Diputados de Chile Vamos solicitarán remover a consejeros del INDH que acordaron querellarse por presunto tráfico de influencias en la Suprema

Desde el hall Pensador en el Congreso Nacional, los jefes de bancada de Chile Vamos, Juan Antonio Coloma (UDI), Hugo Rey (RN) y Jorge Guzmán (EVO), anunciaron que presentarán una solicitud para iniciar un proceso de destitución de los siete consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que votaron a favor de presentar una querella por el presunto delito de tráfico de influencias, en torno al nombramiento de la ministra María Teresa Letelier en la Corte Suprema.

La determinación del Consejo del organismo, como pudo conocer La Tercera, busca que se indaguen presuntos delitos de tráfico de influencias a raíz de antecedentes publicados en un reportaje de Ciper que advertía sobre supuestas gestiones irregulares para promover el nombramiento de Letelier.

En ese marco surge el nombre del candidato de Chile Vamos para la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes. En concreto, el exministro de Defensa apareció en conversaciones registradas en el celular -incautado en 2023- del exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete. En los chats se ve cómo el magistrado habría realizado gestiones para favorecer que Letelier llegara a la Suprema en 2021. Entre esas conversaciones, Poblete le escribió a Desbordes para pedirle el apoyo en el nombramiento, ante lo cual el exministro respondió con un “apoyémosla entonces”.

Según pudo comprobar este medio, la arremetida judicial del INDH contó con el visto bueno de Consuelo Contreras, Constanza Valdés, Paula Salvo del Canto, Haydee Oberreuter, Juan Carlos Cayo, Lieta Vivaldi y Francisco Ugás. En contra estuvieron Cristián Pertuzé y Sebastián Donoso, mientras que Beatriz Corbo e Ignacio Covarrubias se abstuvieron.

Bajo ese contexto, el diputado Coloma calificó la acción del INDH como una “decisión ilegal”, acusando que viola “la propia ley orgánica que lo rige”. Asimismo, apuntaron a que la acción judicial “más parece un acto de campaña” en favor de la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

“No vamos a tolerar que un organismo como el INDH sea o siga siendo utilizado para fines políticos y es por eso que como bancadas de Chile Vamos hemos decidido presentar una solicitud de remoción de los siete consejeros del INDH que han firmado y anunciado esta presentación judicial, por vulnerar no solamente su propia ley sino por transformar el INDH como una verdadera herramienta de campaña del PC, mismo partido de Irací Hassler, a quien evidentemente están defendiendo con esta acción. Todo tiene su límite”, sostuvo el parlamentario.

En la misma línea, el jefe de bancada de RN apuntó a que la acción del INDH tendría fines políticos en contra de su candidato para la alcaldía de Santiago. “Nombramos a Mario Desbordes como candidato a la alcaldía y el PC ya se pone nervioso”.

“Irací Hassler es la alcaldesa de uno de los cargos más importantes que tiene el PC, diría en Latinoamérica (...) pero Mario Desbordes gana en todas las encuestas sobre todo en los últimos días. Justamente cuando esto se empieza a dar, la Fiscalía entrega información a Ciper de un hecho que viene ya estudiado hace más de un año en donde establece situaciones que no son infracciones legales y por lo mismo nos parece altamente sospechoso que esto se produzca justo ahora. A partir de eso el INDH actúa prácticamente como un brazo político del PC y establece esta querella saliéndose de su marco regulatorio”, acusó Hugo Rey.

Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán calificó de “sumamente grave” la decisión del INDH, puesto que, según indicó, “instrumentaliza a una institución que tiene un rol importante dentro de nuestro país, que es la promoción y defensa de los derechos humanos, para ocuparlo en un momento importante a través de las elecciones”.

“La verdad es que lo que han hecho los consejeros del INDH es poner en riesgo la institucionalidad del INDH, y eso nosotros no podemos aceptarlo. El INDH tiene una función, tiene un rol en el país, y no es perseguir a los candidatos políticos por delitos eventuales que se pudiesen haber cometido”, sostuvo.