Diputados UDI dicen que nueva cárcel de alta seguridad anunciada por el gobierno “debería copiar el modelo salvadoreño”

Este jueves el Presidente Gabriel Boric anunció nuevas medidas para enfrentar el crimen organizado que afecta a nuestro país. Una de ellas se trata de la construcción de una cárcel especial de alta y máxima seguridad.

Dicho recinto carcelario, según adelantó el Mandatario, “será emplazado en la Región Metropolitana y tendrá un costo aproximado de 90 mil millones de pesos y aumentará en 500 las plazas, los cupos de este tipo de cárceles”.

Tras el anuncio de Boric, la prensa rápidamente consultó a las autoridades de gobierno si el recinto penitenciario será similar a la mega cárcel del Salvador. Idea que fue descartada por la titular de Interior, Carolina Tohá.

Así las cosas, desde la UDI salieron a exigir que la cárcel de alta seguridad anunciada por el Ejecutivo debería copiar el modelo inaugurado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

En concreto, el jefe de bancada de la colectividad, el diputado Gustavo Benavente, además de sus pares, Juan Manuel Fuenzalida, Felipe Donoso y Juan Antonio Coloma, calificaron como “indispensable” ser más estrictos con el futuro recinto.

En esa línea, reprocharon que la ministra Tohá descartara de inmediato la implementación de un modelo como el de Bukele.

“Es absolutamente inentendible que, atendida la grave crisis de seguridad que estamos viviendo y sabiendo, además, que los reos de alta peligrosidad siguen delinquiendo dentro de los penales, la ministra Tohá haya descartado implementar un modelo mucho más restrictivo en la nueva cárcel de alta seguridad que anunciaron hoy”, señalaron.

En ese sentido, agregaron que “más allá del país de origen donde se haya instaurado este modelo, estamos completamente seguros de que la inmensa mayoría de los chilenos sí estaría de acuerdo en copiar el modelo salvadoreño o uno similar, porque lo que no puede seguir ocurriendo es que los reos de mayor peligrosidad o los integrantes de las organizaciones criminales continúen manejando sus operaciones desde las cárceles, en absoluta impunidad”.

“El gobierno tiene la obligación de entender que el control de las cárceles debe estar en manos del Estado y no de las organizaciones criminales. Y la única manera de lograr aquello es estableciendo un régimen absolutamente estricto, tal como lo han implementado otros países, donde los reos de mayor peligrosidad no tengan ninguna opción de seguir manejando sus organizaciones”, reiteraron.