Contraloría admite que ofició a ministros por citas en casa de Zalaquett en medio de fuerte presión de diputados

“Muchas gracias por su interés, pero no haremos declaraciones”, fue la única respuesta de la contralora subrogante, Dorothy Pérez, ante las consultas de los medios respecto de si el organismo que dirige se iba a pronunciar sobre los encuentros con empresarios, organizados por el lobista y exalcalde, Pablo Zalaquett, a los que asistieron algunos ministros de Estado.

Pérez concurrió este martes en la mañana a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, a exponer la visión institucional sobre la reforma al sistema de auditoría del gobierno, que quedó en tela de juicio a raíz de todos los traspasos irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones controladas por grupos de intereses políticos.

Sin embargo, el hermetismo frente a las citas en la casa de Zalaquett fue estricto. Incluso, la controlara (s) caminó tratando de no levantar la vista y tampoco quiso confirmar ni desmentir si eran efectivos los rumores -que en esos instantes circulaban con fuerza entre algunos diputados- de que ella también había asistido a una reunión en la residencia del exalcalde.

Esos rumores, no obstante, fueron despejados minutos después por un comunicado oficial de la Contraloría y por ella misma, horas después, en la comisión de Cultura y Deportes del Senado, donde fue consultada directamente por el senador Alfonso de Urresti (PS).

El punto es que la Ley de Lobby no solo obliga a ministros y parlamentarios a declarar reuniones en que se hayan ejercido gestiones de interés particular. La normativa establece el mismo deber al jefe(a) de la Contraloría.

En ese caso, le corresponde a la propia Cámara verificar el cumplimiento de la legislación por el contralor(a), no solo en el registro de sus audiencias. “En el caso del contralor general de la República, será la Cámara de Diputados la encargada de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley”, dice la norma.

Entre los diputados había suspicacias por la demora y el silencio institucional que ha tenido el ente fiscalizador ante las reuniones en la casa de Zalaquett en las que participaron los ministros Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

En los casos de autoridades de gobierno es la Contraloría la que tiene la potestad, según la Ley de Lobby. “En caso que el sujeto pasivo de aquellos señalados en el artículo 3º (ministros)..., no informare o registrare lo señalado en el artículo 8º dentro del plazo dispuesto para ello (audiencias con lobistas), la Contraloría General de la República le comunicará dicha circunstancia, y el obligado tendrá el plazo de veinte días para informar al respecto”.

Sin embargo, hasta ayer en la mañana, desde el organismo contralor tampoco habían corroborado si ya habían cursado, al menos, las solicitudes de información por presuntos incumplimientos a la norma. Esta confirmación, de que el órgano contralor ofició el viernes pasado a los ministerios del Trabajo, Interior, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Medio Ambiente, llegó solo en horas de la tarde, cuando las presiones de diputados iban en aumento.

“La Contraloría tiene que dar una señal clarísima”, había dicho en los instantes previos, el diputado Benjamín Moreno (republicano), quien junto a su par de bancada, José Carlos Meza, ingresó un requerimiento a la institución fiscalizadora pidiendo pronunciarse.

A ese llamado también se habían sumado otros diputados como Alexis Sepúlveda (radical), Diego Schalper (RN) y Andrés Giordano (independiente Frente Amplio).

“Hemos visto a una contralora subrogante muy activa en otros temas, pero muy pasiva en este tema”, señaló Sepúlveda.

“Siempre va ser favorable que las instituciones funcionen y la Contraloría haga su trabajo y zanje materias que son controversiales”, añadió Giordano.

Según la Ley de Lobby, la Contraloría debe ceñirse a un estricto procedimiento.

“En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia. La Contraloría, mediante resolución fundada, propondrá, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia, si corresponde, al jefe de servicio o a quien haga sus veces, la aplicación de una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. En caso que el sujeto pasivo sancionado sea el jefe de servicio o autoridad, la potestad sancionatoria residirá en la autoridad que lo nombró”, dice la legislación.

Es decir, en el caso de los ministros, la sanción pecuniaria debiera ser aplicada por el propio Presidente de la República, a recomendación de la Contraloría.

“De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva hoja de vida funcionaria. Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en los sitios electrónicos del respectivo órgano o servicio, por un plazo de un mes desde que esté firme la resolución que establece la sanción”, agrega la legislación.

Antes de que la Contraloría confirmara que había tomado cartas en el asunto, la Cámara había dado otra señal importante.

Por decisión unánime de sus integrantes (desde el PC a los republicanos), la Comisión de Ética resolvió abrir un expediente para verificar si hubo infracciones a la normativa de parte de diputados que concurrieron a la casa de Zalaquett.

El presidente de esta instancia disciplinaria, Nelson Venegas (PS), comentó que se reunirán además con el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes (DC), para acordar los pasos a seguir. “La ley nos obliga a hacernos cargo de este tema”, dijo Venegas, quien agregó que puede haber más diputados que asistieron a esos encuentros.

Hasta el momento solo cinco diputados han revelado su asistencia a estas reuniones en la casa de Zalaquett. No obstante, ellos desestiman haber faltado a la normativa. Entre ellos figuran: Juan Santana (PS), Alberto Undurraga (DC), Guillermo Ramírez (UDI), quienes expusieron sobre la reforma previsional. También concurrieron Francisco Undurraga (Evópoli) y Eric Aedo (DC) a hablar del clima político y el proceso constituyente.

En la Cámara Alta, también han reconocido su participación, en los diálogos promovidos por Zalaquett, los senadores Rodrigo Galilea (RN), Jaime Quintana (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), José Miguel Insulza (PS), Paulina Vodanovic (PS), Matías Walker (Demócratas) y Ximena Rincón (Demócratas). No obstante, ellos, hasta el momento, no arriesgan ninguna sanción, ya que el análisis de sus casos depende de la Comisión de Ética del Senado, que hasta ayer no se ha pronunciado.