Diputados UDI proponen al gobierno creación de penales “especiales y específicos” para presos de pueblos originarios

Este jueves, la bancada de diputados UDI -representada por los legisladores María José Hoffman y Jorge Alessandri- plantearon al gobierno la creación de centros penitenciarios especiales para presos mapuche y miembros de otros pueblos originarios que sean condenados por la justicia.

A través de un documento enviado al ministro de Justicia Hernán Larraín y al que tuvo acceso La Tercera, los parlamentarios presentaron su “Propuesta por la paz” que, según explicaron, pretende ”contribuir de manera significativa y definitiva en la resolución del conflicto” y abarca además la aplicación del Convenio 169 de la OIT y la instalación de mesas diálogo.

Los diputados plantean que “uno de los mandatos contenidos dentro del Convenio dice relación con el reconocimiento de una jurisdicción indígena” esto “resulta del todo incompatible con el sistema procesal penal chileno”

“En ese sentido es que proponemos la creación de recintos penitenciarios especiales y específicos”, consigna el documento.

Según se lee en el texto el término “especiales” implica que la estructura de los penales “resulte armónica con las visiones ancestrales de los pueblos originarios, y cuente con espacios destinados a la celebración de ritos y festividades de importancia para los pueblos originarios en condiciones de privación de libertad”.

En tanto, proponen que estos sean “específicos” por cuanto “serían exclusivos para personas que resulten condenadas a penas privativas de libertad y que pertenezcan a un pueblo originario”.

El texto agrega que estos centros “deberán regirse por las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables a todas las personas privadas de libertad”.

Sin embargo, los legisladores aseguran que “no creemos que deba reconocerse libertades condicionales o beneficios carcelarios a los integrantes de los pueblos originarios por el sólo hecho de ser tal”.

En este sentido, explican que “de determinarse la procedencia o no de tales beneficios, se haga teniendo a la vista el derecho penal común y sus exigencias, especialmente cuando estamos frente a condenados por delitos graves y escabrosos, como lo fue el lamentable asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay”.

Desde la UDI plantean que “creemos y reconocemos que los pueblos originarios merecen un tratamiento jurídico distinto, toda vez que la cosmovisión y cultura ancestral de cada uno de ellos distan profundamente de aquella que detentan quienes no pertenecen a dichas etnias”.

En el texto agregan que “la mera ratificación del convenio 169 no introdujo un catálogo de derechos que pueda ser exigido per se, dado que las normas no son de carácter autoejecutable, es decir, se requiere para su aplicación la dictación de una norma posterior que permita la ejecución del mandato contenido en el Convenio”.

“Con todo, la aplicación de dichas normas tampoco es absoluta, dado que debe recurrirse al criterio de compatibilidad entre el Convenio y la legislación interna. Es decir, las normas del Convenio serán aplicadas en la medida que dicha ejecución no resulte incompatible con el ordenamiento jurídico”, se lee en el documento.

Desde la UDI también realizaron un llamado “a la solución del conflicto mapuche por vías pacíficas y democráticas, a través de un diálogo honesto y no condicionado que permita la pronta restitución del Estado de Derecho en la Región de la Araucanía y el orden público”.

“Nos encontramos en un momento definitivo, ante un punto de inflexión y, en pos del bienestar general, debemos retomar las vías de diálogo y soluciones colaborativas que permitan crear una sociedad fuerte e integradora”, consigna el documento enviado al ministro Larraín.