Consejo aprueba norma que eleva a rango constitucional la objeción de conciencia individual e institucional y oficialismo acusa que se “pone en riesgo el Estado de derecho”

En la tarde de este miércoles se desarrolló el segundo pleno del día en el Consejo Constitucional. En la instancia, el debate estuvo fijado por una de las enmiendas polémicas de la derecha aprobadas en la comisión de Principios. Se trata de la cláusula sobre objeción de conciencia individual e institucional, la cual quedó regulada en el marco de la libertad religiosa.

“El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”, establece la norma que contempla las firmas de representantes del Partido Republicano y Chile Vamos.

Este derecho actualmente tiene rango legal, es decir, solo está regulado en el marco de la ley de aborto en tres causales. El problema está, según abogados constitucionales tanto de izquierda como de derecha, en que no hay especificaciones sobre los alcances ya que el artículo quedó redactado de forma general y no como una excepción. Si actualmente solo aplica para la ley de aborto en tres causales, al elevarlo a rango constitucional se abre la puerta para que pueda ser invocada para cualquier normativa.

Así lo explicó previamente la abogada constitucionalista Elisa Walker: “Se permite que se aplique a cualquier norma vigente. Su efecto es devastador porque destruye el principio básico del Estado de derecho que considera la obligación que tenemos todos los habitantes de la República de cumplir la ley y sus repercusiones superan con creces la discusión sobre el aborto”.

El comisionado comunista Alexis Cortés acusó que afectaría directamente al Estado de derecho. “Con ello se pone en riesgo el Estado de derecho, además se establece una objeción de conciencia institucional con rango constitucional, una figura que no tiene un parangón mundial, representando un maximalismo desconcertante. Lo que se protege no es la conciencia de quien deba hacer una acción, sino la del dueño de una clínica o de un establecimiento educacional, quien podrá hacer prevalecer su conciencia en contra del primero, negando implementar políticas públicas”, declaró el experto.

En la misma línea, el vicepresidente del órgano redactor, Aldo Valle (Ind.-PS), indicó que desde su “punto de vista dogmático es preocupante que no se establezca ni siquiera que la ley determinará los límites o las formas de ejercicio, todas las corporaciones podrán invocar la libertad de conciencia, la religión de sus creencias para efectos de no cumplir determinadas leyes. El abogado, además afirmó que “El Estado de derecho quedará dañado con una amenaza potencial, el Estado de derecho y la cohesión social y simbólica están amenazadas por esta forma en que se ha redactado esa libertad”.

Por su parte, la consejera republicana Carmen Montoya (republicana) sostuvo que entienden la norma como “un límite razonable frente a obligaciones que atenten contra creencias morales fundamentales de las personas, ya sean estas naturales o jurídicas”.

Pese a las críticas de la izquierda, la norma fue aprobada con 31 votos a favor y 19 en contra -17 del oficialismo y los dos votos de las consejera Gloria Hutt (Evópoli) y Lorena Gallardo (RN).

Fuentes de Chile Vamos comentan que, pese a que consejeros y comisionados están en contra de la norma, el acuerdo fue respaldar la norma ya que es un tema clave para los republicanos. Junto con eso, el compromiso de la oposición estuvo en que más adelante, cuando el texto se despache a la Comisión Experta, estarán los votos de los comisionados de derecha para observar el artículo y proponer una mejor redacción.

Otra de las enmiendas que se tomó la discusión en el pleno fue la que establece que “el Estado no puede privar, restringir, perturbar o amenazar la libertad de expresión por vías directas o indirectas que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En caso alguno podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios”.

”Tiene que ver con la oposición que le provoca a un sector político de la derecha y la ultraderecha que en Chile quede establecido que hubo un periodo en donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos”, afirmó el consejero de CS, Yerko Ljubetic.

Ljubetic continuó y dijo que “los informes como la Comisión Rettig o la Comisión Valech dan cuenta de ese doloroso proceso que es hoy día efectivamente tiene que ser considerado una verdad entre todos los chilenos y eso es muy importante porque el reconocer de consenso que eso ocurrió es un elemento fundamental para las garantías de no repetición”.

Desde la otra vereda, la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) fue dura en responder a la izquierda. “¿De qué lado nos estamos colocando? Hemos escuchado un sin número de declaraciones donde se dicen verdades a medias, donde no estamos hablando las cosas como son, y donde el negacionismo viene de tildar a las mayorías de obstruccionistas, de contrabando ideológico y me parece poco responsables este tipo de declaraciones”, dijo.

La norma fue visada por los 33 votos de la derecha y rechazada por los 17 consejeros que tiene el oficialismo.