Diputados RN acuden a Contraloría y piden inhabilidad de ministra Arredondo por vínculo con empresa que recibió $30 millones en Providencia

A dos días de jurar en su cargo, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ofició a la Contraloría para que evalúe la posible inhabilidad en el cargo de la recién asumida ministra de Las Culturas, Carolina Arredondo, por el vínculo con la empresa “Arredondo y Guzmán Limitada”, en donde la nueva secretaria de Estado participó de su constitución como sociedad.

En noviembre de 2019, la empresa de la ministra suscribió un contrato con la Municipalidad de Providencia -encabezada por la alcaldesa Evelyn Matthei- para prestar servicios en el marco del programa municipal “Mi Barrio Recicla”, adjudicándose más de $30 millones.

Sin embargo, ese contrato dio origen más tarde a un conflicto judicial entre ambas partes, que aún está vigente. Y es que en julio de 2020, la empresa demandó a la municipalidad, acusando que esta “modificó unilateralmente las condiciones contractuales bajo las cuales mi parte debía prestar el servicio”.

La sociedad de Arredondo solicitó en la demanda que la Municipalidad de Providencia los indemnice por los gastos en los que incurrió la empresa en la adquisición de los insumos y materiales para la ejecución del contrato pese a las modificaciones que realizó el municipio.

En ese escenario, a juicio de los diputados de RN -encabezados por el jefe de bancada Frank Sauerbaum- sería incompatible que la nueva ministra desempeñe su cargo, en vista de que integra una sociedad adjudicatoria de recursos fiscales. De ahí que solicitan a Contraloría que se pronuncie sobre la eventual inhabilidad de la entrante secretaria de Estado.

“Pedimos al señor contralor que dictamine el alcance de lo dispuesto en el artículo 37 bis de la Constitución, en lo atingente a la inhabilidad que en dichas normas se establece para desempeñar el cargo de Ministro de Estado, ello, señalando si tal incompatibilidad afecta el reciente nombramiento de doña Carolina Arredondo Marzán como Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, piden desde la bancada opositora.

Y argumentan: “La ministra integra una sociedad que es adjudicataria de recursos provenientes de una municipalidad, desempeñándose ella como su representante y muy posiblemente como trabajadora de esta, lo que permitiría afirmar que ejerce un empleo o comisión retribuido con fondos municipales”.

“En dicho orden de ideas, parece ser esta norma un mandato general que prohíbe la asunción del cargo de Ministro cuando se desempeña una actividad económica que es financiada con recursos fiscales, lo que parece adecuado en miras a que prevalezca la probidad y no existan conflictos de interés en el ejercicio de la Función Pública”, sostienen en el oficio.

Desde el entorno de la ministra advierten que hace un año y medio ella ya no forma parte de la firma, pero que dicho contrato fue cerrado unilateral y anticipadamente por Providencia por fuerza mayor, algo habitual en el contexto de pandemia por Covid-19, y la demanda se realiza por el “desacuerdo” por los montos adeudados a la fecha al término del contrato.

La causa aún permanece en los tribunales civiles, y la municipalidad señaló que está dispuesta sólo a pagarle poco más de $ 2.294.000 a la empresa por los gastos asociados.

A casi 24 horas de asumir, la ministra Arredondo también trabaja en su declaración de Intereses y Patrimonio, conforme a la Ley 20.880, para lo cual tiene un plazo final de 30 días. Independiente de este plazo -comentan desde su círculo de trabajo- se está trabajando para realizar esta declaración con la mayor celeridad posible, pero también se está poniendo fin a todas sus actividades privadas.

En entrevista con CHV este jueves, la alcaldesa Evelyn Matthei señaló que la firma de la actriz y gestora cultural se adjudicó una licitación para un proyecto de educación sobre reciclaje. Por la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de que se concretaran los cursos, cortaron el contrato.

“Ella nos pidió que se le reembolsaran ciertos gastos que había hecho, supuestamente con cargo al convenio que nosotros habíamos hecho con ella, al contrato, pero entre ellos había la compra de una moto y uno se pregunta ¿Qué tiene que ver la compra de una moto con la educación en materia de reciclaje? Y, por lo tanto, nosotros le rechazamos ese gasto”, afirmó la jefa comunal.

“Eso es lo que se está peleando en los tribunales. Nosotros no hemos pagado y no queremos pagar. No nos parece que haya que pagar”, agregó.