Diputado Andrés Longton (RN): “La Ley Antiterrorista del gobierno es insuficiente, están pensando en el Estado Islámico y no en la Macrozona Sur”

Esta semana el diputado de RN Andrés Longton asumirá la presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta entrevista, el parlamentario aborda los temas que tocará esa instancia y la relación con el gobierno, que quedó tensionada después de la fallida mesa de seguridad.

¿Cuáles van a ser sus prioridades?

Hoy día estamos viviendo una crisis y la prioridad de los chilenos es la seguridad pública. Creemos que hay un gran atraso en lo que tiene que ver con la Defensoría a las Víctimas, la Ley de Inteligencia y Antiterrorista. Hay proyectos que le hacen mucho sentido a la ciudadanía, por ejemplo, el de las reincidencias, donde las personas entran y salen de la cárcel por cometer distintos delitos. Parece no haber reproche penal suficiente y ven cómo los delincuentes vuelven continuamente a sus barrios. Nosotros creemos que hay que hacer reformas profundas desde el punto de vista del Código Penal. También fortalecer a la Fiscalía, las labores de inteligencia y empezar a dejar los sesgos de lado y entregar facultades a las policías y Fuerzas Armadas.

Respecto del anuncio de la Ley Antiterrorista, ¿quedaron conformes?

Se valora que el gobierno deje de hablar de violencia rural y reconozca que existe terrorismo. Sin embargo, el proyecto antiterrorista que presentaron es insuficiente para la Macrozona Sur, principal foco de amenaza en el país. Esta iniciativa no se hace cargo de la prevención y deja en el desamparo situaciones terroristas cotidianas, como los atentados incendiarios de una iglesia, escuela o un centro de salud, los cuales quedarían siendo investigados como delitos comunes. Eso no puede ser. El gobierno está pensando en el Estado Islámico, pero no en la Macrozona Sur, o en la Coordinadora Arauco Malleco o la Resistencia Mapuche Malleco.

El gobierno empezó los diálogos por pensiones y pacto fiscal, algunos quieren que esto sea más amplio, con seguridad y salud. ¿Son cosas vinculantes?

No. Son discusiones distintas. En lo tributario es más complejo y eso no puede inhibirnos en avanzar en seguridad. Eso no se puede postergar. Ese es el llamado al gobierno: que deje que las mayorías democráticas del Congreso avancen.

La mesa de seguridad pasada tuvo una mala experiencia. ¿Ahora las conversaciones deberían estar radicadas en el Congreso?

Yo creo que necesariamente las conversaciones deben estar radicadas en el Congreso por una razón muy simple: cuando el gobierno te cita a una mesa, generalmente da la apariencia de un acuerdo, pero termina imponiendo sus condiciones. Y eso es precisamente porque te sientas en una mesa donde hay mayores interlocutores de gobierno y las fuerzas del Congreso no están bien representadas. Es acá que con los votos se terminan aprobando los proyectos y no en mesas paralelas.

¿Por qué no se avanza en el fast track legislativo de seguridad?

Porque se han priorizado otros proyectos distintos, que es necesario poder reenfocar con urgencias del gobierno. Y, lo segundo, es que el gobierno ante la imposibilidad de imponer sus términos en algunos proyectos, va demorando la tramitación, por ejemplo, la Ley de Usurpaciones. Hay una demora evidente, más del 77% de los proyectos del fast track no ha visto la luz y eso tiene que ver con un compromiso que está al debe. El gobierno ha tenido un cambio respecto de la Ley Antiterrorista. La crítica es por qué se demoró tanto en hacer un cambio que hacía mucho sentido a la ciudadanía. Ahora, hay un compromiso, primero hay un reconocimiento del Presidente de que hay terrorismo, a pesar de que en toda su carrera política no lo reconoció. Le pedimos al gobierno que se comprometa con plazos, como con la Ley de Inteligencia, donde ya más de 1.400 o más días en que ese proyecto no ve la luz y es precisamente porque el gobierno tiene una mirada que dista mucho de darle las atribuciones que corresponden a nuestro sistema de inteligencia.

Respecto de los convenios, ya se fue el ministro Jackson, hubo un cambio de gabinete. ¿Qué más hace falta respecto del manejo del gobierno?

Falta mayor proactividad: que no los pillen para remover a personas de sus cargos, sino que ejerzan una labor de control interno y que no desconozcan que hay entidades de control. Entonces, al gobierno yo le pido que deje de lado la parte política y que ponga por delante la transparencia y el interés de todos los chilenos, que es que las personas que han cometido delitos o faltas a la probidad graves salgan a la luz y que no esperen que ni los medios de comunicación, ni los parlamentarios, ni otras autoridades los descubran. En ese sentido, creemos que falta acción y hay omisiones en el actuar del gobierno, que son tremendamente preocupantes, sobre todo considerando que este gobierno llegó con un estándar, se supone, de probidad superior.

¿Qué acciones vienen como oposición?

Esperamos que primero la comisión investigadora rinda frutos respecto de las responsabilidades y ejercer todas las acciones que correspondan en tribunales y en la Contraloría para determinar responsabilidades administrativas y judiciales. Los antecedentes nos van a dar luces en el corto plazo respecto de si hay otra autoridad donde debamos ejercer acciones más contundentes desde el punto de vista de las atribuciones que tenemos. Pero creemos que como RN hemos ejercido una labor fiscalizadora que ha permitido, entre otras cosas, descubrir cosas tan graves como las faltas graves a la probidad de la subsecretaria de Culturas, que terminó con su salida.

¿En qué pie quedan las relaciones de la oposición con el gobierno?

Ha habido un intento del Presidente y del gobierno de generar una conflictividad permanente con la oposición, a propósito de que no compartimos sus reformas. Y no las compartimos no porque no queramos lo mejor para el país, todo lo contrario. Nos oponemos a ciertas reformas que creemos que le hacen un profundo daño al país. No tiene que ver con obstruccionismo, tiene que ver con una mirada que le haga sentido a la mayoría de los chilenos. Si eso no pasa, obviamente que no vamos a respaldar las reformas de pensiones o la reforma tributaria, donde objetivamente tenemos una diferencia clara. Por lo tanto, yo le pediría al gobierno que deje de lado ese discurso confrontacional con la oposición con el solo objetivo de tratar de imponer una reforma que le hace daño al país.