Defensa de Allamand ante Comisión que analiza acusación en su contra: “La imputación es de carácter político, no una infracción jurídica”

A las 10 horas, en la sala de conferencias Juan Bustos del Congreso Nacional, se reunió este martes la Comisión encargada de revisar la pertinencia de la acusación constitucional en contra de Andrés Allamand, exministro de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

La instancia está conformada por los diputados Cristián Labbé (UDI), Andrés Celis (RN), Catalina Pérez (RD), Jaime Araya (PPD), Jorge Brito (RD), quienes están encargados de emitir un informe que no tiene carácter vinculante, sino que es una recomendación que recibirá la Sala de la Cámara cuando se deba votar el libelo interpuesto por parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), independientes, de izquierda y de oposición.

En concreto, acusan que el excanciller “comprometió gravemente el honor o la seguridad de la nación”, luego de su visita a España en febrero de este año, mientras se desarrollaba una crisis migratoria en la zona norte del país.

Los cuestionamientos surgieron -además-, luego de que se revelara que en dicho viaje Allamand participó de su primera reunión de trabajo, tras ser elegido como secretario general iberoamericano en noviembre de 2021.

Desde la Cancillería -en ese entonces- informaron que el exsecretario de Estado estaba “haciendo uso de su feriado legal desde el lunes 31 de enero” y que retomaría sus funciones el 14 de febrero. Pero, tras las críticas, Allamand renunció a su cargo el 6 de febrero.

Durante la sesión de este martes, la Comisión escuchó las exposiciones de los diputados que impulsan la acusación, y también la intervención la defensa del exministro de Relaciones Exteriores, representada por el abogado Samuel Donoso.

En su alocución, el defensor expuso que el excanciller “no incurrió en ninguna infracción jurídica” y que “la conducta desplegada por Andrés Allamand en la primera semana de febrero de 2022 no afectó la seguridad y el honor de la nación”, por lo que “debe esta comisión declarar que no ha lugar a la acusación constitucional”.

En ese sentido, argumentó que el hacer uso del feriado legal por parte de una autoridad de Estado “no configura y no puede configurar una conducta que compromete gravemente el honor y la seguridad de la nación”, y menos “si es que las instituciones han funcionando conforme a la ley”.

A juicio del abogado, una acusación constitucional en el régimen presidencial chileno “implica que el juicio debe ser de carácter jurídico” y “no un reproche político”. Sin embargo, aseguró que -en este caso- “la imputación efectuada por la acusación es una cuestión netamente de carácter político, no es una infracción jurídica”.

Asimismo, insistió en que “las acusaciones pueden ser políticas en los regímenes parlamentarios, pero en un régimen presidencial, como este, la responsabilidad política del ministro es con el Presidente de la República, no es con el Parlamento”.

Otro de los argumentos expuestos por el abogado Donoso fue la labor del Ministerio de Relaciones durante la crisis migratoria del norte.

Según precisó, el control de los límites fronterizos y el ingreso al territorio nacional no es competencia de la Cancillería, sino que del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. “Ese es el ministerio encargado de enfrentar el problema concreto que estaba sufriendo el país en ese momento”, enfatizó.

“La acusación se equivoca al sostener que don Andrés Allamand incurrió en una conducta de la gravedad de esta, una conducta de la gravedad de esta implica, además, un estándar de pruebas, un estándar de acreditación, de hechos que justifiquen una cuestión tan grave como es comprometer el honor y la seguridad de la nación”, complementó.

“Si los acusadores no rinden pruebas, no acreditan los hechos de los cuales se basan su acusación, el libelo debe ser desechado”, sentenció.

Tras la presentación del abogado, la Comisión suspendió la sesión hasta las 16.00 de esta tarde. Una vez que se reanude la instancia, los integrantes realizarán las últimas preguntas a los diputados que impulsan la acusación, para luego concluir con la votación sobre la admisibilidad del libelo y elaborar un informe que será presentado ante la Cámara. El siguiente paso, será citar a una sesión especial para mañana miércoles en el hemiciclo.