“Deben entregar los nombres de los generales” y “un poco tardía”: las reacciones del oficialismo a carta de reos de Punta Peuco

La carta de 27 oficiales condenados en Punto Peuco en la que solicitan la “conmiseración” del poder político y judicial con sus subalternos, y donde reconocen que sus acciones “produjeron violaciones a los DD.HH.”, rápidamente generó reacciones en el oficialismo.

El diputado Gonzalo de la Carrera (exmilitante del Partido Republicano) leyó la misiva en el Congreso, donde los firmantes solicitaron que el contenido de la misma se diera a conocer a la opinión pública, todo ello a un día en que se conmemoraran 50 años del Golpe de Estado.

“En momentos en que la patria celebra un aniversario más de su independencia y rinde homenaje a su Ejército, “siempre vencedor y jamás vencido”, los abajo firmantes, oficiales del Ejército y demás instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, privados de libertad por hechos ocurridos hace 50 años, sentimos el patriótico deber de señalar a nuestros compatriotas que si bien cumplimos sentencias judiciales que han emanados de un sistema procesal que fue desechado por injusto e inquisidor, lo hacemos con la dignidad y el estoicismo propios de un soldado”, dicen en el documento.

“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, se lee en la misiva.

Una vez conocido el documento, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, expresó a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Los violadores de DD.HH. presos en Punta Peuco, deben contribuir a la justicia entregando los nombres de los generales y las órdenes que impartieron. Chile merece conocer toda la verdad, incluso la de la cobardía de oficiales que hasta hoy esconden su autoría en los crímenes”.

Por su lado, diputado socialista, Jaime Naranjo, se refirió a la misiva desde el mismo Congreso: “Me parece un poco tardía esta declaración porque siempre, y esperamos que sea la segunda etapa de una próxima declaración, para ser verdadera y sincera, es que nos digan dónde están los detenidos desaparecidos”.

“A ellos siempre se les solicitó información y se negaron una y otra vez a entregarla, y en esta carta vuelven a hacer lo mismo, no entregan ninguna información que pueda dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. De tal manera que, valorando que por primera vez se hayan atrevido a reconocer que fueron violadores sistemáticos los derechos humanos en nuestro país, pero ahora viene una segunda etapa, si es que quieren hacer una acción sincera, que digan dónde están las personas que hasta la fecha no se ha podido dar con el paradero de ellos”, agregó.

Leonardo Soto, también diputado del PS, criticó que en la misiva los firmantes no manifiesten su deseo de colaborar para hallar los cuerpos de las víctimas desaparecidas en la dictadura. “Creo que esta carta refleja la idea de lavar un poco la responsabilidad, de blanquear su responsabilidad, porque si bien ellos reconocen que fueron parte de la comisión de delitos graves contra los derechos humanos, dicen que eran parte de una cadena de mando y que eran el eslabón más pequeño de la cadena de mando (…) pero ellos saben quién los dirigió para hacer fusilamientos, para apresar a personar o hacerlas desaparecer, sin embargo, ellos los protegen, guardan silencio. En la carta no hay ninguna línea que ellos digan que van a ayudar para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos”.

En tanto, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, afirmó: “Esta carta es una verdadera provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron. Me parece que es faltar el respeto al Estado de Derecho que delincuentes de derechos humanos, que criminales de lesa humanidad, hoy día pidan algún tipo de beneficio. Eso no está contemplado en nuestro estatuto constitucional, lo que nosotros tenemos que hacer es que se respete el Estado de Derecho, de manera racional, esto no es la venganza de nadie, esto no es lo que decidieron las víctimas, es lo que decidió el Poder Judicial de nuestro país. Así que yo rechazo profundamente esta carta”.

“Además, me parece una provocación que se lea en este Congreso Nacional, porque esto se ve en sede judicial. Esa gente está privada de libertad por los horrorosos crímenes que cometieron contra miles de compatriotas. No corresponde que el Poder Legislativo se entrometa en lo que hace el Poder Judicial”, añadió.

La diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, también se refirió a la carta de los condenados de Punta Peuco, apuntando que “no cabrían beneficios para ellos en la medida que no cumplan las penas, peor aun cuando no han cooperado con la Justicia, no han entregado antecedentes, por ejemplo, que pudieran facilitar el Plan de Búsqueda y no se han arrepentido nunca de su accionar, entonces la verdad es que estamos ante un intento de nuevo de sensación de impunidad”.

En el documento, los oficiales internos del penal, además de reconocer que hubo violación a los derechos humanos, señalan: “Expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando -nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles-hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”.

Asimismo, dicen que han esperado “33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. A partir de ello, venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”.

“Por lo mismo, en este acto solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos. A la sociedad civil le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia “justa” para nuestros subalternos”, indican.

Finalmente, los firmantes subrayan que renuevan su “lealtad a la patria y a nuestras instituciones”.

“Nosotros, oficiales subalternos de antaño, jóvenes soldados que cumplimos las órdenes de nuestros superiores en aquellos aciagos días que vivió nuestro país hace 50 años y durante todo el gobierno militar, renovamos nuestra lealtad a la ‘patria y a nuestras instituciones’”.