Diputados de Chile Vamos ingresan solicitud para remover a la directora del INDH y al consejero Francisco Ugás

A través de una solicitud de acuerdo, los diputados de las bancadas de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) pidieron este martes la remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y del consejero Francisco Ugás. La sala decidirá mañana miércoles si aprueba o rechaza la petición.

Con esta acción, se busca que la Corporación requiera a la Corte Suprema que remueva a ambos integrantes del organismo, en virtud de artículo 7 de la Ley N°20.405.

Dicha normativa señala que la remoción de los consejeros del INDH solo puede ser declarada por el máximo tribunal, a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara, por “incapacidad sobreviniente declarada judicialmente, por alguna de las causales contenidas en los números 1°, 5°, 6°, 7° u 8° del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, o negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones”.

Justamente, los parlamentarios firmantes plantearon que ambos consejeros incurrieron en esta última falta al “promover una querella por el delito de tráfico de influencias”, aludiendo a la polémica acción judicial que presentó el INDH tras la divulgación de un informe policial que dio cuenta de presuntas irregularidades en la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema en 2021, y que involucra, entre otros, al exjuez Juan Antonio Poblete y el otrora ministro de Defensa Mario Desbordes (RN).

“A nuestro juicio, el Consejo resolvió con una evidente e inexcusable falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones, puesto que, a sabiendas de que estaban haciendo una interpretación extensiva de sus cometidos legales, contenidos estos en normas de derecho público y que son de carácter estricto, decidieron presentar la querella por un supuesto tráfico de influencias, el cual no se encuentra en el catálogo de delitos respecto de los cuales la ley habilita al INDH para intervenir ante los tribunales de justicia, siendo una decisión que no guarda relación con la finalidad del organismo, que desvirtúa su objetivo y que se ajustaría más bien al contexto político en que es formulada la acción”, aseguraron.

En el caso particular de Contreras y Ugás, acusaron que su participación “resultó fundamental, ya que mientras la primera determinó la coordinación y la confección de la acción judicial junto a los equipos de la entidad, el Sr. Ugás concurrió favorablemente en la decisión existiendo a su respecto un claro conflicto de interés sobre la materia”. Esto último, dado que el consejero representa a una de las víctimas que ha arremetido en contra de Poblete por la “Operación Topógrafo”, el excapitán de Ejército Rafael Harvey.

“Con su actuación negligente, el Consejo ha infringido una serie de normas de la ley N®20.405, a saber: los deberes de independencia, autonomía e imparcialidad (artículo 1°); y de protección y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio de Chile (artículo 2°); además de la atribución señalada en el artículo 3 N°5″, detallaron.

Con todo, las bancadas de Chile Vamos apuntaron a una “evidente extralimitación del INDH en el ejercicio de sus funciones”, la que no solo habría “transgredido el marco legal vigente, sino que además debilita su prestigio, confianza y credibilidad frente a la ciudadanía al mostrarse a través de actos y declaraciones, entre ellos, la querella por un supuesto tráfico de influencias, como un organismo capturado por intereses coyunturales y ajeno al mandato encomendado de protección y promoción permanente y objetiva de los Derechos Humanos”.

“Según nuestro parecer, el criterio aplicado por el Consejo no admite justificación alguna, ni siquiera por la supuesta gravedad que se plantea respecto de los hechos que dieron origen a la arremetida judicial en comento, por cuanto la ley es clara al delimitar su margen de competencia en materia de intervención judicial. Así, si existiere un déficit legal punible en los hechos ventilados por el Instituto, estos no son de su resort judicial, sino de organismos distintos como el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado”, reprocharon.

Además, acusaron que el Instituto ha ejercido actuaciones que denotarían una “captura política por parte del organismo, que constituyen hechos de torcida procedencia y que evidencian un resquebrajamiento de la confianza institucional que debiese inspirar”.

La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, sostuvo que el organismo dirigido por Contreras “necesita un cambio de rumbo y un cambio de dirección” y que su propósito no es “desmantelar una institución que debe ser fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos, pero los hechos son de extrema gravedad y la verdad es que hoy el INDH se ha transformado en un lastre para la educación y la valoración social de los derechos humanos”.

Su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que desde Chile Vamos no seguirán “permitiendo que el organismo siga actuando como un verdadero brazo armado del Partido Comunista, como históricamente ha ocurrido, inmiscuyéndose en asuntos que están muy apartados de sus competencias”, y que tiene confianza en que la solicitud será aprobada.

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), indicó que se vieron “obligados” a presentar la petición debido al “actuar irresponsable y la instrumentalización política que se han realizado al INDH por parte de los consejeros Consuelo Contreras y Francisco Ugás”.