Diputadas opositoras rechazan propuesta de Pardow sobre empresa eléctrica estatal: “El Estado ya enfrenta restricciones presupuestarias”

A raíz de los prolongados cortes de luz en diversas regiones del país, principalmente en la Región Metropolitana, como consecuencia del reciente sistema frontal de viento y precipitaciones, el gobierno comenzó el proceso para revocar la concesión a la empresa distribuidora de electricidad Enel en la capital, evidenciando falencias que abrieron el debate sobre los cursos de acción a futuro para evitar que una situación de estas características se repita.

En ese contexto, el ministro de Energía, Diego Pardow, esgrimió ayer domingo que sería “más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”, propuesta cuya viabilidad ha sido puesta en duda por sectores políticos opositores.

Al respecto, las diputadas (Ind-UDI) Natalia Romero y Marlene Pérez manifestaron este lunes cuestionamientos a la iniciativa que surgió en el Ejecutivo, aludiendo a eventuales “restricciones presupuestarias” que dificultarían su ejecución, e inclinándose por reforzar el modelo de asociación público-privada.

“La propuesta de crear una empresa eléctrica estatal, como ha sido sugerido recientemente, plantea serias dudas en cuanto a su viabilidad y efectividad. Dado que el Estado ya enfrenta restricciones presupuestarias, la idea de financiar y gestionar una nueva empresa en un sector que requiere inversiones masivas y continuas es problemático”, sostuvo Pérez.

En el mismo tenor, la legisladora del Biobío indicó que “las empresas estatales a menudo enfrentan desafíos relacionados con la eficiencia operativa y la burocracia, lo cual podría traducirse en costos más altos y en una calidad de servicio inferior. Creo que la solución más inmediata es mayor fiscalización a las empresas eléctricas y sanciones más duras ante incumplimientos”.

Sobre el fortalecimiento del modelo público-privado, la diputada Romero señaló que “sería más efectivo”, afirmando que “ha demostrado ser exitoso en la movilización de recursos y en la mejora de la infraestructura. Este enfoque permitiría al Estado aprovechar la experiencia y eficiencia del sector privado, mientras mantiene el control regulador necesario para proteger los intereses públicos”.

Finalmente, enfatizó en que “fortalecer las regulaciones existentes y mejorar la supervisión también puede ser una solución más equilibrada y práctica, asegurando que las empresas eléctricas actuales cumplan con los estándares necesarios y respondan adecuadamente a las emergencias sin comprometer la capacidad financiera del Estado”.

Cabe señalar que, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, un 63% de las personas consultadas justifica que el gobierno haya iniciado el proceso de caducidad de la concesión eléctrica con Enel.