Convención Constitucional da inicio a Consulta Indígena tras problemas de implementación

“Es un momento histórico para los pueblos originarios, es un momento que estábamos esperando con muchas ansias”.

Con esas palabras, la convencional por el Pueblo Kawéskar, Margarita Vargas, quien es una de las coordinadoras de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Convención, dio inicio a la pospuesta Consulta Indígena acordada en el reglamento que rige al órgano constituyente.

Pese a los problemas y críticas que desde su comienzo despertó, esta mañana la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Convención Constitucional, instancia que debe resolver aspectos vinculados al proceso de participación indígena, celebró el lanzamiento de la Consulta Indígena, instancia que tiene el objetivo de propiciar la presentación de propuestas respecto a los derechos de los pueblos originarios y sus garantías, así como también alcanzar acuerdos “con las comunidades, organizaciones, pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile”.

El lanzamiento ocurrió en el cerro Huelén (o Santa Lucía), en el centro de Santiago, luego de un acuerdo al que llegaron dentro de la comisión durante la sesión del 24 de enero. En esa instancia, sus integrantes deliberaron acerca de la propuesta de cronograma que elaboró la Secretaría Técnica para llevar adelante el proceso.

La convencional Isabella Mamani (Pueblo Aymara), quien también es coordinadora de la comisión, afirmó que los 17 escaños reservados tendrán la tarea de respetar la voluntad colectiva de los pueblos a través de la consulta, así como también de consensuar en la misma Convención y defender el mandato de los territorios.

Ayer la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (MSC), explicó que la Secretaría Técnica emitió la semana pasada los documentos que detallan el paso a paso de las distintas etapas de la implementación de la consulta indígena. Según se estipula en el documento, la consulta comenzaría el mismo 24 de enero y centraría su primera etapa de trabajo, que contempla una extensión de dos semanas en la difusión y educación del proceso participativo a través de visitas territoriales a las comunidades indígenas.

Sobre esta primera etapa, Quinteros (MSC) señaló que ya empezaron a desplegar la estrategia para comunicar a todas las personas de los distintos pueblos originarios del país que se va a tener un período para realizar reuniones que permitirán “levantar las necesidades, el sentir de las personas de lo largo y ancho del país, para ser incluidas y consideradas en las distintas comisiones de la Convención y se transformen también en propuestas de normas”.

Luego de esta primera etapa, la consulta incluirá un período de deliberación, en el que podrán participar autoridades ancestrales, comunidades y asociaciones indígenas. En esta instancia se podrá analizar y generar propuestas ligadas al catálogo de derechos y principios de los pueblos indígenas.

Posteriormente, se dará inicio al proceso de sistematización, en el que se recolectará y procesará la información, propuestas, recomendaciones y acuerdos de los pueblos indígenas. Esto será consolidado en un informe general que se entregará a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, para que luego se deriven distintos informes a las comisiones temáticas respectivas.

Quinteros (MSC) precisó que la responsabilidad de la implementación de la estrategia de la consulta indígena es de la Convención, y no de la secretaría ni de la comisión. En este sentido, según dijo, depende del órgano el cumplimiento de la consulta según los tiempos establecidos. “Estamos dentro del cronograma consensuado por la Secretaría y estamos haciendo todos los esfuerzos y trabajando de cabeza para apoyar la Consulta Indígena y terminarla en los plazos que corresponde”, señaló.

Desde que comenzó a planearse la realización de la Consulta Indígena ha sido cuestionada tanto por los escaños reservados como por otros convencionales. Uno de los puntos más controversiales de su tramitación fue su suspensión, pues originalmente se contemplaba realizarla en diciembre. Sin embargo, no se alcanzaron los acuerdos necesarios del texto base de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas.

A esto se suma que la anterior presidenta de la Convención, Elisa Loncon (Pueblo Mapuche), aseguró que la consulta estaba en riesgo por la falta de recursos. Frente a sus dichos, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, afirmó que desde el gobierno no habían recibido ninguna solicitud por parte de la Convención para entregar recursos en materia de participación indígena.

Según se desprende de los documentos publicados por la Secretaría Técnica, el presupuesto de la Consulta Indígena alcanzaría los $1.400 millones. Cabe destacar que en noviembre del año pasado el entonces vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa (FA), señaló que la Convención ahorró más de $900 millones en 2021, monto que sería destinado a la participación ciudadana y consulta indígena.

Pero la consulta no solo entró en tensión por un tema monetario. A principios de diciembre se evidenció una fuerte tensión entre los representantes de los pueblos originarios, tanto por aspectos de forma como de fondo relacionados a la consulta. Durante las sesiones de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas de principios de diciembre hubo cuestionamientos, quejas y recriminaciones cruzadas.

La mayor evidencia de la tensión se dio en la votación de una enmienda sustitutiva al documento base que la coordinación de la instancia elaboró para llevar adelante el proceso. Por esta razón, de hecho, incluso se solicitó la intervención de la mesa ampliada de la Convención. Otro de los puntos más críticos fue la renuncia del anterior coordinador de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, Victorino Antilef (Pueblo Mapuche), quien fue reemplazado por Mamani (Pueblo Aymara).

Frente a estas dificultades, la convencionales Vargas (Pueblo Kawéskar) señaló: “Sabemos todos que hemos tenido dificultades, pero entre los distintos pueblos y los escaños reservados hemos sacado esta iniciativa adelante. Tenemos el apoyo de la Convención Constitucional, que es lo más importante”.