue acusado por la fiscalía y a quien se le pide cuatro años de cárcel- y, de acuerdo a la acusación, permitieron a la constructora rebajar impuestos de forma indebida.

Pero más allá de ese delito tributario, la fiscal Chong también acusó a Enríquez-Ominami de fraude al Fisco, por rendir como gasto electoral por supuestos servicios de publicidad una factura de 170 millones de pesos emitida por Cono Sur Research (que se suma a otra por 180 millones de pesos presentada por el PRO), con el objetivo de respaldar una solicitud al Servel de reembolso de gastos de campaña.

Según la acusación, "tales servicios de publicidad resultan no ser reales ni efectivos, de tal suerte que, en definitiva, resulta ser que la sociedad Cono Sur Research (...) solo fue utilizada para triangular pagos por supuestos servicios prestados por el publicista brasilero Jose Eduardo Cavalcanti de Mendoca, conocido como Duda Mendoca".

Además, la fiscalía señala que otra serie de proveedores "desconocen haber realizado trabajos para el candidato, no obstante incluirse en las rendición sus boletas o facturas, ello con miras a abultar el gasto electoral incurrido y dotar de verosimilitud la cuenta en cuestión, teniendo en cuenta el despliegue de propaganda que el Servel podía apreciar, y considerando, en todo caso, los nutridos aportes irregulares recibidos, entre ellos la facilitación de un avión privado por parte de ejecutivos de la compañía brasilera OAS".

El escrito de la fiscalía finalmente cita que a modo de reembolso de gastos de campaña, el Servel autorizó en marzo de 2014 un pago de $ 497.411.538, "cifra que recibe el candidato Marco Enríquez-Ominami sobre la base de presentar al Servel antecedentes falsos".

Respecto de las penas solicitadas, la fiscalía detalló que por el delito tributario se pide contra Enríquez-Ominami cuatro años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 20 UTM. Por el fraude al Fisco, en tanto, se solicitan 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de una multa equivalente al 50% del perjuicio causado y la inhabilitación para cargos públicos.

"Desde el primer día así lo pedimos. Tres años demoró, pero al fin iremos a juicio para probar mi inocencia y hacer justicia", posteó Enríquez-Ominami en Twitter, apuntando a que fue él quien pidió a mediados de marzo el cierre de la investigación, acotando el timing de la fiscal Chong para levantar cargos.

Aunque la defensa de ME-O aún tiene espacio para pactar un proceso abreviado, en su entorno han descartado esta posibilidad. Según reveló Reportajes de La Tercera el domingo 17 de marzo, sí apostarían a aunar las causas que enfrenta en un solo juicio oral.

Además del caso OAS, Enríquez-Ominami está acusado como autor de delito tributario reiterado en el caso SQM, donde arriesga una pena de cárcel de cuatro años y una multa de 20 UTA, y cuya audiencia de preparación del juicio oral está programada para la segunda semana de abril.

"Después de tres años tuvo que ser la defensa la que obligara al cierre de la investigación. Ahora tendremos la oportunidad que el señor Enríquez-Ominami tanto ha esperado: defender su inocencia en un juicio oral", enfatizó ayer el abogado defensor de Enríquez-Ominami, Carlos Mora.