Los diputados de Renovación Nacional (RN) integrantes de la Comisión de Seguridad enviaron este jueves una carta al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitando “sanciones drásticas” contra funcionarios del Ministerio Público que por su desempeño habrían facilitado la liberación de cinco integrantes del Tren de Aragua, en una investigación que llevaba la Fiscalía Local de Los Vilos.

Los imputados se encontraban en prisión preventiva por delitos como secuestro, robo y participación en asociación criminal. Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares actuó como fiscal el abogado asistente del Ministerio Público Luis Soto Pérez y, su eventual falta de preparación en el caso, contribuyó a la determinación de la jueza Daniella Pinto Cortés del Juzgado de Garantía de Los Vilos, quien pidió una caución de $5 millones por cada sujeto para otorgar la libertad.

Cabe destacar que la liberación fue revocada luego de que el Ministerio Público apelara de forma escrita ante la Corte de Apelaciones de La Serena. De los cinco liberados, uno se entregó en dependencias de la Policía de Investigaciones, luego de que se emitieran las órdenes de detención en su contra.

La carta de los diputados de RN plantea que “tal decisión judicial habría tenido como fundamento la deficitaria actuación del funcionario del Ministerio Público que concurrió en representación del interés estatal en la persecución, quien sería un abogado asistente del fiscal adjunto titular de la investigación. Esto demuestra, desde un inicio, que no solo el abogado carecía de las competencias necesarias para representar a la Fiscalía en una investigación de alta complejidad y connotación social, sino que también el propio fiscal titular omitió ejercer un rol de supervisión y delegación correcta de sus facultades, inquiriendo la idoneidad del funcionario y haciéndole ver las providencias necesarias para tan importante instancia judicial”.

Asimismo, cuestionaron la falta de acciones del abogado Soto Pérez, quien no ejerció la prerrogativa prevista en el artículo 149 del Código Procesal Penal, que permite apelar de manera oral a la determinación de liberación de los acusados y que hubiese impedido la liberación inmediata de los acusados, debido a su formalización por delitos como el secuestro.

“(...) no parece atendible que el representante del Ministerio Público careciere de las herramientas necesarias para impugnar dicha decisión, más en un caso de tanta relevancia para desarticular una de las bandas más violentas y peligrosas que están operando en territorio nacional”, sostienen los legisladores en su carta y añaden que “esta incompetencia echa por tierra todos los esfuerzos, incluso de este Parlamento, que se encargó de realizar las reformas legales años atrás para evitar que sujetos imputados por delitos de gravedad pudieren salir en libertad sin que se encuentre firme la decisión de la respectiva Corte de Apelaciones”.

Debido a lo anterior, es que los diputados firmantes Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, solicitan al fiscal Cooper ejercer las medidas que le entrega la Ley N°19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público y disponga “un procedimiento administrativo de sumario que haga efectiva, con las sanciones más drásticas procedentes, la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados” y con el fin de evitar estas situaciones, pidieron “que el Ministerio Público concurra a las instancias judiciales debidamente representados, a través de funcionarios idóneos, en resguardo del interés público y de las víctimas que debe proteger”.

Los diputados firmantes de la carta, Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, son integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

En ese sentido, el diputado Longton manifestó que “le hemos pedido al fiscal regional que inicie un proceso de remoción, no solamente del fiscal que llevó a cabo esta audiencia sino que también del fiscal jefe, por la irresponsabilidad de haber mandado a un abogado que no sabía absolutamente nada de la causa, desprotegiendo a todo el país y dejándolo enfrentados una vez más a miembros peligrosos del Tren de Aragua, decisión que fue revertida por la corte, pero que a esta altura ya es demasiado tarde porque lo más probable es que estas personas no estén en el país”.

“No hay ley que resista cuando hay descriterios tan grandes de las personas que se supone deben impartir justicia”, añadió.

En tanto, José Miguel Castro sostuvo que “el caso de los implicados en el Tren de Aragua y que se les quitó la prisión preventiva es inaceptable en términos de que el Ministerio Público no se opuso. Siempre he alabado al Ministerio Público cuando se la juega, cuando golpea la mesa, pero en este caso la negligencia es inexcusable. (...) Chile no se merece que esta gente se escape y que ande libre. Chile necesita ser mucho más drástico y golpear la mesa como corresponde, sobre todo a la Fiscalía”.