Comisión Experta ratifica derechos a la salud, vivienda, agua, seguridad social, educación y un nuevo catálogo de deberes constitucionales
En su segunda jornada de votación, los 23 comisionados presentes en el pleno visaron el marco general de las garantías de los derechos sociales, los cuales deberán desarrollarse de manera "progresiva, sin discriminaciones arbitrarias, con responsabilidad fiscal y a través de instituciones públicas y privadas". Los expertos, además, le dieron luz verde a las normas sobre nacionalidad, ciudadanía y cuatro estados de excepción.
El pleno de 24 comisionados que integran la Comisión Experta sigue avanzando en las votaciones finales para dejar listo el anteproyecto de nueva Constitución que le entregarán al Consejo Constitucional.
El martes dejaron listo el primer capítulo que trata sobre los fundamentos del orden constitucional y durante esta jornada avanzaron con el segundo acápite que aborda las normas sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales.
Los 23 comisionados presentes en la instancia plenaria visaron -por unanimidad- las normas sobre nacionalidad y ciudadanía.
Además el pleno visó el marco general que regulará la garantías de los derechos sociales. Se trata de, por ejemplo, el artículo 24 que plantea lo siguiente.
El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a:
a) El desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de estos derechos.
b) El aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho.
c) La no discriminación o diferenciación arbitraria.
d) La remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad.
e) El empleo del máximo de recursos disponibles, con responsabilidad fiscal.
f) La satisfacción a través de instituciones estatales y privadas, según corresponda.
Artículo 24 ter del anteproyecto de nueva Constitución
Junto con esa norma, la Comisión Experta le dio luz verde a otro artículo que hace remisión a la ley para darle forma a estos derechos y, además, envía un mensaje indirecto hacia el Poder Judicial. “Las medidas adecuadas para la realización de los derechos arriba indicados, serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella. En la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en el artículo precedente”, se lee en la norma.
Además, los expertos le dieron regulación constitucional al actual recurso de protección que, en el ordenamiento jurídico actual, está normado en un autoacordado. La norma plantea una acción de protección para los derechos y garantías más clásicos y otra acción de protección para los derechos prestacionales como salud, educación, seguridad social, entre otros.
Junto con esto, el pleno le dio la unanimidad para aprobar las normas que regulan los estados de excepción. En este punto, la comisión no tuvo grandes innovaciones y visaron los mismos cuatro estados de excepción constitucional que estaban incorporados en las bases institucionales, es decir, estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. “Me parece que hemos logrado establecer ahí una adecuada fórmula para garantizar derechos y efectivamente permitir que cuando sea necesario e indispensable para el restablecimiento del derecho y del orden institucional se puedan encontrar las herramientas necesarias”, dijo el comisionado del Partido Republicano, Carlos Frontaura.
Por parte del oficialismo, estas regulaciones también fueron destacadas. “Es posible anunciar avances importantes en materias de nacionalidad, ciudadanía, acciones constitucionales y deberes constitucionales. Se actualizan de conformidad a los avances del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia nacional”, afirmó durante su intervención el comisionado socialista Flavio Quezada.
Otro asunto destacado de este pleno es que los comisionados aprobaron un nuevo catálogo de deberes que acompañará a los derechos sociales. “Quisiera destacar que los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Por su parte ellos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando estos lo necesiten. Esos deberes esperamos que no sean letra muerta”, comentó el comisionado Juan José Ossa (RN).
Algo similar fue destacado por el comisionado Hernán Larraín. “En materia de deberes constitucionales puedo señalar que considero una novedad la incorporación de un párrafo de estas características, esto debe ser reconocido como una mirada integral de lo que son los derechos. Se dice mucho, pero no se hace. Siempre que hay un derecho, hay un deber”, afirmó el experto de la UDI.
El experto del PC Alexis Cortés también destacó entre equilibrio: “A veces prolifera que solo hay exigencia de derechos, pero no de deberes. Eso no es así, especialmente en esta nueva comprensión de un Estado social y democrático de derecho. Todos debemos contribuir, quiero ser insistente en esta idea”.
La comisionada Antonia Rivas (CS), quien manifestó algunos reparos en esta parte de los deberes, destacó uno de manera especial. “El deber de protección de medioambiente para todos los habitantes de la República, sumado a una perspectiva intergeneracional, pone en relieve la importancia de enfrentar esta crisis climática, para lo cual no podemos cejar en ningún esfuerzo”, dijo la antropóloga.
Los deberes aprobados por el pleno fueron los siguientes.
1. Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Asimismo, deben honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia, y observar fiel y lealmente la Constitución y la ley.
2. Del mismo modo, deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile.
3. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación, en conformidad a la ley.
4. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria.
5. Todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República.
6. Los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos, y votar en las elecciones y referendos, todo de conformidad a la Constitución y la ley. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política.
7. Los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Por su parte, ellos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes, y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos los necesiten.
8. Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños.
Artículo 28 del anteproyecto de nueva Constitución
La Comisión Experta continuará sesionando con la votación del resto de las normas del capítulo II y retomará el pleno a las 15.00 de este miércoles.
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