Diputados RN ingresan proyecto para limitar pensiones de gracia otorgadas a víctimas de vulneraciones a los DD.HH. en el estallido social
La iniciativa busca, además, aumentar la transparencia en el otorgamiento del beneficio, luego de que el subsecretario Monsalve confirmara que hay 40 personas beneficiadas que cuentan con antecedentes penales.
La bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley para limitar el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas de vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social, luego de que la oposición criticara el criterio “discrecional” en la entrega del beneficio.
El pasado miércoles 13 de septiembre, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), informó que hay 418 personas que reciben pensiones de gracia otorgadas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. De ese total, 40 tienen antecedentes penales, de las cuales 23 se otorgaron durante la actual administración.
En ese sentido, la iniciativa propone modificar la Ley N° 18.056 que establece las normas generales sobre el otorgamiento de Pensiones de Gracia por el Presidente, para garantizar mayor transparencia en la asignación de las pensiones de gracia para este tipo de víctimas.
“Como bancada le damos la máxima importancia a este tema y por eso ingresamos una moción que ataca varias deficiencias en la ley de pensiones de gracia, limitando con ello la discrecionalidad del Presidente y empapando el proceso de concesión con reglas de transparencia y publicidad. Este no puede ser un botín para los adherentes del gobierno o los amigos del Presidente”, puntualizó el jefe de la bancada RN, el diputado Frank Sauerbaum.
En esa línea, una de las modificaciones que introduce el proyecto es que se prohibirá el beneficio para quienes fuesen condenados por crimen o simple delito, así como para aquellos que hayan cesado en la función pública debido a medidas disciplinarias por faltas graves a la probidad administrativa.
“Ya ingresamos un requerimiento a la Contraloría para que se auditen todas las pensiones a las supuestas víctimas del estallido, para dejar sin efecto muchas pensiones que sabemos fueron entregadas de manera desproporcionada y sin asidero legal. Pero como no basta sólo con denunciar, ahora proponemos una serie de reformas legales que buscan asegurar a los chilenos que los recursos públicos para estas pensiones se gastarán de manera correcta y en forma transparente”, apuntó la diputada Marcia Raphael, subjefa de la bancada.
La iniciativa, además, establece que las pensiones de gracia sólo podrán ser otorgadas por decreto supremo fundado del Presidente de la República, sujeto al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría.
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