Cohecho: gobierno presenta propuesta y busca acuerdo para aumentar penas

Que el proyecto de ley que aumenta las penas en delitos funcionarios sea despachado durante este mes. Ese es el objetivo que se trazó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien -desde hace semanas- ha estado en conversaciones con parlamentarios de la oposición para llegar a un acuerdo en aumentar las penas en seis delitos: cohecho, cohecho a funcionarios públicos extranjeros, soborno, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y fraude al Fisco.

Por esta razón, Larraín llegará hoy, a las 19.00, al Congreso, en Valparaíso, para participar de la segunda sesión de la comisión mixta que revisa el proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno.

La instancia, que preside el DC Francisco Huenchumilla, agrupa en un boletín propuestas de un mensaje presidencial de Michelle Bachelet ingresado en junio de 2015, un proyecto presentado por diputados y otro impulsado por senadores (ver historia del proyecto).

En las iniciativas recopiladas, junto con modificar el Código Penal para aumentar las penas, se tipifican los delitos de administración desleal y de soborno entre particulares. De igual manera, modifica la ley 20.393 y 19.913 sobre responsabilidad penal en personas jurídicas y sobre lavados de activos, respectivamente.

Así, el ministro irá a la comisión mixta con una propuesta que plantea respaldar la iniciativa que se encuentra en tramitación. Idea que ya ha socializado con integrantes de la instancia, entre ellos, Huenchumilla y el senador PPD Felipe Harboe.

Junto con lo anterior, el ministro planteará la necesidad de revisar que no haya inconsistencias entre los distintos tramos de penas que plantean algunos delitos, por ejemplo, entre malversación de caudales públicos y fraude al Fisco. En Justicia explican que esto es necesario ya que, en uno de los apartados del proyecto, ambos delitos quedan con la pena de presidio menor en su grado máximo, siendo que malversación es más grave y debe quedar establecida una diferencia.

Respecto de los delitos de soborno y cohecho, en el Ejecutivo dicen que hay acuerdo en aumentar en un grado la pena. Según el Código Penal, el soborno es el delito que comete una persona cuando "le ofrece o consiente dar a un empleado público un beneficio económico indebido" para ejecutar u omitir un acto de su cargo. El cohecho, en tanto, es el delito que comete el empleado público al aceptar un beneficio económico (coima, soborno) o solicitarlo para "ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo".

En el gobierno explican que la iniciativa establece la diferencia entre tres tipos de cohecho: Simple, con infracción de deberes y para que se cometa algún crimen.

En el primero, por ejemplo, actualmente contempla una pena privativa de libertad de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, desde los 61 días hasta los 540 días de cárcel. Y, además, establece una multa que va desde la mitad del valor ofrecido hasta igualar el monto. El proyecto, en tanto, propone presidio menor en su grado medio, es decir, desde 541 días a tres años, con una multa que va del valor recibido al doble.

El cohecho con infracción de deberes, en tanto, se sanciona en la normativa vigente con reclusión menor en su grado medio y una multa que va desde el valor que se le pagó hasta el doble. El proyecto, por su parte, estipula una pena privativa de libertad de presidio menor en su grado máximo, es decir, desde tres años y un día hasta cinco años, con una multa que va desde el doble de lo recibido hasta el cuádruple.

Larraín también propondrá perfeccionar la redacción respecto al delito de administración desleal, añadiendo que este se comete cuando hay una infracción a la ley; y perfeccionar la redacción de la suspensión de prescripción, para que quede establecido que cuando un funcionario sigue en su cargo no corre la prescripción.

Para el ministro es relevante que el proyecto se despache durante este mes, ya que, de esta forma, junto con cumplir el compromiso que realizó el Presidente Sebastián Piñera durante la cuenta pública, podrá concretar los cambios que solicitó la OCDE en esta materia.

De hecho, ayer la Segpres puso urgencia suma a la iniciativa (15 días de plazo para ser despachado). La premura, comentan en Justicia, radica porque un grupo de trabajo de la OCDE visitará Chile, entre el 2 y 6 de julio, para revisar el estado de avance de los compromisos adquiridos.

"Esperamos que el Congreso despache en el mes de junio este proyecto para estar al día con nuestros compromisos, que reflejan la voluntad política de todos los sectores para avanzar en la probidad pública", sostuvo el ministro Larraín.

En Justicia explican que acudirán con una propuesta a la comisión mixta y no una indicación, argumentando que hay "elevado consenso" en la iniciativa. De esta forma, buscan que sean los mismos integrantes de la mixta quienes pidan añadir los cambios al proyecto.