Diputados RN ofician al ministro Luis Cordero por robo de especies en Colina II por más de $100 millones

Luego de que el coronel Patricio Roa Umaña advirtió que en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II no fue posible encontrar decenas de bienes que están avaluados en más de $100 millones, tres diputados de Renovación Nacional (RN) oficiaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

Como se desprende de antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, tras una revisión física y técnica liderada por los encargados de inventario y el jefe administrativo y de finanzas del recinto, José Arellano y Rodrigo Riquelme, respectivamente, “se pudo establecer la no existencia física de un total de 158 bienes muebles, valorizados en $106.399.796″.

Entre los elementos que no pudieron ser hallados por los efectivos, según se detalla en el anexo de la denuncia n° 829, que incluyó un “reporte general de activos fijos”, aparecen cámaras GoPro, televisores, CPU, congeladores, herramientas de trabajo, calefón, videoproyectores y hasta una lavadora industrial.

Con esos antecedentes, los diputados de RN -integrantes de la comisión de Seguridad-, Andrés Longton (presidente de la instancia), José Miguel Castro y Diego Schalper, oficiaron a Cordero, donde le piden “sustanciar los procedimientos administrativos y actuaciones procedentes para esclarecer y sancionar la sustracción de bienes muebles desde el establecimiento penitenciario Colina II”.

Además le solicitan que “tome los resguardos para prevenir la reiteración de estos sucesos”.

En el mismo se explica que el remitente es el titular de Justicia, porque según la “Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, contemplada en el Decreto Ley N°2.859 de septiembre de 1979, señala que dicha institución es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia”.

Asimismo, que la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “señala que es el Subsecretario de Justicia el encargado de coordinar las acciones de los órganos y servicios del sector, entre los que se cuenta Gendarmería”.

Finalmente, se le solicita a Luis Cordero que sustancie de manera directa o a través de la Subsecretaría de Justicia “los procedimientos administrativos procedentes para esclarecer y sancionar la sustracción de bienes muebles”.

También que adopte las medidas necesarias para “prevenir la reiteración” de este tipo de situaciones; y que informe “por escrito a los diputados suscritos el detalle y el resultado de los procedimientos y actuaciones requeridas”.

Por otra parte, los mismos diputados también oficiaron a la Contraloría General de la República por las supuestas irregularidades en la adquisición de alimentos (carnes y vegetales) para el mismo penal de Colina II.

De acuerdo con una reclamación ingresada por un proveedor el pasado 12 de diciembre, cada vez que postula para calificar como vendedor es rechazado, pese a que insiste en que tiene precios “más bajos” que los que ofrecen a quienes sí aceptan.

“Al final siempre las licitaciones por convenio marco se las llevan los mismos proveedores y con precios que son más altos que los que yo tengo en oferta. Por ejemplo, hay un proveedor de carne que siempre ha tenido favoritismo por la gente que hace los contratos”, indicó el denunciante en su reclamo.

En los mismos términos, solicitó a Gendarmería “que se investigue la situación ya que no puede ser que con mayores precios siempre elijan a ellos y no haya sana competencia”. Como deslizó por medio del mismo escrito, los “gendarmes que manejan las platas están coludidos porque se dividen las ganancias”.

En ese sentido, los parlamentarios detallan que al momento de las compras de los alimentos para el abastecimiento de Colina II hubo oferentes que fueron excluidos “a la hora de efectuarse las adquisiciones pese a ofrecer precios más favorables para el Estado, beneficiándose así a oferentes que cobran y perciben un precio mayor respecto de los mismos bienes”.

De manera que los diputados, tras conocer de la supuesta irregularidad, pidió a la Contralora (s) Dorothy Pérez “dirigirse y requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como de Gendarmería de Chile la información y antecedentes que fueren necesarios” para esclarecer la denuncia.

En ese sentido, bajo el contexto de ambas situaciones, Longton señaló que “no solamente tenemos el crimen organizado y el narcotráfico funcionando y operando dentro de las cárceles, sino que además ahora, al parecer, está la complicidad de algunos funcionarios”.

Así también Castro indicó que “es imprescindible lo que estamos viviendo y por lo tanto vamos a investigar”.

Finalmente, Schalper recalcó que “el compromiso es que siempre haya fiscalización del buen uso de los recursos, independiente cual sea la repartición pública donde esto se genere”.