Congreso flexibiliza rol de asesores externos

Luego de que el Consejo Resolutivo de Asignaciones (Crap), que hoy preside el exsenador Andrés Zaldívar, paralizara la nueva normativa que sus antecesores habían dejado para regular la entrega de recursos que los parlamentarios poseen para ejercer su labor, mañana los congresistas tendrán acceso a un informe que dará vida a un nuevo reglamento.

"Uno de los puntos que más nos preocupan del informe del Consejo de Asignaciones es la definición de asesorías externas o asesorías políticas externas", dice el presidente del Senado, Carlos Montes, dando cuenta de una reunión que sostuvieron el lunes varios parlamentarios con integrantes del Crap, donde se les dio un adelanto del nuevo orden.

La preocupación de Montes se da a partir de que estos funcionarios externos han sido foco de críticas luego de que investigaciones periodísticas detectaran que sus informes contienen párrafos copiados de información pública.

Según conocedores de estas definiciones, el rol de los asesores externos se redefinió en la nueva normativa, y estos quedaron posibilitados de hacer tareas propias de la política, y de apoyo a la imagen de los congresistas, como también legislativas.

"Lo que pasa es que se entendió de otras maneras su trabajo. Y ahora se clarifica el concepto de asesor externo que tiene distintas dimensiones. Antes era muy confuso, porque se entendía que esta asesoría era casi un estudio", agrega el senador socialista.

Entre las disposiciones a esta asignación, se establece, además, que para el caso de los comités parlamentarios, solamente podrán ser asesores externos, empresas o personas jurídicas. Para asesorar a un parlamentarios, en cambio, sí podrán serlo personas naturales.

Según el avance de la nueva normativa, también se pretende aumentar la fiscalización. Esto, instaurando que las revisiones a las asignaciones que realiza el Comité de Auditoría Parlamentaria no se realicen solamente a una parte del Congreso -como se ha hecho hasta ahora-, sino que a todos por igual.

"Quedó en que se haga una revisión anual a todos, obligatoria. Lo que me parece que es un tremendo avance", cuenta el senador y vicepresidente de la corporación, Carlos Bianchi.

"Eso se pretende, que no sean al azar las auditorías, sino que en forma universal", agrega Montes.

La medida, sin embargo, todavía no está confirmada, puesto que se debe analizar qué capacidad posee el Comité de Auditoría para realizar estas fiscalizaciones. De igual modo, la dotación de auditores ha aumentado tras llamados a concursos realizados este año y que se encuentran en proceso.

Otro cambio que traerá el nuevo marco normativo es que se flexibilizan los gastos operacionales -oficinas, teléfonos, traslados, difusión, entre otros-, quedando estos a criterio de los parlamentarios respecto del cómo y en qué se gaste este ítem.

Ahora el parlamentario podrá -si así lo estima- incluso gastar la asignación completa en uno de estos ítems. Antes había un monto fijo para cada ítem.

Según Montes, en este punto primó la idea de que "las realidades distritales y regionales son muy distintas y los estilos de los parlamentarios también".

Otro asunto es que la nueva normativa lleva consigo definiciones generales relacionadas a las asignaciones, entre las que se incluye definir qué es una labor parlamentaria. "Eso va a ser bastante novedoso y esclarecedor de por qué, por ejemplo, se permite que uno tenga gastos de bencina, por qué se utiliza un pasaje aéreo, tres pasajes al mes, etcétera", puntualiza Bianchi.